El instituto invalidó la desclasificación que había hecho la FGR de las referidas declaraciones al considerar que la fiscalía encabezada por Alejandro Gertz Manero se excedió en el testado (ocultamiento) de datos, situación que para fines prácticos impide que haya una trasparencia real de la información.
En un acuerdo emitido el pasado 12 de enero y que fue enviado a la FGR esta semana, la Dirección General de Cumplimiento y Responsabilidades del INAI le dio de plazo hasta el 24 de enero para que vuelva a subir las declaraciones atendiendo las observaciones relacionadas por el instituto respecto a los datos que fueron cubiertos. Mientras eso no ocurra no se tendrá por cumplida la resolución del instituto.
Animal Político publicó la semana pasada que la Fiscalía había subido en su página de internet una lista de 22 personas, entre funcionarios, exfuncionarios y particulares, que rindieron declaración como parte de la integración de la carpeta de investigación FED/SEIDF/CGI-CDMX/0000117/2017 iniciada por el caso Odebrecht, así como 36 declaraciones y ampliaciones de declaraciones que rindieron ante el ministerio público. Lo anterior en cumplimiento de las resoluciones RRA 11863 y 11862 del INAI.
Sin embargo, la fiscalía ocultó en los documentos de dichas declaraciones (subidos en formato pdf) numerosos datos cubriéndolos de negro, procedimiento que se denomina “testear” información.
Entre los datos que ocultó se encuentran nombres de declarantes o interrogados, denominación de personas morales (empresas), cargos o nivel jerárquico en el servicio público, áreas de adscripción en la dependencia, unidades administrativas de la dependencia, denominación o identificación de contratos, fechas, sitios, referencias a países, números de oficios, motivos de comparecencia, hechos, citas de documentos públicos y siglas o acrónimos, ente otros.
El INAI advirtió que el haber cubierto dicho volumen de información es una violación a la clasificación establecida en la resolución de acuerdo con el artículo 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
En entrevista con este medio el comisionado del INAI, Oscar Guerra Ford, cuya ponencia es responsable de uno de los recursos que derivó en la desclasificación de la información, explicó que la única información que debe ser testada es aquella relacionada con los datos personales o direcciones particulares, así como la de terceros que no tengan nada que ver con la investigación.
En el oficio enviado a la fiscalía el INAI también cuestionó el hecho de que en la información que la fiscalía publicó solo aparecen declaraciones recabadas, principalmente, entre los años 2017 y 2018, pero prácticamente ningún testimonio recabado entre el 2019 y 2021.
“Nos dijeron inicialmente que las declaraciones que subieron son todas las que están en el expediente, pero hemos pedido que precisen esta información porque, de ser cierto, significa que la investigación prácticamente habría estado paralizada más de dos años”, indicó el comisionado.
Autoridades de la FGR indicaron, por su parte, que ya se trabaja en la desclasificación ordenada por el INAI y que los documentos serán publicados en su página de internet antes de que concluya el plazo que se les indicó.
Un “tortuoso proceso”
La desclasificación y publicación de la información relacionada con la carpeta de investigación relacionada con el caso Odebrecht, y de diversos elementos de la misma, fue ordenada desde principios de 2018 por el INAI en atención a diversas solicitudes que así lo exigían. Sin embargo, hasta el momento no se ha conseguido llevarlo a cabo.
Aunque la ley en México establece claramente que en los casos de posible corrupción como es la investigación de Odebrecht, no es procedente la clasificación total de la información, la FGR (al igual que lo hizo antes la PGR) optó por alargar lo procedimientos y rechazar la entrega de la información, incluso promoviendo demandas de amparo. Al final los tribunales han confirmado que la desclasificación es procedente y tiene que hacerse.
“Ha sido un camino bastante tortuoso. La relación con la Fiscalía no ha sido sencilla pero los tribunales finalmente nos han dado la razón. Ya son 17 las resoluciones en donde se ha resuelto por parte del INAI la desclasificación de los datos. Esto nos ha permitido incluso establecer que el caso Odebrecht ya se trata de una obligación de transparencia y tiene que revelarse y actualizarse periódicamente”, dijo Ford.
De acuerdo con el comisionado, una de las razones que la Fiscalía ha esgrimido con mayor frecuencia par ano desclasifica el caso es que se podría afectar la investigación o ponerla en riesgo. Sin embargo, existe la posibilidad de que lo que no se quiera exhibir son las propias fallas o la falta de trabajo en torno a estas indagatorias.
“Pero si esta investigación no se ha llevado de forma correcta o con la celeridad que se requería lo que hace la transparencia es poner en evidencia eso, el trabajo mal hecho, nada más. Si no se quiere que eso suceda no es tema de transparencia sino de hacer las investigaciones bien”, añadió el comisionado.
Sobre los documentos que la FGR subió a su página de internet indicó que en una reunión previa sostenida en diciembre ya se le había indicado a la dependencia que no era procedente ese nivel de información testada y que, por lo tanto, los documentos que se subieran tendrían que estar modificados. No obstante, la Fiscalía insistió en cargar los mismos oficios.
Guerra adelantó que, si la información que se vuelva a cargar no cumple con los lineamientos establecidos, podría presentarse una denuncia ante el Órgano Interno de Control de la Fiscalía para que se proceda en contra de los servidores públicos responsables de dar cumplimiento a los lineamientos.
Respecto a la publicación de toda la carpeta de investigación del caso y no solo de declaraciones, el comisionado dijo que esto no se contempló en los dos recursos que dieron paso a la publicación de la información en internet, pero dijo que en caso de haber otra solicitud esta será procedente y los tomos tenían que cargarse.
“En el pasado la fiscalía ya había ofrecido a algunos solicitantes entregar la carpeta, pero físicamente. Llegó a exigir un pago de hasta 800 mil pesos por hacerlo con copias certificadas. Por su0puesto eso no era viable pero ahora, es muy posible que esto también pueda volverse una obligación de transparencia a partir del criterio que ya hemos adoptado, y la información forzosamente tendrá que digitalizarse en versiones públicas”, dijo el comisionado.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ARTURO ANGEL.
No hay comentarios:
Publicar un comentario