“Como parte de ese pacto, desde el estado nayarita se protegía a ese grupo criminal y se eliminaba a integrantes de las organizaciones contrarias que acechaban la plaza, particularmente el Cártel Jalisco Nueva Generación. Su recompensa no sólo era monetaria sino permitía también ensalzar al gobierno en el combate contra el crimen organizado. No obstante las autoridades nayarita no detenían ni ejecutaban a los líderes de las bandas criminales, sino a las personas más vulnerables dentro de la cadena de distirbución de drogas: las relacionadas con el narcomenudeo”, apunta.
El informe busca informar sobre la posible relación entre casos de desaparición de personas y otras violaciones de derechos humanos en el estado de Nayarit, ocurridas entre 2011 y 2017, periodo en el que ejercieron sus cargos el ex gobernador Roberto Sandoval y el ex fiscal Edgar Veytia, quienes operaban “con una estructura delincuencial”.
Señala que en febrero de 2017, el fiscal de Nayarit “le retira su apoyo al Cártel de los Beltrán Leyva para asociarse con el Cártel Jalisco Nueva Generación”.
“Los Beltrán Leyva consideran esto una traición, por lo que buscan llevar a cabo acciones en contra de la Fiscalía General del Estado de Nayarit, sin embargo no lo consiguen hasta que encuentran condiciones favorables, lo que ocurre cuando la fiscalía se debilita y pueden atacar a las personas que estaban directa e indirectamente relacionadas con el grupo ejecutor de la FGEN en la distribución de drogas, práctica que se conoce como ‘limpia de plaza’. En ese marco tienen lugar las desapariciones masivas de 2018. Desde entonces, la disputa por el territorio nayarita sigue activa y posiblemente la estructura criminal de la fiscalía sigue operando, ahora para otra organización criminal”, expone el informe.
Las desapariciones en el estado, se apunta, “son sólo un indicador del régimen de terror que imperó en esa entidad durante el periodo 2011-2017 en que fuera fiscal general del estado Edgar Veytia y gobernara Roberto Sandoval”, el primero detenido en Estados Unidos en marzo 2017 y el segundo en México en junio 2021.
Las desapariciones que se presentaron durante el sexenio de Sandoval-Veytia continúan incluso luego de la detención de ambos. Sin embargo un periodo de análisis de diez años:
1- Permite ver las desapariciones como parte de un continuum que revela existencia de estructuras criminales que posiblemente trascienden los periodos en el poder de sus ejecutores clave.
2- Posibilita enmarcar las desapariciones en un periodo más amplio
3- Explica por qué las familias han acudido a instancias internacionales.
El informe señala que de 2017 a 2020, el promedio anual de desaparición fue de 206, cuando años previos era de 16 personas.
Versión pública resumida del informe:
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
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