Durante su gestión al frente de la Fiscalía General del Estado de México, Alejandro Gómez Sánchez pasó por diversas polémicas, entre las que se encuentran la “masacre de Tlatlaya”, el incremento de delitos de alto impacto y la incursión de organizaciones del crimen organizado en esa entidad, los últimos dos, asuntos que quedan pendientes en materia de seguridad.
El 25 de mayo de 2014, Gómez Sánchez rindió protesta como titular de lo que fue la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, ante el entonces Gobernador Eruviel Ávila, y en 2017, pasó a ser Fiscal luego de que en 2016 se aprobaron reformas para convertir la Procuraduría en una Fiscalía autónoma, cargo en el que estaría siete años, hasta 2024.
No obstante, este 16 de febrero, a dos años de culminar su gestión, Gómez Sánchez dio a conocer que dejaba su cargo al frente de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJ-Edomex) por razones personales. Mediante un videomensaje, agradeció el trato respetuoso que tuvieron sus compañeros a lo largo de su trayecto.
“En unos minutos presentaré ante la Sexagésima Primera Legislatura del Estado de México mi renuncia al cargo de Fiscal General de Justicia del Estado de México”, dijo el aún Fiscal, quien dijo que durante su gestión “uno de los objetivos principales que se me encomendó fue la transformación de la Procuraduría General de Justicia como órgano dependiente a la Administración pública estatal a Fiscalía General de Justicia como órgano público autónomo”, detalló.
En su mensaje, Gómez Sánchez destacó que durante estos casi ocho años, en los cuales estuvo al frente de la procuración de justicia mexiquense, se obtuvieron resultados positivos y “se fortalecieron las capacidades institucionales, tanto en el ámbito operativo como en materia procesal”, pese a lo cual las cifras de inseguridad y algunos hechos polémicos ponen en duda estas afirmaciones.
LOS CASOS DEL FISCAL
Uno de estos casos ocurrió el 30 de junio de 2014, casi un mes después de asumir como Procurador, cuando tuvo lugar una ejecución por parte de militares mexicanos en la comunidad de San Pedro Limón, del municipio de Tlatlaya.
Lo que también se denominó como la “masacre de Tlatlaya”, involucró a militares de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), quienes ejecutaron a por lo menos 22 jóvenes, a quienes señalaron como presuntos delincuentes, que ya se habían rendido al darse cuenta de la presencia de los soldados.
Los hechos fueron dados a conocer inicialmente por la Sedena en un breve comunicado del 30 de junio de ese año en el que se reportaba que 22 presuntos delincuentes habían sido abatidos en Tlatlaya por elementos del Ejército en un enfrentamiento, en el cual se habrían liberado a tres supuestas personas secuestradas.
Un reportaje de Associated Press y una investigación de Esquire revelaron, con base a declaraciones de testigos, que todo se trató de una ejecución. Posteriormente, un informe que realizó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que se publicó el 21 de octubre de 2014, también contradijo la versión oficial, y detalló que durante la madrugada de ese 30 de junio del mismo año, 22 civiles fueron privados arbitrariamente de su vida por personal militar, incluyendo dos adolescentes.
El organismo autónomo determinó además que el día de los hechos se alteró la escena del crimen “con la intención, muy probablemente, de simular que las muertes habían ocurrido en un contexto de enfrentamiento”. En ese sentido, se indicó que los cuerpos fueron movidos de la ubicación en donde se encontraban y cambiados de posición, además de que se sustrajeron de la escena teléfonos y equipo de telecomunicación.
No obstante, fue el reportaje de la agencia noticiosa Associated Press, publicado el 8 de julio de ese mismo año, el que se puso en duda el presunto enfrentamiento y señaló inconsistencias entre el reporte oficial y la evidencia hallada en el luego de los hechos, como las marcas de bala del lugar de los hechos, así como la premisa de que pudo haber tiros a corta distancia, lo cual fue desmentido días después por la Procuraduría General de Justicia del Estado de México.
La versión de los hechos daría otro vuelco el 17 de septiembre de 2014, cuando la revista Esquire publicó el testimonio de una testigo, identificada como Julia, quien aseguró que lo sucedido el 30 de junio en Tlatlaya se trató de una ejecución. “Ellos (los soldados) decían que se rindieran y los muchachos decían que les perdonaran la vida. Entonces (los soldados) dijeron ‘¿no que muy machitos, hijos de su puta madre? ¿No que muy machitos?’. Así les decían los militares cuando ellos salieron (de la bodega)”, relató.
“Todos salieron. Se rindieron, definitivamente se rindieron. (…) Entonces les preguntaban cómo se llamaban y los herían, no los mataban. Yo decía que no lo hicieran, que no lo hicieran, y ellos decían que ‘esos perros no merecen vivir’. (…) Luego los paraban así en hilera y los mataban. (…) Estaba un lamento muy grande en la bodega, se escuchaban los quejidos”, narró Julia al medio estadounidense.
En su informe, la CNDH detalló que al menos 20 funcionarios de la entonces Procuraduría mexiquense también estuvaban involucrados en actos de tortura contra tres mujeres que estuvieron presentes el día de la masacre, con el propósito de evitar que declararan sobre la forma en las que se llevaron a cabo las ejecuciones de ese 30 de junio de 2014. Entre los involucrados en estos casos de tortura se encontraban: agentes del Ministerio Público, peritos y agentes de la Policía Ministerial.
El 14 de enero de 2015, el Procurador mexiquense confirmó que ya se investigaban a estos servidores públicos, quienes se mantenían activos en sus funciones bajo el principio de presunción de inocencia y “con la mejor disposición de colaborar en la investigación”. El 15 de junio de ese mismo año, Luis Raúl González Pérez, presidente de la CNDH, explicó que los elementos de la PGJ local cometieron conductas violatorias de derechos humanos.
