“Tengo la certeza de que era una unidad de la Marina”, aseguró la mujer en su declaración ante la Fiscalía General de la República (FGR). Su identidad se protege para evitar posibles represalias.
La FGR investiga los hechos y los vincula con la ola de desapariciones perpetradas por marinos entre febrero y mayo de 2018. Hasta el momento apenas hay avances en las pesquisas. La Armada de México negó su participación y la esposa dejó de contestar las comunicaciones de los investigadores, por lo que el expediente entró en punto muerto.
El caso, hasta ahora desconocido, sigue siendo relevante porque aporta nuevos elementos al contexto de vulneraciones a los derechos humanos perpetradas por la Marina en Nuevo Laredo en el año 2018.
En primer lugar, porque es la prueba de que los uniformados continuaron con las desapariciones tras la retirada de 265 elementos ordenada en junio, después de que las denuncias de las víctimas fuesen recogidas por la ONU.
En segundo lugar, se trata del primer caso ocurrido cuando Andrés Manuel López Obrador ya estaba al frente del gobierno federal, ya que ocurrió dos semanas después de que el presidente ocupase su despacho en Palacio Nacional.
Las primeras desapariciones atribuidas a Marina tuvieron lugar en febrero de 2018. Se trata de la pareja formada por Hari Hassim Cruz Vázquez y Dafny Tamara Báez Guevara, de 25 y 24 años de edad, respectivamente. Ambos fueron capturados tras un accidente de tráfico presuntamente provocado por los marinos, lo que constituye un modus operandi que se repetirá en diversas ocasiones. El hombre apareció muerto un día después, con marcas de tortura en el cuerpo, mientras que la mujer todavía no ha sido localizada.
Durante meses se repitieron hechos similares en Nuevo Laredo. De hecho, la FGR tiene abiertas 34 carpetas de investigación por 47 desapariciones forzosas que apuntan directamente a la participación de elementos de la Unidad de Operaciones Especiales (UNOPES) de la Armada de México.
En un principio, las autoridades respondieron criminalizando a las familias de las víctimas y acusándolas de tener vínculos con el crimen organizado. Sin embargo, el incremento de denuncias terminó por llegar a la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos, quien dio credibilidad a las familias y señaló a la Marina.
El 1 de junio, el mismo día en el que López Obrador se impuso en las elecciones presidenciales, la Semar dio orden de concentrar en Ciudad de México a 257 elementos para estar a disposición de los investigadores. Sin embargo, este desplazamiento de tropas no puso fin a la presencia de la Marina en Nuevo Laredo.
Los últimos oficiales estuvieron desplegados en dos bases, Laredo Norte y Laredo Sur, hasta enero de 2019. En concreto, la primera base mantuvo 36 elementos hasta el 22 de diciembre, mientras que la segunda siguió con 39 marinos hasta el 16 de enero. Se da la circunstancia de que la base Laredo Norte fue destruida por un incendio provocado días después de que la Marina lo desocupase. Raymundo Ramos, presidente del Comité de Derechos recuerda que la entonces Procuraduría General de la República (PGR) no quiso resguardar el edificio una vez que este había sido abandonado, a pesar de que había testimonios que aseguraban que algunos de los desaparecidos fueron llevados a ese lugar.
Sesión en la CIDH
Aquellas fechas son relevantes porque el gobierno de López Obrador, que estaba asumiendo el cargo, reconoció las desapariciones en una sesión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y se comprometió a buscar a los responsables.
El 5 de diciembre, 11 días antes de la última de las desapariciones atribuidas a los marinos, el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, aseguró que la nueva administración perseguiría a quien estuviese vinculado con los hechos “independientemente de la corporación a la que pertenezcan”.
Karla Quintana, que entonces estaba como titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), dijo en aquella sesión que había integrantes de la PGR que le habían transmitido su incomodidad por tener que investigar a marinos. Los investigadores no lo tuvieron fácil. Según reveló Animal Político, varios de ellos sufrieron dos ataques armados durante visitas realizadas en 2018.
Tres años después de aquellas desapariciones, solo tres de las carpetas están judicializadas. En concreto se trata de las causas penales 305/2020, 308/2020 y 155/2020, en las que se investiga las desapariciones de Noe Ignacio Alférez Hernández Jonatan Organista Ballesteros; Julio César Viramontes Arredondo y José Luis Bautista Carrillo.
En un primer momento, un juez mandó a prisión a 30 marinos, pero 12 de ellos, señalados por la desaparición de los dos primeros, fueron liberados en noviembre de 2021. Un juez de distrito consideró que no había pruebas suficientes para mantenerlos en prisión, aunque está previsto que tanto FGR como la CEAV recurran su decisión.
El 13 de julio de 2020, representantes de Marina y otras instituciones del gobierno federal realizaron un acto de disculpa pública en Nuevo Laredo. Esto implica que los oficiales aceptan la responsabilidad de la institución en las desapariciones forzosas. Sin embargo, sus elementos no han ayudado al esclarecimiento de los hechos ni han aportado datos para conocer el paradero de quienes siguen siendo buscados. El caso de Félix Nieto Vázquez se suma a esa lista de desaparecidos impunemente.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ALBERTO PRAADILLA.
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