El documento completo de la acusación final de la FGR presentada ante un juez en contra de Lozoya, y del que Animal Político tiene una copia, advierte que gracias a estos sobornos Odebrecht se vio favorecida con la adjudicación del contrato para la realización de obras en la refinería de Tula.
Aunque Lozoya ha denunciado que él fue utilizado por el expresidente Peña Nieto y el exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, y que el dinero se usó para sobornar a legisladores y agilizar la reforma energética, en su acusación la FGR no presenta ni valida ninguna de estas hipótesis. Las 59 pruebas que presenta están enfocadas en confirmar que Lozoya y sus familiares fueron los reales beneficiarios de los sobornos.
De hecho, al considerar que Lozoya fue el beneficiario final de estos hechos, la FGR solicita en su contra una pena que supera los 46 años de prisión por los delitos de lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho. Además, considera que debe pagar una multa de 87 millones de pesos, un monto por reparación de daño de seis millones de dólares, y perder cualquier derecho sobre el departamento en Ixtapa.
Los fiscales además consideran que la madre de Lozoya, Gilda Susana Austin, debe ser condenada a pasar 23 años de prisión y pagar 262 mil pesos de multa.
En la acusación, la FGR propone al juez la presentación de 19 testigos de cara al juicio, entre ellas los de seis exdirectivos de la constructora Odebrecht, quienes confirmarán que fue el exdirector de Pemex el que solicitó y recibió el dinero de la constructora en múltiples pagos realizados ente 2012 y 2014.
La teoría del caso expuesta al juez por el fiscal Kristian Jiménez Hernández, responsable de la carpeta de investigación FED/SEIDF/CGI-CDMX/0000117/2017, señala que la constructora brasileña, a través de su brazo de sobornos conocido como “División de Operaciones Estructuradas”, le facilitó a Lozoya recursos millonarios a cambio de ganar influencia sobre él y que este, a su vez, operara para beneficiarlos con contratos.
La primera parte de los pagos fueron por monto de cuatro millones de dólares, y se comenzaron a transferir entre abril y junio de 2012, cuando aun se encontraba en curso la campaña presidencial de Peña Nieto. Aunque Lozoya sostuvo que el dinero sería para apoyar dicha campaña, pidió que los depósitos se le hicieran a empresas ligadas a el mismo.
Tras dar luz verde a la salida del dinero, Odebrecht comenzó la dispersión del recurso a través de una de sus empresas fachada denominada Innovation Research Engineering que, a su vez, lo envió a una compañía constituida en las Islas Vírgenes Británicas denominada Latin American Asia Capital Holding. Los beneficiarios de las cuentas de esta compañía, abiertas en un banco suiza, eran el propio Lozoya y su hermana Gilda Susana.
En noviembre, cuando aun faltaban por ser transferidos un millón 516 mil dólares de los cuatro pactados, se generó una alerta antilavado que bloqueó la cuenta de la empresa Latin American. Entonces Lozoya dio la instrucción para que las transferencias se hicieran a otra empresa constituida en el mismo paraíso fiscal, pero denominada Tochos Holding, donde también su hermana era la beneficiaria.
De acuerdo con la FGR, el que se siguieran haciendo los pagos aun cuando la elección presidencial ya había terminado, prueba que el dinero era para Lozoya. No obstante, los exfuncionarios de Odebrecht reconocen que siguieron enviando el dinero pues sabían, por dicho del propio Lozoya, que este ocuparía “un alto cargo en el gobierno”.
Los otros seis millones y la casa
La acusación del fiscal Jiménez Hernández señala que luego de ser nombrado director General de Pemex, Lozoya se volvió a reunir con funcionarios de Odebrecht. Esto ya en el 2013. En la charla, los brasileños confirmaron que tenían una alianza con una empresa de Hidalgo denominada Construcciones Tapia (recomendada por el propio Lozoya), con la finalidad de obtener contratos relacionados con la refinería de Tula.
Lozoya propuso a la constructora influir en el Consejo de Administración de Pemex para tratar de adjudicarles el contrato. A cambio, se acordó un soborno de seis millones de dólares de los cuales, dos millones se entregarían con independencia de si se consumaba o no la contratación, y los cuatro restantes solo si se cerraba la adjudicación.
Los pagos se realizaron siguiendo el mismo mecanismo de empresas fachada en paraísos fiscales y, a petición del propio exdirector de Pemex, el destino final del dinero fue la compañía Zecapan S.A., otra empresa relacionada con Emilio Lozoya. Los pagos se depositaron en la cuenta de dicha empresa abierta en el Banco Neue Bank ubicado en el Principado de Liechtenstein.
El soborno cobró frutos para Odebrecht pues, en febrero de 2014, se le adjudicó el contrato de obra pública PXR-OP-SILN-SPR-CPMAC-A-4-14 conocido como Tula I. Un contrato que, a la postre, la Auditoría superior de la Federación confirmaría que tuvo sobreprecios de más del 300 por ciento y dejó perdidas por 950 millones de pesos, por lo menos.
