Conocida, y probada, la política pública del presidente de conceder cada vez más responsabilidades civiles a miembros de la milicia mexicana, como administrar las aduanas, los puertos, el aeropuerto, distribuir medicamentos, edificar parte del tren Maya, los bancos del bienestar, establecer estrategias de seguridad en Petróleos Mexicanos, o trasladar e incluso aplicar las vacunas contra la Covid19, entre otras, también les entregó la seguridad.
La Guardia Nacional, que absorbió las labores policiacas y operativas de la secretaría de seguridad y protección ciudadana, reduciendo esta dependencia a un órgano administrativo más que operativo de estrategias para el combate a la inseguridad y la violencia en el País, ha terminado por ser un apéndice del Ejército Mexicano cuyo comandante operativo es el general de brigada DEM Luis Rodríguez Bucio.
Ahora, en los estados de la República, los secretarios de seguridad están siendo nombrados a “sugerencia” del secretario general de la Defensa, el General Luis Cresencio Sandoval González.
En siete de once estados de la República ganados por Morena en las elecciones locales e intermedias de 2021, han sido nombrados militares o marinos, en el cargo de secretario de seguridad estatal.
Son los casos de Baja California Sur, donde gobierna Víctor Castro Cossío, quien designó al capitán de fragata de la Marina, Javier López García como Secretario de seguridad. Baja California, donde la titular del poder ejecutivo es Marina del Pilar Ávila Olmeda, quien aun cuando había anunciado que su Secretario de seguridad sería un experimentado agente estatal, reculó al final de 2021 para dar posesión, el 1 de enero de 2022, al general de brigada DEM Gilberto Landeros Briseño como encargado del área de seguridad.
En Colima, estado gobernado por la morenista Indira Vizcaino Silva, el encargado de seguridad es un integrante de la Armada de México, el capitán de navío Manuel Llerendi Ruiz, mientras en Guerrero la secretaría de seguridad fue encomendada al capitán de mando naval Evelio Méndez Gómez, por parte de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda.
En Michoacán, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla nombró a cargo de la seguridad al general José Alfredo Ortega Reyes, y en Nayarit la administración de Miguel Ángel Navarro Quintero hizo lo propio con el general de brigada DEM, Jorge Campos Huerta, y en Sinaloa, entidad que gobierna Rubén Rocha Moya, la secretaría de seguridad le fue entregada al teniente coronel Cristóbal Castañeda Camarillo.
Se trata de estados como Guerrero, Sinaloa, Baja California, Baja California Sur, Nayarit, Colima, Michoacán, donde los índices de la inseguridad y la violencia suelen ser altos, dada la intensa actividad criminal de los cárteles de la droga, y donde es evidente, los titulares de las Fuerzas Armadas de México, están teniendo una injerencia en el diseño de las estrategias locales de combate a los delitos asociados al narcotráfico, como son los homicidios (a la alza durante los tres años de gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador), secuestros, extorsiones, entre otros.
Ha sido directamente el secretario de la defensa nacional, quien ha sugerido los nombres de generales, capitanes y tenientes a los gobernadores de Morena en cuestión, para ser los encargados de la seguridad. No se trata necesariamente como fue en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, que los generales comandantes de las distintas regiones militares del país hicieran el papel de mando único, coordinando a las fuerzas municipales, estatales y federales, sino que ahora los miembros de la milicia llevan directamente el estelar de la seguridad estatal.
Con esta medida, el Gobierno de la República a través de la SEDENA y la Marina, entrega a la milicia la responsabilidad de las estrategias de seguridad en los estados, y limita el campo de acción de los gobernadores, quienes cedieron ante el secretario de la defensa el más preocupante tema para la ciudadanía, la inseguridad.
¿Los resultados? Se verá en los siguientes meses si son positivos o negativos, pero ahora sí, por lo menos en estos siete estados, será responsabilidad de las fuerzas armadas y del gobierno de la República.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: ADELA NAVARRO BELLO.
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