En este documento, la organización internacional defensora de Derechos Humanos, destacó que algunas disposiciones legales, incluyendo las que condicionan la gravedad de la pena para ciertos delitos sexuales a la “castidad” de la víctima, contradicen los estándares internacionales en materia de Derechos Humanos.
En el caso de la legislación sobre aborto, que varía según el estado, en el informe se destaca que en las 32 entidades federativas se permite el aborto en casos de violación sexual, pero sólo se permite por cualquier motivo hasta las 12 semanas de embarazo, sin consecuencias penales, en Ciudad de México (desde 2007), Oaxaca, Veracruz, Hidalgo y Baja California.
Las mujeres y “personas gestantes”, se expone, enfrentan numerosos obstáculos al intentar acceder al aborto, incluso cuando este es legal porque habitualmente personal médico y de enfermería intentan disuadirlas de someterse al procedimiento o se niegan a practicarlo.
En este contexto, en septiembre de 2021 la Suprema Corte de Justicia de la Nación dictó tres fallos que establecen precedentes para garantizar los derechos reproductivos. La Corte determinó que la penalización absoluta del aborto es inconstitucional y que las mujeres no deben ser objeto de acciones penales por someterse al procedimiento.
El alto tribunal también dispuso que los gobiernos de los estados no están facultados a legislar que la vida comienza en el momento de la “concepción”, y resolvió que el derecho del personal médico a invocar la objeción de conciencia para no practicar abortos debe sujetarse a límites.
A pesar de este avance, Human Rights Watch expuso que las mujeres y las niñas siguen viviendo índices alarmantes de violencia de género. En 2020, el gobierno reportó casi mil casos de feminicidio, pero según indican organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres, es probable que no todos los casos sean reportados.
Por otro lado, la organización destacó que es habitual que las víctimas de delitos violentos y violaciones de Derechos Humanos no obtengan justicia en el sistema penal y cita datos de la organización “México Evalúa” que señalan que apenas 5.2 por ciento de los delitos cometidos en México son resueltos. Esto se debe a diversos motivos que incluyen corrupción, falta de capacitación y recursos suficientes, y complicidad de agentes del Ministerio Público y defensores públicos con delincuentes y otros funcionarios abusivos.
En su informe HRW también menciona que periodistas y personas defensoras de Derechos Humanos, especialmente aquellos que critican a funcionarios públicos o exponen el trabajo de grupos delictivos, han sido víctimas de agresiones, persecución y vigilancia por parte de autoridades gubernamentales y organizaciones delictivas, y destaca que persiste la tortura, las desapariciones, los abusos militares y las ejecuciones extrajudiciales.
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