Los habitantes han realizado manifestaciones por las diversas afectaciones a su salud, al territorio, el agua y la tierra, pues la mina ha ocasionado derrumbes, la tala de árboles avanza con velocidad y las enfermedades asociadas a la contaminación se presentan todos los días.
Se han realizado mesas de diálogo, se ha pedido la intervención de instituciones y los pobladores han acudido con legisladores, pero la respuesta ha sido que “todo se hace conforme a leyes ambientales”, sin que las autoridades les muestren algún documento que avale la actividad minera. Al mismo tiempo, los pobladores han denunciado que ya son comunes las amenazas e intimidación en su contra, sin que haya ninguna protección para ellos.
El pasado 24 de enero, en Foro Milenio (https://www.milenio.com/milenio-foros/hidalgo-invierten-64-mil-mdp-62-megaproyectos-sostenibles), el gobernador de Hidalgo, Omar Fayad Meneses, y Pedro Rivero, director general de la Minera Autlán, señalaron que la empresa como el gobierno siguen los lineamientos de la asamblea general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que adoptó en 2015 la agenda para para el desarrollo sostenible.
Esta declaración se da en el marco de las nuevas movilizaciones contra las afectaciones en ríos, tierras y la salud de los habitantes de las comunidades. Como en otras ocasiones, la empresa y el gobierno buscan en los medios de comunicación local minimizar las movilizaciones e invisibilizar las demandas de las ciudadanos, aseguran los pobladores.
Entrevistada por Desinformémonos, una habitante del lugar, que por seguridad no quiso dar su nombre, explicó que “la organización de la comunidad empezó cuando la minera Autlán llegó queriendo comprar a bajo costo la tierra para la explotación, amenazándonos con quitarnos la tierra, ya que decían que contaban con la concesión federal para extraer el mineral”.
En 1992, esta empresa se estableció en la comunidad de Naopa, municipio de Molango de Escamilla, en el estado de Hidalgo. Décadas antes, en 1964, la minera se había establecido en la comunidad de Nonoalco, y después abarco más territorios de la serranía hidalguense.
La entrevistada expone que la empresa Autlán llegó con la promesa de que la mina “traería progreso, trabajo y desarrollo a la comunidad. Bajo estas artimañas, la empresa logró comprar algunos terrenos con uso de suelo agrícola y ganadero e incluso algunos intestados. Para la empresa todo es fácil, ya que siempre han tenido a las autoridades de su lado”, señala.
En el libro Naopa: Historia y autobiografía, escrito por Heriberto Castillo Montaño, originario de esta comunidad, se documenta que en 1992 la empresa se aprovechó de integrantes de la comunidad por medio de engaños y amenazas.
“Desde que la compañía Minera Autlán descubrió que había manganeso en los terrenos de la jurisdicción de Naopa, empezaron los problemas con los dueños de los terrenos. Los representantes de la minera estaban muy mal acostumbrados, para comprar los predios ellos ponían los precios de la hectárea. Si los propietarios no estaban de acuerdo, para ablandarlos los amenazaban con expropiarles la tierra […]. Los dueños no querían vender porque en ellas hacían sus siembras de frijol, maíz, caña de azúcar y demás productos base de su alimentación, además de tener ganado”, se lee en libro de Castillo, donde se detalla que la población vendió a 3 mil 500 pesos la hectárea, y que “bajo la amenaza de la expropiación y la concesión, inició el despojo de sus tierras”.
Habitantes de este municipio se han opuesto a la destrucción ambiental ocasionada por la extracción de manganeso en la región. La mujer de Naopa señala que desde la llegada de la empresa “ha habido distintas manifestaciones en defensa de la tierra, en 1996, 2011, 2014, 2019 y 2021. En estos movimientos se ha forzado a la empresa a que escuche las peticiones y demandas de la comunidad de Naopa”.
Expone que se han logrado mesas de diálogo, pero que éstas “terminan en promesas sin cumplir, ya que no asisten las autoridades de la Minera Autlán. Lo que sí llega,son las amenazas de desempleo para los trabajadores de la mina y cárcel para los que siguen en el movimiento, todo ellos con la complicidad de los gobiernos en turno”.
En repetidas ocasiones, la comunidad de Naopa ha realizado bloqueos para denunciar las promesas incumplidas y, ahora, para acusar los altos niveles de contaminación en la zona. Los pobladores explican que antes no compraban agua de garrafón, pero que ahora ya lo tienen que hacer debido al agua contaminada del manto acuífero. En respuesta a sus protestas, existe ahora la amenaza e intimidación con grupos de choque.
La empresa acumula promesas de carreteras, becas, transporte, pilas de agua, clínicas de salud y un largo etcétera de palabras al aire, y los pobladores recopilan cientos de notas locales donde realizan sus movilizaciones para que alguien los escuche.
Para la vecina del lugar, “las afectaciones por la mina han incrementado. Por ejemplo, por la carretera, que es de terracería, pasan aproximadamente 120 camiones de volteo diarios, que han ocasionado derrumbes. Estos son cada vez más frecuentes por las explosiones, y el paso de los camiones fragiliza la tierra. Las viviendas de la comunidad se encuentran partidas, cuarteadas de las paredes y los pisos, con las ventanas con vidrios rotos, que se tienen que cambiar constantemente. Estamos a unos 300 metros de la mina, escuchando día y noche el molesto ruido de las maquinas”.
Los mantos acuíferos también han disminuido y el abastecimiento de agua preocupa a la comunidad, señala la mujer, pues “se tiene un día de agua para cada barrio y el agua que llega está muy revuelta”.
Además, añade, “la salud se ve afectada, pues ya son constantes los dolores de cabeza, ojos rojos, diarrea, alergias, hongos en las uñas y resequedad en la piel de los habitantes de las comunidades cercanas a la mina”. La mujer explica que la comunidad cuenta con un doctor que forma parte de la Minera Autlán, “quien para empezar la consulta les dice a los pacientes que la mina no contamina y únicamente da servicio a los trabajadores de la empresa”.
Por otra parte, la defensora de Naopa denuncia que la minera ha formado un grupo de choque conformado por trabajadores de la mina y personas de la comunidad que reciben apoyos delegados o subdelegados de la comunidad. “El miedo es constante, ya que también ha creado una red de personas que filtran información de lo que los grupos opositores hacen, incluso al extremo de demandar a los habitantes de la comunidad”, explica la mujer.
Por toda la problemática, la vecina originaria de la comunidad de Naopa solicitó a las autoridades locales, estatales y federales “que escuchen a los pobladores. Antes existía vida y agua de manera abundante, pero con la llegada de la mina todo cambió en la comunidad. Existe dolor e incertidumbre todo el tiempo”, concluye.
AUTOR: JAIME QUINTANA GUERRERO.
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