Señaló que el desalojo del Altepelmecalli, construida por la organización Pueblos Unidos de la Región Cholulteca y de los Volcanes tras tomar la planta de la embotelladora Bonafont, acusada del robo y sobreexplotación del agua, «es condenable política, legal y moralmente» y es una prueba de que los tres niveles de gobierno «se hallan maniatados ante el poder del capital financiero internacional».
Los integrantes del SNTE criticaron que la violencia contra Pueblos Unidos y la lucha contra el despojo del agua y la contaminación por parte de Bonafont y las industrias es igual que los casos de la resistencia contra la cervecera Constellation Brands en Mexicali o contra la empresa Lala en Coahuila.
«La legalidad o ilegalidad de las concesiones se halla a modo de los andamiajes y la estructura económica neoliberal que lleva años empobreciendo al pueblo», denunció el Sindicato.
Por ello, condenó la represión contra la organización de los pueblos en la planta Bonafont, así como la acción judicial persecutoria hacia los defensores del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua (FPDTA) y la criminalización contra los luchadores sociales.
Comunicado:
FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.
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