Durante la conferencia de prensa semanal que encabezada la jefa del Poder Ejecutivo estatal de Baja California, Marina Ávila, Carpio Sánchez, aseguró que no descarta la posibilidad de mandar a llamar al ex gobernador Jaime Bonilla Valdez, para brindar una declaración, siempre y cuando las líneas de investigación se dirijan hacia el morenista, con quien la reportera sostenía una batalla legal laboral, para exigir el pago derivado de un despido injustificado hace 9 años.
“Con respecto a la pregunta sí tenemos considerado llamar a rendir a cuentas a Jaime Bonilla tenemos considerado llamar a cuentas a quien sea necesario cuando tengamos mayores datos para desarrollar una mejor función, un mejor trabajo para una entrevista técnica y profesional, y a nadie que se le vincule con esta investigación sea omitida que sea requerido, de manera oportuna y puntual”, sentenció el Fiscal.
La semana en que fue asesinada Lourdes Maldonado -23 de enero-, se dio a conocer que había ganado el litigio y se obligaba a la empresa propiedad de Bonilla Valdez, a pagar una fuerte suma de dinero.
Respecto al caso de Margarito Martínez Esquivel, fue más claro y aseveró que la principal línea de investigación descansa en una agresión ejercida por miembros de la delincuencia organizada.
El Fiscal General del Estado, no quiso comprometerse a dar resultados en un periodo de tiempo, pero adelantó que se cuenta con avances importantes en la investigación; también comentó que la investigación del caso recaerá en el fiscal especial Atalo Machado, un abogado de Mexicali adscrito a la Fiscalía de Tijuana.
Respecto a los avances de la investigación no pudo brindar detalles, pero afirmó que el arma utilizada fue una pistola y no un revólver, como inicialmente trascendió; además, aseveró que la Federación envió un equipo especial de apoyo para respaldar la investigación que realizan las autoridades locales.
En la misma conferencia de prensa, la gobernadora, Marina del Pilar Ávila Olmeda, dio a conocer que pretenden reestructurar el Mecanismo de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, con una intervención más activa de los actores a los que pretende beneficiar. Además, comentó que enviarán una propuesta al Congreso del Estado, para reformar el Código Penal, a fin de endurecer las penas en contra de las personas que agredan a representantes de los medios de comunicación durante el ejercicio de su función.
Catalino Zavala Márquez, secretario General de Gobierno, reiteró que el mecanismo se llevó a cabo conforme estaba establecido y actualmente, informó que en total de 11 representantes de los medios de comunicación reciben algún tipo de protección.
FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: EDUARDO VILLA.
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