La institución encabezada por Alejandro Gertz Manero le dio carpetazo a la indagatoria tras concluir que no existieron hechos delictivos que perseguir ni castigar. Esto pese a que hay exfuncionarios de la PGR que reconocieron errores en la indagatoria, y a que el propio Duarte señaló que hubo extorsiones y sobornos detrás de este procedimiento.
En un oficio fechado el 30 de diciembre de 2021 y firmado por el fiscal Roberto Lara Vázquez – al que Animal Político tuvo acceso – se informa que se determinó el “no ejercicio de la acción penal” dentro de la referida carpeta de investigación que se había abierto desde finales de 2018 bajo el número FED/VG/UNAI/00000435/2018.
El “no ejercicio de la acción penal” es una determinación que el Ministerio Público toma luego de investigar un hecho y determinar que no hay irregularidades que pudieran constituir un delito, o que no haya pruebas que acrediten la participación de las personas denunciadas en estos.
La abogada Estefanía Medina, cofundadora de la organización TOJIL – que presentó la denuncia original que detonó esta indagatoria – reprobó la decisión y acusó a la fiscalía de actuar de manera negligente y opaca en esta indagatoria, y de encubrir una negociación que afectó los intereses del país.
“Es evidente, incluso se ha reconocido, que hubieron hechos de corrupción detrás de este proceso. Se requería de una investigación seria y compleja, a todos los niveles, para esclarecer este asunto pero no la hubo. Solo se taparon entre ellos y las víctimas quedamos a un lado”, indicó Medina.
La abogada adelantó que promoverán un recurso ante un tribunal federal en contra de esta determinación, pues además advirtió que la FGR incumplió con una orden judicial en la que se le instruía mantenerles informados, en su calidad de denunciantes, de los avances de la investigación.
En 2016 Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción publicaron un reportaje en el que revelaron el mecanismo de empresas fantasma con el cual se había desviado, a gran escala, recursos de más de diez dependencias del gobierno de Veracruz. El monto de los recursos desviados a través de la red de empresas fachada superó los 3 mil 600 millones de pesos. Nada de ese dinero se ha logrado recuperar hasta la fecha.
Controvertido pacto opaca investigación
La referida carpeta de investigación se abrió luego de que el 1 de octubre de 2018 la Fiscalía recibió la denuncia de TOJIL en la que dicha organización cuestionó el “procedimiento abreviado” que el exgobernador de Veracruz acordó con la entonces PGR para que se retirara el delito de delincuencia organizada por el cual había sido detenido y extraditado desde Guatemala.
“Se advierte la existencia de una posible colusión con el imputado a cambio de una cantidad de dinero, bienes o beneficios que dieron lugar a una solicitud de una pena completamente inadecuad ay desproporcional”, advirtió la organización en la denuncia presentada.
En los hechos, el arreglo resultó beneficioso para Duarte. Aunque el exgobernador tuvo que declararse culpable y renunciar a su derecho de ir a juicio durante una audiencia realizada el 21 de agosto de 2018, la pena máxima que podría alcanzar se redujo desde los 40 años de prisión a solamente nueve años. Y ello con el derecho de que al cumplir la mitad de dicha pena pudiera solicitar el beneficio de la libertad condicional.
El entonces subprocurador de la PGR, Felipe Muñoz, quien fue el mando de mayor rango que avaló la concesión del procedimiento abreviado, justificó en una conferencia con medios que se optó por este arregló ante el riesgo que existía de que el caso se cayera por información bancaria que se obtuvo sin las órdenes judiciales correspondientes. Dijo que con ello se había evitado que hubiera impunidad.
Sin embargo, en 2019 el propio Duarte promovió recursos judiciales en contra del procedimiento abreviado, alegando que habían existido diversas irregularidades tanto en la investigación iniciada en su contra, así como en la negociación que hubo para que aceptara adherirse a esta alternativa.
Incluso, el exfuncionario sostuvo que realizó pagos a funcionarios de la PGR mientras estaba como encargado de esta Alfredo Elías Beltrán, y que se trató de una “extorsión” a cambio de que cesara la presunta persecución penal en contra de su familia, y particularmente de su esposa Karime Macías. Duarte dijo que incluso su detención fue un arreglo, y que estaba dispuesto a entregar toda la información que fuera necesaria a las autoridades.
