Al señalar que la impunidad “es el gran problema de la agenda nacional de derechos humanos”, el funcionario adscrito a la Subsecretaria de Derechos Humanos, Población y Migración, precisó que de las víctimas de homicidio “sólo siete periodistas y dos personas defensoras se encontraban incorporadas al Mecanismo” de Protección de Personas Defensoras y Periodistas.
Las entidades más violentas para ejercer el periodismo son Estado de México, Guerrero, Michoacán, Sonora, Oaxaca y Veracruz, donde se concentra el 57% de las agresiones a ese gremio, siendo entre 40 y 45% provenientes de “autoridades locales y municipales, y el otro porcentaje lo representan las agresiones y amenazas procedentes del crimen organizado”, informó Irazoque en un comunicado.
En el caso de los activistas, los estados más peligrosos son Chiapas, Chihuahua, Guerrero Oaxaca y Veracruz, donde proviene el 64% de las denuncias por agresiones.
El funcionario detalló que, a la llegada de este gobierno, el Mecanismo “contaba con 758 personas (beneficiarias), a la fecha hay mil 508 personas beneficiarias, 495 periodistas (155 mujeres y 360 hombres), y mil 023 personas defensoras de derechos humanos (551 mujeres y 472 hombres)”.
El funcionario añadió que tratándose de periodistas, la mayoría de los inscritos al Mecanismo están en la Ciudad de México, Guerrero, Puebla, Sonora, Tamaulipas, Quintana Roo y Veracruz, en tanto que la mayor parte de los defensores inscritos radican en Ciudad de México, Chiapas, Estado de México, Guerrero, Jalisco, Michoacán y Oaxaca.
Tras sostener que durante la actual administración, se han invertido mil 200 millones de pesos en protección de periodistas y defensores, correspondiendo a 2022 una partida de 388 millones, Irazoque lamentó que la respuesta de las autoridades en los estados y municipios no se corresponda con el esfuerzo del gobierno federal.
A diez años de creación del Mecanismo, “pareciera que las autoridades estatales y locales no están cumpliendo con sus responsabilidades, ya que lo que surgió como un Mecanismo extraordinario (en 2012), se convirtió en una ventanilla única de atención o la única política pública para defender el tema”.
Irazoque Palazuelos resaltó que “desde la Secretaría de Gobernación, a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos, en coordinación con la Presidencia de la República y el Congreso de la Unión, se impulsa una modificación a la Ley General de Víctimas para tener los elementos que permitan ejercer una política de Estado, que haya reglas sobre la responsabilidad y las obligaciones de los tres órdenes de gobierno y se pueda salir de este eje reactivo para pasar a la prevención en todas las regiones del país”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.
No hay comentarios:
Publicar un comentario