Activistas y defensores de la libertad de prensa consideraron que el posicionamiento y las respuestas del Presidente Andrés Manuel López Obrador han sido desafortunadas, pues consideraron que debe de tener un posicionamiento más claro y no solo culpar al pasado.
Las cifras que aportan organizaciones internacionales dan precisamente cuenta de la falta de justicia en los crímenes que se cometen contra el gremio periodístico. Reporteros Sin Fronteras destaca que en México la impunidad es casi total pues entre el 95 y 99 por ciento de los asesinatos de periodistas el autor intelectual queda libre.
Leopoldo Maldonado, director regional de Artículo 19, explicó que a la violencia contra periodistas le acompaña la impunidad que es casi absoluta en el país. Al respecto, señaló que “la impunidad es un problema de Estado y no solo de una dependencia, en donde hay una serie de responsabilidades que no se están asumiendo a nivel institucional”.
“La impunidad tiene como telón de fondo el interés político en mantener sin castigo los crímenes contra la prensa”, destacó el activista.
El representante del Comité para la Protección de Periodistas (CPJ por sus siglas en inglés), Jan Albert Hootsen, y Balbina Flores, de Reporteros sin Fronteras en México (RSF), consideraron en entrevistas por separado con SinEmbargo que la impunidad es el factor que incentiva estos crímenes porque el mensaje que se envía es que cualquier persona que quiera matar a una periodista como Lourdes lo puede hacer con muy pocas consecuencias.
“Mientras la impunidad prevalezca en los asesinatos de periodistas, es decir, que no se lleve a los tribunales y a sentenciar a los autores materiales e intelectuales, pues el mensaje es que esto puede seguir pasando”, dijo Flores Mendoza en entrevista con SinEmbargo.
En ese sentido, Albert Hootsen citó las propias cifras con las que cuenta el Gobierno: “No podemos tampoco desligar el hecho de que los niveles de impunidad no han bajado durante la gestión de Andrés Manuel López Obrador. La propia Secretaría de Gobernación la semana pasada nos ofreció cifras señalando que al menos el 91 por ciento de los asesinatos de periodistas que ocurrieron durante el Gobierno de López Obrador están quedando en completa impunidad y la impunidad es el factor que determina todo”.
El director de Artículo 19 abundó a su vez que otro elemento adicional que ha crecido en los últimos años, y que se podría considerar como aliciente, es la descalificación permanente de la prensa desde el poder público de todos los niveles. “No es una cuestión sólo de un personaje o un jefe público, como en el caso del Presidente, sino que ya es una conducta recurrente en los titulares de los poderes ejecutivos estatales, municipales y legisladores”.
En los asesinatos contra periodistas, las organizaciones que documentan las agresiones han encontrado —tras analizar, recabar información y testimonios— un posible vínculo entre crimen organizado y autoridades.
“Cuando cometen este tipo de agresiones contra la prensa (los perpetradores) no lo cometen al margen de las autoridades, lo comenten con algún nivel de complicidad, ya sea directa o por la omisión en la que incurren las autoridades investigadoras que no llegan a esclarecer los hechos ni a sancionar a los responsables”, dijo Leopoldo Maldonado.
México terminó el 2021 con la nada honrosa distinción de ser el país más peligroso para los periodistas, con siete comunicadores asesinados. Fue el tercer año consecutivo en que la nación es catalogada como un lugar peligroso para ejercer el periodismo. Tan sólo en enero, tres comunicadores más han sido asesinados. Los nombres de Lourdes Maldonado, Margarito Martínez Esquivel y José Luis Gamboa se suman a la lista de Artículo 19 de 148 comunicadores que han perdido la vida desde el año 2000 por posible vínculo con su labor.
“México es uno de los países más letales en contra de la prensa por encima de países en guerra. El nivel de violencia que están viviendo las y los periodistas en el país es inaceptable si se quiere avanzar a una verdadera democracia”, advirtió Leopoldo Maldonado.
El país ocupa además el puesto 143 entre 180 países en la Clasificación Mundial de Libertad de Prensa 2021 de Reporteros Sin Fronteras. En los últimos cinco años, al menos 47 periodistas han sido asesinados en México en relación con su trabajo periodístico, según las mismas cifras.
Los datos del CPJ apuntan a su vez que en lo que va del actual Gobierno, desde diciembre de 2018, hay al menos 32 informadores asesinados y 15 desaparecidos. La información aportada por esta organización indica que, en los últimos cinco años, a 10 periodistas que tenían algún tipo de protección les ha sido arrebatada la vida.
Balbina Flores destacó que otro factor es que los mecanismos de protección no han sido capaces hasta este momento de garantizar la seguridad del gremio.