La FGR, ya bajo la administración de Gertz Manero, mantuvo bajo total secrecía la investigación relacionada con estos hechos. Incluso se negó a dar cualquier detalle de esta a las denunciantes, las abogadas Medina Ruvalcaba y Adriana Greaves Muñoz, pese a que estas solicitaron que se le reconociera el carácter de víctima a su organización.
En ese contexto las litigantes tuvieron que recurrir a un amparo para que se les diera dicho reconocimiento. Originalmente el juzgado federal les concedió el amparo y reconoció que TOJIL, como organización civil, debería ser reconocida como víctima en un caso de posible corrupción. Fue la primera resolución de esta naturaleza.
La Fiscalía General apeló dicha resolución y el caso llegó a un tribunal colegiado que, en una decisión dividida de 2 a 1 optó por revocar el amparo y negar el reconocimiento a la organización de calidad de víctimas en el procedimiento. No obstante, en la sentencia el Tribunal si refirió que la Fiscalía tenía la “obligación de informar oportuna y adecuadamente a la quejosa (TOJIL) sobre el avance de la investigación”.
Medina Ruvalcaba explicó que pese a esa resolución no hubo ninguna información sobre la indagatoria de parte de la Fiscalía, hasta que en diciembre pasado se le tuvo que solicitar directamente.
El 23 de diciembre, la FGR indicó en un primer oficio dirigido a las abogadas que la carpeta de investigación se había determinado (resuelto) sin detallar en qué sentido. Al solicitar mas información, el fiscal Lara Vázquez remitió el oficio del 30 de diciembre donde indica que el caso fue cerrado sin entregarles el acuerdo correspondiente.
Gertz incumple a las víctimas: abogada
De acuerdo con Estefanía Medina, la resolución tomada por la fiscalía dirigida por Gertz Manero incumple con la obligación de profundizar y transparentar una indagatoria relacionada con uno de los casos de corrupción más graves que se han registrado en la última década en México.
De entrada, señaló la abogada en entrevista, los funcionarios a cargo obstaculizaron la posibilidad que tenían las víctimas de conocer de la indagatoria y de colaborar con la misma. Lo hicieron en varios momentos: primero al negarles esa calidad cuando lo solicitaron, luego al apelar el amparo que ya se los había reconocido, y por último al no informarles – al menos – de los avances en el caso.
Pero además consideró que se incumplió con la obligación de investigar – a todos los niveles – un procedimiento en donde existen evidencias importantes de posibles irregularidades, desde las declaraciones del propio Duarte sobre las presiones y la extorsión, hasta la del entonces subprocurador de PGR que reconoció que existían errores en la integración de la indagatoria. Incluso advierte que no se respetaron las reglas del procedimiento abreviado.
“Es evidente que hubo una trama de corrupción en este proceso y se requería de una indagatoria muy seria. Pero lo que hicieron fue encubrirse entre ellos al tiempo en que nos hicieron a las víctimas a un lado”, dijo la abogada.
En febrero, audiencia de Karime Macías
Respecto a la situación de Karime Macías, exesposa de Duarte y expresidenta del DIF de Veracruz, y quien enfrenta un proceso de extradición por su presunta complicidad en las operaciones de desvíos con empresas fantasma, será el próximo 17 de febrero cuando se lleve a cabo la audiencia en el Reino Unido en la que se definirá si es entregada o no a México.
Autoridades con conocimiento del caso explicaron que esta semana concluyó la fase de alegatos del procedimiento. La defensa de Macías pidió al tribunal británico que se rechace dicha petición, bajo el argumento de que se trata de un proceso sin fundamento y una acusación política.
Macías tiene en su contra una orden de aprehensión girada por una jueza de Veracruz por el delito de fraude genérico, desde mayo de 2018. De acuerdo con la Fiscalía ella habría instruido el presunto desvío de más de 116 millones de pesos desde el DIF estatal, mediante contratos con compañías fachada.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ARTURO ÁNGEL.
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