Detalló que durante la investigación esa dependencia no señaló en sus peritajes que se alteró la escena del crimen, tampoco que hubo muertes arbitrarias, y que se incurrió en actos de tortura, contra dos mujeres. Asimismo, indicó que la propia Procuraduría del Estado de México se estaba encargando de investigar a sus integrantes, quienes estaba señalados de dichos actos de tortura contra las testigos.
Por ello, el 30 de junio de 2021, a siete de la masacre la CNDH emitió un comunicado de prensa en el que aseguró que tanto la FGJ del Estado de México, la Sedena, el Gobierno local y la FGR mantenían una deuda con las víctimas de la “masacre de Tlatlaya”, la cual exhortaron a cumplir, ya que el organismo observó “una grave falta de acciones que impiden el acceso a la verdad, justicia y reparación integral de las personas en situación de víctimas”.
EL AUMENTO DE LA VIOLENCIA
Además, durante su gestión, Gómez Sánchez no sólo no logró disminuir significativamente delitos de alto impacto en la entidad, en algunos casos aumentaron. Por ejemplo, en 2015, el primer año completo que estuvo al frente de la Procuraduría mexiquense, los homicidios dolosos registraron dos mil 302 víctimas, una cifra similar a la que se presentó en 2021, que cerró con dos mil 648 víctimas.
Otro delito que tuvo una alza considerable fueron los feminicidios, que aumentaron 145 por ciento, ya que de las 60 víctimas que se registraron en 2015, se pasó a 145 en 2021,según datos registrados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En tanto, en 2015 hubo mil 323 víctimas de delitos contra la libertad personal, y 2021 cerró con cuatro mil 745 casos de este delito, un incremento del 258 por ciento . Mientras que el delito de extorsión registró mil 608 víctimas en 2015, y tres mil 439 el año pasado, una alza del 113 por ciento.
Esta cifras son similares a las que se presentaron en 2018, cuando los homicidios dolosos registraron dos mil 650 víctimas, los feminicidios 118, las extorsiones mil 629 casos y las víctimas de delitos contra la libertad personal sumaron dos mil 963, lo que evidencia un aumento progresivo en estos delitos en el Estado de México. A estas cifras se suman la alerta que hizo la Red por los Derechos de la Infancia (Redim), que indicó que una de cada cinco desapariciones de niñas y adolescentes ocurre en esa entidad.
“Si en el Estado de México se soluciona el problema, solucionamos la quinta parte de desapariciones en el país”, aseguró Tania Ramírez, Directora Ejecutiva de la Red por los Derechos de la Infancia (Redim), en entrevista con las periodistas Daniela Barragán y Romina Gándara para el programa Café y Noticias que se transmite por SinEmbargo Al Aire, el pasado 19 de enero.
Una investigación realizada por dicha organización arrojó que las principales víctimas de desaparición son niñas y adolescentes, de entre 12 y 17 años, de complexión delgada, soltera, estudiantes de secundaria, o que llegaron hasta este nivel educativo, sin antecedentes penales y originarias del Estado de México.Respecto a los municipios con más incidencia de desapariciones, la experta indicó que estos son: Toluca, Ocoyoacac, Ecatepec, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla, Ixtapaluca, Chimalhuacán y Tecámac.
LA PRESENCIA DEL NARCO
Otra amenaza con la que tienen que lidiar los habitantes, es la presencia de grupos de la delincuencia organizada, entre los que se encuentran el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), Guerreros Unidos, Los Caballeros Templarios y La Familia Michoacana, los cuales estarían estableciendo posibles alianzas para lograr el control del territorio, según informó Luis Cresencio Sandoval González, titular de la Sedena, el 25 de junio de 2020 durante una conferencia de prensa.
El 30 de octubre del mismo año, el Fiscal Gómez Sánchez reconoció la presencia de estas organizaciones criminales en territorio mexiquense. También detalló que gran porcentaje de extorsiones, delito que ha incrementado considerablemente en esa entidad, son hechas por estos grupos delictivos, principalmente en los municipios de Toluca, Nezahualcóyotl, Naucalpan, Tlalnepantla, Chimalhuacán, Tecámac, Cuautitlán Izcalli, Ixtapaluca y Nicolás Romero.
“En el Estado de México tenemos particularmente la presencia de la Familia Michoacana, en el sur del Estado; del Cártel Jalisco Nueva Generación aproximadamente en 26 municipios, zona norte, zona nor-oriente y zona oriente; el Cártel de la Unión Tepito, el Cártel del Nuevo Imperio, particularmente en la región Naucalpan-Huixquilucan-Tlalnepantla; el Cártel del Sur y tenemos Células del Cártel del Golfo y el Cártel de Sinaloa”, señaló Gómez Sánchez durante su comparecencia ante el Congreso del Estado de México.
El 18 de marzo de 2021, 13 agentes de la Fiscalía del Estado de México y cinco de la Secretaría de Seguridad fueron asesinados a balazos en el municipio de Coatepec Harinas, homicidios que fueron perpetrados durante una emboscada por parte de grupo que estaría relacionado con la delincuencia organizada, informaron autoridades locales.
Este asesinato múltiple en el Estado de México fue considerado como la masacre más grande de fuerzas del orden público desde octubre de 2019, cuando hombres armados de un cártel emboscaron y mataron a 14 policías estatales en Michoacán.
Pronunciamiento sobre los hechos en los que personal de @SS_Edomex y la @FiscaliaEdomex perdieron la vida este jueves en el municipio de #CoatepecHarinas. pic.twitter.com/3jxFeYJvS3
— Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) March 18, 2021
AUTOR: NORA NANCY GASPAR RESENDIZ.
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