Los fiscales añaden que con los presuntos pagos irregulares que Lozoya recibió de Odebrecht adquirió una propiedad ubicada en el condominio Quinta Mar, en el Desarrollo Turístico de Ixtapa-Zihuatanejo en Guerrero. El departamento tenía un valor de un millón 900 mil dólares, de los cuales, un millón 200 mil dólares fueron pagados a través de na transferencia proveniente de la referida empresa Tochos Holding.
La compra fue realizada a través de un depósito enviado primero en Montreal, Canadá, y la operación final la ejecutó Marielle Hlene Eckes, esposa de Emilio Lozoya. Se trató de una franca operación de lavad de dinero y de asociación delictuosa, de acuerdo con los fiscales.
En la acusación también se identifica una transferencia de 185 mil dólares de la referida empresa Tochos Holding a una cuenta de BBVA Bancomer a nombre de Gilda Margarita Austin, madre Lozoya. “Todo esto con la finalidad de ocultar el origen de tales recursos, omitiendo las declaraciones fiscales correspondientes ante el Servicio de Administración Tributaria”, indica la acusación.
Las 59 pruebas de la Fiscalía
Para probar los cargos en contra de Lozoya y de su madre en el juicio, los fiscales ofrecieron 59 pruebas documentales, periciales y testimoniales.
De los testigos que la Fiscalía le propuso al juez destacan siete exfuncionarios de la empresa Norberto Odebrecht, entre ellos Marcelo Bahía Odebrecht, expresidente de la compañía, y Luis Alberto de Meneses Weyll, exjefe de la División de México de la constructora brasileña. Todos ellos confirmarán, según la FGR, la forma en como se entregó el dinero a Lozoya.
Dado que se trata de ciudadanos brasileños y de que hay un compromiso de no proceder en su contra, lo fiscales proponen al juez que su comparecencia en el juicio oral se realice a través del sistema de videoconferencia, con el apoyo de peritos en traducción.
El resto de los testigos que FGR propone son funcionarios de la Unidad de Inteligencia Financiera, de Pemex, de la Secretaría de la Función Pública y de la propia fiscalía, quienes participaron tanto en la denuncia como en las investigaciones. También se ha citado como testigo al abogado del banco BBVA Bancomer, para corroborar los depósitos recibidos a cuentas ligadas a la familia de Lozoya.
Por otro lado, el fiscal propuso una lista de 21 peritajes, de los cuales 14 son en materia de traducción principalmente del ingles y portugués al español. Se trata de la traducción de los documentos que contienen, sobretodo, las confesiones de los exfuncionarios de Odebrecht ante autoridades de esos países, así como la traducción de estados de cuenta bancarios. También se propone como evidencia tres peritajes en contabilidad, dos en informática, uno en criminalística, y otro mas en fotografía.
Y entre las 19 pruebas documentales ofrecidas están los registros bancarios con las transferencias de las empresas fachada de Odebrecht hacia las compañías vinculadas a Lozoya y su familia. También se presentan los documentos que prueban la adquisición del inmueble en Ixtapa, el contrato concedido a Odebrecht para los trabajos en la refinería de Tula, las denuncias por operaciones de lavado de dinero, y las redes de vínculos presentadas por la UIF y Pemex.
Cabe señalar que estas pruebas serán confrontadas con las 37 evidencias que los abogados de Emilio Lozoya han ofrecido para defender su inocencia. El debate sobre las evidencias que se mantendrán y las que serán desechadas se llevará a cabo en una audiencia intermedia, previo al juicio, a realizarse en las próximas semanas.
Décadas de cárcel y multa millonaria
Por tratarse del principal beneficiado de los sobornos de Odebrecht, la FGR le solicitó al juez que Emilio Lozoya sea condenado con las penas más altas que la ley contempla para los tres delitos que se le imputan, y que en total acumulan 46 años y seis meses de prisión sin derecho a ningún beneficio.
Por el delito específico de asociación delictuosa, solicita que se le impongan diez años de cárcel; por el de operaciones con recursos de procedencia ilícita 22 años y seis meses de prisión; y por el de cohecho una pena de 14 años de cárcel.
Además, los fiscales consideran que Lozoya debe hacerse acreedor a una multa acorde a las percepciones que recibió como Director General de Pemex. Como se calcula que sus ingresos diarios eran de 10 mil 975 pesos, y que los delitos que se le imputan acarrean 7 mil 950 días de multa, la sanción económica alcanza los 87 millones 252 mil 442 pesos. Esto sumado a otro pago por un monto de 6.3 millones de dólares que debe llevar a cabo por concepto de reparación del daño.
La Fiscalía también solicita que, como parte de la condena, le sea decomisado a Lozoya en forma definitiva el condominio en Ixtapa-Zihuatanejo que fue adquirido con recursos provenientes de las compañías implicadas en la red de sobornos. El inmueble ya se encuentra asegurado de manera provisional por las autoridades desde 2019.
En el caso de la señora Gilda Margarita, madre de Lozoya, los fiscales solicitan una pena de 10 años de cárcel por el delito de asociación delictuosa, y de 11 años y 3 meses por el de lavado de dinero. También piden que se le multe con el pago de 262 mil 748 pesos. En su caso y de ser condenada, la señora sí podría obtener algún beneficio como la prisión domiciliaria debido a su avanzada edad.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ARTURO ANGEL.
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