A pesar del dolor las mujeres y los hombres ahí presentes asumieron una postura firme contra los feminicidios. Los coordinadores de la policía comunitaria de El Paraíso, municipio de Ayutla de los Libres, de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), asumieron el rol que les corresponde, de ser una autoridad garante del sistema de justicia comunitaria.
En las primeras filas de la asamblea los hombres tuvieron que ceder su lugar a las mujeres, mientras tanto ellas se acuerpaban y encontraban solidaridad con la presencia de la organización feminista de Ayutla. También fue muy significativa la presencia de Inés Fernández y las embajadoras del Centro Comunitario Gúwa Kúma: la casa de los saberes, quienes llegaron para solidarizarse y ser parte de esta histórica asamblea. Las madres se acompañaron de sus pequeñas hijas para mostrar ese malestar que existe entre las mujeres por tanta violencia que padecen en la región de Ayutla y la gran indolencia de las autoridades.
Un asambleísta expresó con mucha fuerza: “tenemos que escuchar a las mujeres y nuestras asambleas deben de tomar muy en cuenta su palabra. Ya no podemos seguir siendo causantes de esta violencia”.
Nunca habíamos testificado una asamblea regional de la CRAC-PC con la asistencia de más 200 mujeres indígenas. Su presencia marcó un nuevo derrotero en la CRAC-PC de El Paraíso. Esta inédita asamblea se realiza en un contexto de violencia extrema que enfrentan las mujeres en la región. Hasta octubre de 2021 la Casa de los Pueblos, que ejerce de manera autónoma un gobierno comunitario, tenía registrado 14 feminicidios en el municipio de la Costa Chica. El feminicidio más reciente es el de Angelina, quien fue asesinada por su pareja Roberto en la madrugada del primero de enero pasado en el marco de un baile en año nuevo. En el testimonio público que presentó Roberto ante la asamblea se escuchó decir: “la maté porque me dijo algo que no me gustó. Sí lo hice…”. Desconcertadas por la crueldad las miradas y los comentarios en voz baja causó más enojo y reclamo para pedir justicia.
Desde el 2018 a la CRAC-PC han llegado dos casos de feminicidios, el de Angelina sería el tercero. En los dos primeros hubo dificultades porque los hombres realizaban las entrevistas y desvaloraban los dichos de las víctimas. Por esta razón, en esta asamblea se ha pedido la incorporación de las mujeres en las diferentes instancias de la CRAC-PC. Con el caso de Angelina se inicia una reflexión colectiva para que la justicia comunitaria sea con pertinencia cultural y con enfoque de género, donde las mujeres formen parte de las decisiones que se toman como autoridades comunitarias.
Los coordinadores, comandantes regionales, consejeros de la casa de justicia de El Paraíso reflexionaron que no se puede avanzar en la impartición de justicia sin la participación de las mujeres. Reiteraron que no se puede continuar con este clima de impunidad y llamaron con urgencia para que las comunidades y autoridades intervengan para parar la violencia. Valoraron como algo imprescindible que en el sistema comunitario las mujeres están llamadas a ser un baluarte de la justicia comunitaria.
Un ex coordinador de la policía comunitaria de El Paraíso habló del respeto que se les debe tener a las mujeres y de la importancia de su participación en las asambleas. “Es la primera vez que en la presente asamblea asisten muchas mujeres, es bueno porque el sistema es de todos. De hoy en adelante todas las comunidades deberán asignar mínimo 10 mujeres. Las mujeres tienen que hablar porque no podemos permitir que las estén matando, tenemos que parar la violencia contra las mujeres”.
