El pasado viernes 14 de enero, los juzgados de Neza-Bordo celebraron la audiencia de seguimiento para determinar la sanción y la reparación del daño contra Jesús AlejandroMontes Moreno, a quien se le sentenció con 93 años y 3 meses de prisión por haber asesinado el 2 de julio de 2017 a Diana Velázquez Florencio en Chimalhuacán, Estado de México. Además de la prisión, se sentenció al feminicida con una multa económica (cuyo monto Lidia prefiere no revelar) por reparación de daño material y daño moral.
Es de recordar que el pasado 22 de diciembre de 2021, el juez Martín Alvarado Arriaga determinó que la joven de 24 años de edad, Diana Velázquez, fue víctima de feminicidio, y señaló que eran irrefutables las pruebas que apuntan a Jesús Alejandro como perpetrador del crimen. Al encontrarlo culpable, la mamá de Diana, Lidia Florencia, exigió se diera a Jesús Alejandro la pena máxima, consistente en 70 años de prisión o hasta prisión vitalicia, según el caso, de acuerdo con el Código Penal del Estado de México.
Si bien en la audiencia del viernes se logró la pena máxima, Lidia Florencio declaró: “pese a los años que le dieron a Alejandro, no es alegría, no es felicidad, no es tranquilidad. Se alcanzó lo que nosotras estábamos exigiendo pero falta todavía que la Fiscalía (de Justicia del Estado de México) nos diga qué está haciendo para dar con el segundo implicado, que ya nos dé una línea de investigación creíble”.
De acuerdo con Lidia, las autoridades mexiquenses le han asegurado que están llevando a cabo diligencias para la localización del segundo implicado, sin embargo, como prueba de estas acciones sólo le han enseñado la fotografía de un policía parado a lado de mototaxis.
“Siempre nos hacen eso. Nos dicen que sí están haciendo su trabajo pero nosotras no tenemos pruebas contundentes par saber que sí están haciendo lo suyo”, declaró Lidia en entrevista con Cimacnoticias.
De no dar con el segundo responsable, Lidia asegura: “sería una justicia a medias. Hay un feminicida pero qué pasa con el segundo agresor, el que estuvo implicado. ¿En dónde está? ¿quién es? Todavía me falta demasiado para poderlo llamar justicia, pero yo te digo que ni aún así porque si no fuera porque una está ahí al 100 por ciento, no tendríamos ni siquiera esta sentencia”.
La primera sentencia después de cinco años de exigir justicia
El 2 de junio de 2017, la joven Diana Velázquez Florencio fue privada de su libertad, violentada sexualmente y asesinada; su cuerpo fue abandonado en un terreno baldío en Chimalhuacán, Estado de México.
Diana tenía 24 años de edad, salió de su casa por la mañana y ya no regresó. Hoy se sabe que también cursaba un incipiente embarazo. Su familia la halló cinco días después en un Servicio Médico Forense (Semefo) de Nezahualcóyotl, un municipio contiguo, al que ya habían ido a buscarla. Las autoridades mexiquenses habrían encontrado su cuerpo con signos de violencia sexual, el mismo día que desapareció; sin embargo, la autoridad municipal no informó oportunamente a su familia porque registró el cadáver como masculino.
Una vez identificado el cuerpo de Diana, la autoridad del Edomex tardó muchos meses para entregar a Lidia, la madre de Diana, una valoración de ADN que confirmara la violencia sexual a la que fue sometida, también le impuso obstáculos por trámites burocráticos para hacer una exhumación oportuna del cuerpo para obtener más pruebas, y se perdió la ropa que llevaba la joven el día de su asesinato. Por estas omisiones, la madre de Diana batalló años para conseguir que su caso fuera investigado por la Fiscalía Especializada de Feminicidio.
Durante tres años no se integró ninguna línea de investigación al expediente de Diana; sin embargo, Lidia y su familia impulsaron sus propias investigaciones y dieron a conocer el caso en medios de comunicación a través de marchas, mítines y plantones. Por esta exigencia de justicia, en 2019 se consiguió que el gobierno de la entidad ofreciera una recompensa de 300 mil pesos a quien aportara información que permita dar con el paradero del feminicida de Diana.
Cansada de que su caso no avanzara en la Fiscalía Especializada del Edomex, el 6 de julio de 2020, en medio de la pandemia por COVID-19, Lidia Florencio y otras víctimas de feminicidio iniciaron un plantón afuera de Palacio Nacional para exigir que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, las recibiera.
Luego de 22 días consecutivos de sostener el plantón, Lidia fue recibida pero no por el presidente, quien en sus tres años de gobierno nunca ha recibido a una familia víctima de feminicidio, sino por la exsecretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.
Después de la reunión con Sánchez Cordero, la historia dio un vuelco. Personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México se puso en contacto con Lidia y le aseguró que la investigación sobre el feminicidio de su hija estaba en curso. Luego de un par de reuniones a puerta cerrada y en la que se daba a Lidia información limitada sobre el caso, el 7 de agosto de 2020 la Fiscalía informó a medios de comunicación que el presunto asesino de Diana Velázquez ya había sido aprehendido, que respondía al nombre de Jesús Alejandro N y que había sido detenido gracias a “investigación de campo y de gabinete” y testimonios recabados por la Policía de Investigación.
Lidia dudó entonces de esa información, ya que hasta el 30 de abril de 2020, última vez que acudió al Ministerio Público de Chimalhuacán a revisar la carpeta de investigación, no había ninguna línea de investigación en el caso, además de que la FGJ Edomex informó sobre esta detención a los medios de comunicación antes que a la madre de Diana.
En una reunión posterior que sostuvo Lidia con las autoridades de la entidad para que se expusieran los detalles sobre esta detención, no se presentó ningún funcionario de la Fiscalía General de la República ni de la Fiscalía del Estado de México, por lo que –le dijeron– no se le pudo informar más detalles sobre el detenido, como quién era y con base en qué elementos se le vinculó con el asesinato de su hija.
De acuerdo con lo que explicó Lidia en una entrevista concedida a Cimacnoticias, la teoría que armó la FGJ Edomex del caso fue que Diana habría sido privada de su libertad por dos hombres, quienes la subieron a un mototaxi, la llevaron a un baldío cerca de la Plaza Chimalhuacán, abusaron de ella y luego la asesinaron.
Uno de los dos presuntos responsables del asesinato de Diana es Jesús Alejandro N, quien conducía el mototaxi. De acuerdo con lo que la Fiscalía dijo a Lidia, su detención se logró gracias a dos indicios: el rastreo de las llamadas del celular que los agresores habrían robado a Diana y el testimonio de la pareja sentimental de Jesús Alejandro, quien tenía en su poder el celular de la joven, y que presuntamente denunció a Jesús por violencia doméstica y aseguró que él le habría confesado el crimen de Diana.
El otro presunto agresor, a quien se le acusa de haber asesinado a Diana, permanece prófugo sin que su supuesto cómplice aporte ningún dato que lo identifique.
Con esta teoría, la Fiscalía General de Justicia del Edomex consiguió que Jesús Alejandro N fuera detenido hace un año y vinculado a proceso y, este 14 de enero de 22, sentenciado con la pena máxima. No obstante, se espera que en fechas próximas se celebre una audiencia más para ratificar la determinación de los juzgados.
AUTOR: ANGÉLICA JOCELYN SOTO ESPINOSA.
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