Así lo resolvió el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), luego de votar la propuesta presentada por la comisionada Norma Julieta del Río Venegas.
“Existe un Instituto ex profeso que lleva los casos y registros de estos temas y no puede declararse incompetente ante solicitudes de datos de lo que trabaja y para lo cual fue creado y que es el tema de migración. Entonces, la impunidad no puede permear sobre los casos posibles de violaciones a los derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas”, afirmó la comisionada.
Del Río Venegas destacó que, de acuerdo con información de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), América Latina y El Caribe es la región más afectada por la pandemia de covid-19, lo que ha traído, dijo, un aumento en la pobreza, la falta de empleos y la desigualdad, situación que ha propiciado una crisis migratoria que, lejos de ceder, se ha recrudecido.
Por ello advirtió que “la información pública servirá para que el sujeto obligado -el Instituto Nacional de Migración- pero también otras autoridades competentes en la materia rindan cuentas sobre la contribución a descriminalizar estos hechos, la migración, el cese de las violaciones sobre derechos humanos. Tenemos que conocer estos números y sus registros. No puede declarar su inexistencia un Instituto que se dedica precisamente a este tipo de situaciones, menos en la violación a los derechos humanos”.
Una particular requirió al INM toda la información que tenga sobre la participación de agentes adscritos al Instituto en violaciones a los derechos humanos, extorsiones, robos, trata de personas o secuestros de migrantes que cruzaron o fueron detenidos en Tamaulipas durante el periodo 2010 a 2014, así como investigaciones y acciones emprendidas dicha autoridad.
En la respuesta, el sujeto obligado turnó la solicitud a diversas unidades administrativas competentes para conocer de lo solicitado; algunas señalaron la inexistencia de la información en tanto que otra manifestó ser incompetente para tener la información respectiva.
Ante esta respuesta de incompetencia, el solicitante presentó ante el INAI un recurso de revisión.
En los alegatos, el sujeto obligado reiteró su respuesta inicial.
En el análisis realizado por la ponencia a cargo de la comisionada Del Río Venegas se determinó que el agravio de la persona recurrente es fundado, “porque el Instituto Nacional de Migración, por un lado, omitió turnar la solicitud de información a la totalidad de todas y cada una de las unidades administrativas competentes; por otro lado, definitivamente, fue omiso en realizar una búsqueda amplia, exhaustiva y con un criterio de máxima publicidad en las áreas a las que turnó la solicitud”.
Además, identificó información pública, oficial, en la que se mencionan acciones de servidores públicos del INM posiblemente relacionadas con conductas inapropiadas y ajenas a los protocolos y políticas de respeto a los derechos humanos de las personas migrantes.
“Cabe destacar que, entre esta información pública, oficial, se encuentran recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. También se identificó alguna información pública no oficial, como notas de prensa, cuyo contenido apunta en el mismo sentido”, apuntó.
Por lo expuesto, el Pleno del INAI revocó la respuesta del INM y le ordenó turnar la solicitud de información a todas las unidades administrativas competentes para conocer la solicitud de mérito para que, de manera exhaustiva y con un criterio amplio, realice la búsqueda de la información que se tenga sobre la participación de agentes de dicho Instituto en violaciones a los derechos humanos, extorsiones, robos, trata de personas o secuestros de migrantes que cruzaron o fueron detenidos en Tamaulipas en los años 2010 a 2014, así como investigaciones y acciones tomadas por dicha autoridad.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
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