Inés Gómez Mont, su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga y otras cinco personas tienen orden de aprehensión por su posible participación en delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
En un comunicado, la dependencia a cargo de Alejandro Gertz Manero señaló que tres de los imputados ya están recluidos en los centros federales de justicia penal y en los casos de quienes huyeron del país, Inés Gómez Mont y Álvarez Puga, se ha obtenido la ficha roja correspondiente y se está en espera de la respuesta de colaboración de nivel internacional.
En noviembre de 2019, la Fiscalía General de la República, a través de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), inició carpeta de investigación en contra de Víctor Manuel Álvarez Puga, Inés Gómez Mont, Edgardo Mauricio “V”, Rosario “A”, Margarita “C”, Ricardo “P”, Mauricio “R” y siete empresas, por su posible participación en delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
LA ACUSACIÓN
De acuerdo con la dependencia, todas estas personas, físicas y morales, probablemente se coludieron para simular operaciones y dotar de recursos a esa organización criminal; bajando cargas tributarias y ocultando operaciones, dificultando, de esa manera, el rastreo de esos recursos.
Para cumplir dicho objetivo, presuntamente celebraron diversos contratos con el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación, utilizando comprobantes fiscales digitales por internet, que encubrían operaciones falsas y aparentaban actos de comercio y prestación de servicios que no se realizaban; todo ello con la finalidad de lavar dinero, disfrazando dichos delitos de ganancias lícitas que eran inexistentes.
La organización principal estaba a cargo de Víctor Manuel Álvarez Pga y su esposa Inés Gómez Mont, quienes operaban con supuestos representantes de personas morales.
La Fiscalía General informó que durante la investigación se pudo obtener la información de que existía un grupo formado por Héctor “Z”, Armando “R”, José “O”, Ricardo “C”, Yareli “C”, quienes realizaban las operaciones bancarias a nombre de personas morales.
El siguiente grupo, integrado por servidores públicos, fueron los que facilitaron ilegalmente los recursos del erario federal, celebrando contratos ilegales; y en esa estructura se encontraron a Eduardo “G”, Paulo “U”, Emanuel “C”, Jesús “P” y Jorge “N”.
El 14 de octubre del año pasado, a través de un comunicado publicado en su cuenta de Instagram, Gómez Mont dijo que fue informada de la solicitud de órdenes de arresto contra ella y su esposo por asuntos fiscales con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon), a pesar de que ellos ya habían concluido acuerdos con ambas instituciones.
De igual manera, la conductora de televisión aseguró que detrás de estas detenciones hay una “persecución de mala fe”, esto gracias al ruido provocado por la prensa durante el pasado martes 12 y la mañana del miércoles 13 de octubre.
La conductora de televisión apuntó a autoridades (sin detallar cuáles pues lo desconoce) por difundir mentiras a la prensa y al público “diciendo que existía una orden de aprehensión” contra Gómez Mont y Álvarez Puga.
Además, Inés Gómez Mont aseguró la noche del 28 de septiembre del año pasado que los hechos por los que se le acusa son “absolutamente falsos”, pues, dijo, que ella jamás ha robado un peso y que tampoco ha recibido dinero de contratos, y mucho menos ha visto ni poseído tres mil millones de pesos en la vida”.
AUTOR: REDACCIÓN.
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