El documento hace alusión al subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, del que recuerda que aseguró que las pruebas de detección eran “inútiles” y “un desperdicio de tiempo”, a pesar de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) insistió en la importancia del testeo.
“Como resultado, México tiene una de las tasas más bajas de pruebas de COVID —y una de las tasas más altas de resultados positivos— en el mundo”, dice la organización, que señala que tanto funcionarios como expertos “coinciden que la estadística real de contagios y muertes por COVID probablemente es varias veces mayor que la cifra oficial”.
Oficialmente, en México se superan los 300 mil muertos por la pandemia. Sin embargo, cifras del mismo gobierno señalan que son más de 450 mil los fallecidos a causa del coronavirus.
La organización de Derechos Humanos aborda también una de las consecuencias de la pandemia: el cierre de las escuelas, que en México estuvieron clausuradas desde marzo de 2020 hasta agosto de 2021.
“Aunque el 94 % de los hogares mexicanos cuenta con televisión, la falta de acceso a servicios de internet asequibles hizo que muchos niños, especialmente aquellos en hogares de bajos ingresos o con discapacidad, no tuvieran acceso a la educación”, dice el documento, que recuerda también que “muchos docentes protestaron contra la reapertura de las escuelas, en el momento más álgido de la tercera ola de muertes por COVID”.
Además de la pandemia, el informe aborda también otras vulneraciones a los Derechos Humanos que se perpetran en México y en otras partes del mundo. “El alarmante retroceso de las libertades fundamentales en América Latina nos obliga hoy a defender espacios democráticos que solíamos dar por sentados”, dijo Tamara Taraciudk Broner, directora interina para las Américas de Human Rights Watch. “Incluso líderes que llegaron al poder mediante elecciones democráticas han atacado a la sociedad civil independiente, la libertad de prensa y la independencia judicial”, aseguró.
Impunidad
En relación a México, el informe aborda algunas de las problemáticas clave, como la impunidad. “Es habitual que las víctimas de delitos violentos y violaciones de derechos humanos no obtengan justicia en el sistema penal”, dice el informe, que recuerda que apenas 5.2 % de los delitos cometidos en México son resueltos, según México Evalúa.
“Esto se debe a diversos motivos que incluyen corrupción, falta de capacitación y recursos suficientes, y complicidad de agentes del Ministerio Público y defensores públicos con delincuentes y otros funcionarios abusivos”, dice HRW.
La organización de Derechos Humanos es muy crítica con la situación del sistema judicial mexicano: “En general, el sistema de justicia no garantiza el debido proceso a las personas acusadas de delitos. Es común que policías y agentes del Ministerio Público recurran a la tortura para obtener confesiones. La prisión preventiva es obligatoria para muchos delitos, lo cual viola estándares internacionales de derechos humanos. Las cárceles son insalubres y están hacinadas. Los agentes del Ministerio Público siguen haciendo uso del arraigo, un mecanismo que les permite obtener autorización judicial para mantener a una persona detenida hasta 40 días sin presentar cargos con el fin de interrogarla”, señala el informe.
HRW también es crítica con la Fiscalía General de la República (FGR), a la que acusa de no haber implementado adecuadamente la reforma de 2018 para dotar a los fiscales de más independencia del gobierno. “En 2021, el Congreso derogó muchas de las disposiciones sobre derechos humanos establecidas en la reforma de 2018”, señala.
La militarización es otro de los fenómenos en auge con López Obrador. “El presidente ha ampliado considerablemente el uso de las fuerzas militares para tareas de seguridad pública, en muchos casos reemplazando a autoridades civiles”, dice el informe, que recuerda la creación de la Guardia Nacional como un mecanismo de otorgar más poder a los cuarteles.
“En 2019, creó la Guardia Nacional para reemplazar a la Policía Federal como el principal organismo de orden público del gobierno. La Guardia Nacional es dirigida por militares, recibe entrenamiento de militares y está integrada mayormente por soldados. En mayo de 2020, el presidente encomendó formalmente a las fuerzas militares que apoyaran a la Guardia Nacional en tareas de seguridad pública. Actualmente, los militares están habilitados legalmente para detener a civiles, hacerse cargo de las escenas del crimen y proteger evidencias”, indica el documento.
Militarización y migración
“Durante gobiernos anteriores, encomendar estas tareas a las fuerzas militares contribuyó a graves encubrimientos de violaciones de derechos humanos. En julio de 2021, el presidente propuso traspasar formalmente el control de la Guardia Nacional de funcionarios civiles al Secretario de la Defensa Nacional”, recuerda.
Entre los casos registrados durante el sexenio de López Obrador, el informe señala la muerte de tres civiles que fueron secuestrados en Nuevo Laredo, Tamaulipas. La acción quedó filmada por las cámaras de un soldado, que registraron la orden de acabar con la vida de uno de los civiles.
En relación a la migración, el informe indica que “es habitual que carteles delictivos, delincuentes comunes y, en ocasiones, policías y funcionarios de migración roben, secuestren, extorsionen, violen o asesinen a migrantes que transitan por México. Estos delitos rara vez son denunciados, investigados o penalizados”.
Además, señala al gobierno federal por haber “participado activamente en políticas de migración abusivas de Estados Unidos”. “No brindó protección policial ni acceso a justicia, trabajo, atención sanitaria o educación a los más de 71 mil solicitantes de asilo, incluyendo muchas familias con niños, que fueron enviados a México en el marco de la política de “Quédate en México” (Remain in Mexico). Muchos sufrieron abusos por parte de cárteles delictivos o autoridades mexicanas”. El informe recuerda que, a pesar de todas los padecimientos de los migrantes, el presidente López Obrador dijo que el resultado del programa había sido “muy bueno”.
Otras de las políticas señaladas en el documento son las expulsiones masivas de solicitantes de asilo a Guatemala o la militarización del control de la migración.
“Funcionarios de migración mexicanos se han negado a acatar resoluciones judiciales que les ordenan prevenir la propagación del Covid19 en centros de detención migratoria. Varios migrantes detenidos han afirmado que no les daban mascarillas ni jabón y que les negaban tratamiento médico cuando tenían síntomas de Covid19”, dice el informe.
Por último, HRW señala que el sistema de asilo en México se encuentra desbordado.
Las desapariciones, la tortura, los derechos de las mujeres y las niñas y las políticas contra el cambio climático siguen siendo cuestiones pendientes.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ALBERTO PRADILLO.
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