El papá de Angelina la recordó como una gran hija que veló por ellos. Describió cómo en su infancia se esmeraba en ayudar en los trabajos que hacía su mamá. A pesar de la pobreza logró terminar la primaria. Toda su vida han sido jornaleros agrícolas. Tienen que trabajar en los campos agrícolas de Sinaloa por más de seis meses. Angelina recién había conseguido trabajo en el puerto de Acapulco. Se desempeñaba dentro de una cocina económica. Lo que ganaba lo ahorraba para ayudar a sus padres y a sus pequeños hermanos. A pesar de su corta edad Angelina trabajó desde los 12 años en los campos agrícolas de Sonora. Se transformó en una experta en el corte de pepino.
“Nadie tiene el derecho de quitarle la vida a una persona y más si es una mujer”, decían los asambleístas. Cada palabra era un recuerdo para los padres de Angelina. Su sueño era apoyar a su papá, comprar animalitos y remodelar la casa. Ella tenía la ilusión de contar con una casa más digna. Ahora que había regresado sus planes eran arreglar su casa, pero todo quedó trunco por las manos asesinas de Roberto.
Todo se desmoronó por eso las mujeres indígenas de las 33 comunidades de la casa de justicia de El Paraíso se acuerparon y clamaron justicia contra los feminicidios. Encararon al malhechor y a las mismas autoridades comunitarias porque no han trabajado para prevenir la violencia contra ellas. Exigieron que se castigue ejemplarmente a todo aquel que atente contra la vida y la integridad física de las mujeres.
Entre las decenas de mujeres, una madre de familia de Coxcatlán San Pedro con gran enojo y temblor dijo en su lengua materna: “nos da miedo hablar porque los hombres están acostumbrados a golpearnos y maltratarnos. Ya no vamos a permitir eso. Como mujeres tenemos derechos. No queremos una mujer más violentada. Queremos justicia para nuestras hijas. Hoy alzamos la voz y pedimos que se nos haga justicia y que se castigue a los culpables de los feminicidios. En Ayutla las mujeres no estamos solas y no vamos a permitir que se nos violente”.
Otra mujer tomó la palabra para increpar: “aquí no se trata de estar a favor de las personas que ya cometieron un delito. Los familiares directos son los que tienen que decir porque son los más lastimados, en este caso los padres de Angelina porque uno como gente externa siente ese dolor, pero siendo familiar cercano es algo más doloroso. Yo sugiero que como organizaciones o como comunidades hagamos una gestión para que las autoridades municipales, estatales y federales velen por nuestra seguridad y reparen estos daños. Necesitamos exigir a los gobiernos que nos volteen a ver para que se pueda trabajar el tema de violencia, para que se apliquen las leyes, porque una cosa es echar tanto rollo y otra cosa es aplicarlo”, sentenció.
A pesar de que las autoridades comunitarias han reflexionado sobre la participación de las mujeres, aún falta avanzar en este sendero porque “hay compañeras dispuestas a participar, pero todavía su voz no se escucha en las asambleas. Tenemos que abrirnos espacios para que los hombres nos respeten y también nos apoyen. Por ahora esta asamblea fue histórica porque venimos mujeres de varias comunidades de la Costa-Montaña y porque ahora los hombres ya no podrán decidir sobre nuestras vidas y porque no permitiremos más burlas ni maltratos.
En la asamblea las mujeres manifestaron que no van a tolerar más una mujer asesinada. Que tienen que castigar al agresor. Que no van a perdonar tantos asesinatos que se han cometido. Que se van a defender con la ley y con sus manos. Todas las mujeres de la asamblea brindaron su respaldo a los papás de Angelina y encararon a Roberto por su acción cobarde. Escucharon el clamor de justicia y también se hicieron eco de lo que piden los padres de Angelina de que a Roberto se le castigue con cárcel por toda su vida. Ante esta postura firme y clara los coordinadores de la CRAC-PC optaron por someter a consulta a las 33 comunidades que conforman este sistema de la casa de justicia de El Paraíso. La justicia comunitaria pone a prueba su eficacia para actuar con todo el respaldo de las comunidades contra la violencia feminicida.
AUTOR: ABEL BARRERA HERNÁNDEZ.
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