“Con esto no quiero decir que los mecanismos realmente no han salvado vidas: sí lo han hecho hay 1500 personas bajo su protección, pero también es cierto que falta muchísimo por hacer, por ser más eficiente y reforzar más su equipo operativo de comunicación interna”.
EL TRATAMIENTO DE AMLO
El 1 de diciembre de 2018, cuando Andrés Manuel López Obrador asumió la Presidencia, ese mismo día fue asesinado el periodista Jesús Alejandro Márquez Jiménez en Pantal, Nayarit. Maldonado recordó que ese crimen orilló al ahora mandatario a pronunciarse desde el principio, “dijo que esto ya no iba a suceder, que se iba a fortalecer la protección a periodistas, y los resultados que vemos a tres años no son para nada halagüeños, al contrario, son decepcionante”, señaló.
Ante los crímenes, el Presidente López Obrador ha señalado que la violencia y los asesinatos a periodista tienen que ver con el modelo neoliberalismo, que impusieron desde hace cerca de 40 años, “no es otra cosa más que neoporfirismo”.
En el caso de Lourdes Maldonado, el Jefe del Ejecutivo dijo que ya instruyó a que se realice una investigación a fondo. Incluso la noche de ayer el Gobierno envió envió un equipo especializado a Tijuana para apoyar en las investigaciones en torno al homicidio de Lourdes y Margarito.
No obstante, para los activistas y defensores de la libertad de prensa, el posicionamiento y respuestas del Jefe del Ejecutivo en cuanto a los delitos contra periodistas son débiles, pues consideraron que debe de tener un posicionamiento más claro y no solo culpar al pasado.
“La política de Gobierno que tiene que venir desde arriba hacia abajo, con un discurso más enfocado a garantizar el ejercicio periodístico, es decir necesitamos una voz desde arriba que no hemos escuchado. Más allá que el que respetan la libertad de expresión, quizás falta mucho, falta un compromiso más contundente por parte de las autoridades federales y estatales”, dijo la representante de RSF.
Y abundó: “creo que es postura débil ante la magnitud de lo que significan tres asesinatos en dos semanas. A veces pareciera que el Presidente no dimensiona la gravedad del problema, no lo dimensiona y tiende a ir hacia el pasado, pero con eso no se soluciona el problema; los muertos de ahora son responsabilidad del Gobierno actual y no del pasado”.
Leopoldo Maldonado destacó por su parte que no hay duda que el problema no inició en este Gobierno federal, sin embargo, dijo que ahora le toca a la actual administración resolverlo.
“El problema de la violencia no inició en este Gobierno y eso tiene razón, pero el problema es que ahora les toca a ellos resolverlo, tomar las riendas y tomar la responsabilidad de lo que está pasando […] Nos parece desafortunado que el Presidente diga que esto viene de los periodos neoliberales, viene de atrás efectivamente, pero ahora ¿qué van hacer?. En lugar de estar volteando para atrás, tenemos que voltear para adelante”.
EL CASO DE LOURDES
El caso de Lourdes se ha vuelto especial. La periodista acudió en marzo de 2019 a la conferencia de prensa matutina del Presidente Andrés Manuel López Obrador para pedirle su apoyo ante un juicio laboral que había iniciado desde hacía seis años contra el exgobernador de Baja California Jaime Bonilla Valdez. En esa ocasión, Maldonado pidió protección ante el proceso legal que tenía con la empresa de Bonilla Valdez, PSN (Media Sport de México o Primer Sistema de Noticias).
Lourdes, de hecho, estaba dentro del Mecanismo de Protección para Periodistas del Estado de Baja California debido a múltiples amenazas derivadas de este litigio laboral en el que se encontraba. Incluso, de acuerdo con la organización Artículo 19, ya había sido víctima de agresiones por su labor periodística.
México tiene inscritos en el mecanismo federal de protección a 495 periodistas y a unos mil defensores de derechos humanos. Además, hay sistemas similares en la mayoría de los estados. Las medidas que se pueden otorgar van desde el botón de pánico y esquemas de monitoreo y vigilancia en su casas o escoltas, pero muchas veces fallan por falta de coordinación entre los distintos niveles de Gobierno.
“No todos tienen medidas duras de protección como sería una extracción, la generación de un servicio de escolta, pero con base en los análisis de riesgo que tenemos, todos tienen mayor o menor riesgo y es evidente que pueden acceder a los servicios del mecanismo. Lo cierto es que también desde este sexenio hemos puesto en práctica la revisión de todos los casos”, dijo, al respecto, Enrique Irazoque, titular del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de DDHH y Periodistas de la Secretaría de Gobernación, en entrevista con Alejandro Páez y Álvaro Delgado durante el programa Los Periodistas que se transmite en el canal de YouTube de SinEmbargo Al Aire.
“El mensaje que se manda en este país, es que en México puedes asesinar a un periodista y no vas a terminar en prisión. Las organizaciones de protección y defensa de los periodistas nacionales e internacionales hablan de un 98 por ciento de impunidad. Estamos hablando de un alto nivel de impunidad que vulnera a los periodistas, como también estamos hablando de un alto nivel de impunidad en la solución de los homicidios que cada vez son más en este país”, denunció Adela Navarro Bello, directora del semanario ZETA de Tijuana en entrevista con Los Periodistas.
Navarro Bello recordó que una muestra de esta falta de justicia ha marcado la historia de la revista que dirige.
La lista de periodistas asesinados en Tijuana es larga y hay que retroceder hasta el homicidio de Héctor Félix Miranda, en 1988, seguido del atentado armado a Jesús Blancornelas, en 1997, ambos del Semanario ZETA.
Apenas el 17 de enero esta ciudad se estremeció al conocerse que el fotoperiodista Margarito Martínez Esquivel fue asesinado a tiros cuando pretendía salir de su casa para una cobertura informativa.
TRES ASESINATOS EN ENERO
De acuerdo con información obtenida por ZETA, alrededor de las 18:20 horas se escucharon detonaciones por arma de fuego en el estacionamiento de una vivienda marcada con el número 48 de la calle Vista Dorada, privada Chalco, en la colonia antes mencionada.
Los primeros datos indican que testigos reportaron a la central de emergencias sobre una persona inconsciente, al parecer con una herida en el rostro, a bordo de un vehículo tipo sedán, color rojo, el cual tenía el vidrio estrellado del lado del conductor.
Al lugar arribaron elementos de la Policía Municipal y paramédicos de la Cruz Roja, donde vecinos de la víctima refirieron que el automóvil tenía aproximadamente 40 minutos en el sitio con el motor encendido lo que les pareció sospechoso.
Un investigador de la escena del crimen, reportó que hasta donde han indagado, se trató de un “ataque directo”.
MARGARITO MARTÍNEZ
Los hechos ocurrieron alrededor de las 12:45 horas cuando se reportó a la central de emergencias que en la calle 5 de mayo al parecer se había desatado un enfrentamiento en donde una persona del sexo masculino había resultado lesionada por disparo de arma de fuego.
Tras el incidente, elementos de la Policía Municipal y paramédicos de la Cruz Roja, acudieron al lugar y visualizaron a la víctima que respondía el nombre de Alfonso Margarito Martínez Esquivel de 49 años de edad.
El colaborador de varios medios de comunicación, especialista en fotografía de corte policíaco, presentaba manchas pardo rojizas y una lesión en la cabeza por proyectil de arma de fuego, y su cuerpo quedó a un costado de un vehículo tipo sedán, Ford, Escort, color blanco con café con placas de baja California BHU3107.
Tras el incidente, elementos de la Policía Municipal y paramédicos de la Cruz Roja, acudieron al lugar y visualizaron a la víctima que respondía el nombre de Alfonso Margarito Martínez Esquivel de 49 años de edad.
Información revelada por testigos señalan que uno de los vecinos de Martínez Esquivel, se encontraba consumiendo bebidas embriagantes, y el identificado sólo con el nombre de Juan, fue quien disparó a Margarito Martínez. Los testigos refieren que tenían una disputa por la propiedad de unos terrenos, lo cual, señala la autoridad en la primera línea de investigación, sería el móvil del asesinato. El identificado como sospechoso, Juan, huyó del lugar con rumbo desconocido.
A Margarito Martínez, nacido el 17 de junio de 1972, originario de Tijuana, le sobreviven su esposa María Elena Frausto y su hija.
JOSÉ LUIS GAMBOA
De acuerdo con la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP), el asesinato ocurrió el pasado 10 de enero; sin embargo, fue hasta el día 14 de este mes cuando se llevó a cabo la identificación formal de Gamboa Arenas por parte de sus familiares.
“Una vez que esta Comisión Estatal tuvo conocimiento del lamentable suceso, la secretaría ejecutiva inició un protocolo correspondiente y solicitó información a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y a la Fiscalía General del Estado (FGE), por lo que se pudo confirmar el homicidio e intervenir en el caso”, agregó la Comisión en un comunicado.
Según medios locales, José Luis Gamboa fue hallado malherido en calles del fraccionamiento, por lo que de inmediato recibió los primeros auxilios. Posteriormente, el periodista fue trasladado a un hospital cercano, donde falleció.
Aunque la CEAPP detalló que Gamboa no contaba con antecedentes de agresiones o amenazas, la Comisión exhortó a las autoridades a implementar un protocolo de investigación de Delitos contra la Libertad de Expresión.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: SUGEYRY ROMINA GÁNDARA.
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