En la sesión extraordinaria, 15 diputados del PAN, PRI y MC decidieron votar en contra del dictamen que mantiene dicho delito, aunque nulifica dos apartados referentes a la ambigüedad de agresiones de posibles imputados en contra de la autoridad policiaca y otro más para no sancionar una presunción y apreciación policiaca alusiva al halconeo del crimen organizado. Además 33 diputados locales de Morena avalaron el dictamen.
Las tenues modificaciones legislativas las tuvo que hacer el gobierno de Veracruz y emitir el Congreso local un nuevo dictamen derivado de la presión de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), de políticos de oposición, barras de abogados, periodistas y organizaciones civiles.
En su intervención, el diputado del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Luis Antonio Luna Rosales, detalló que se derogaron las fracciones II y IV del artículo 331 para garantizar la seguridad jurídica a las y los veracruzanos.
“Para dimensionar la trascendencia de que el delito de ultrajes a la autoridad debe subsistir en nuestra legislación penal tenemos que situarnos en el papel que realizan quienes sirven al estado principalmente en materia de Seguridad Pública, procuración e impartición de justicia, labores que al desarrollarse lícitamente y en beneficio de la población en general implican exposición am peligro”, expresó.
En contraste, los diputados panistas Enrique Cambranis Torres y Jaime de la Garza consideraron que la población continúa vulnerable ante el temor de ser detenida sin justificación bajo la figura de ultrajes a la autoridad.
Los legisladores de oposición dijeron confiar en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declarará inconstitucional el delito de ultrajes a la autoridad en el estado de Veracruz.
La SCJN sesionara el día de mañana en la Ciudad de México para abordar dicho tema. En los círculos políticos locales esta sesión extraordinaria de hoy domingo fue considerará un “madruguete” de los diputados de Morena en contubernio con el Gobierno Estatal.
En la edición2365 de Proceso -actualmente en circulación- barras de abogados se quejan que la rigurosidad punitiva de este delito tiene en la cárcel a más de 4 mil personas, cientos de las cuales han tenido que negociar el retiro de la prisión preventiva oficiosa, mediante procedimientos abreviados, en los que incluso han tenido que ceder a “moches” y “prebendas” con jueces del Poder Judicial del Estado y Fiscales regionales.
El 11 de marzo del 2021, el Gobierno de Veracruz publicó el decreto número 848 por el que adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Penal en materia de extorsión, robo, despojo, ultrajes a la autoridad, contra las instituciones de seguridad pública y contra la seguridad de la comunidad. Está modificación otorga facultades extraordinarias a la Secretaría de Seguridad Pública y a la Policía Ministerial de la Fiscalía General del Estado (FGE) para detener a “presuntos delincuentes” y solicitar ante un juez prisión preventiva oficiosa de hasta un año, aunque la comisión del delito se consideré menor.
En entrevista, Fidel Ordóñez Solana, exsubprocurador de Justicia de Veracruz y director del despacho Ordóñez-Téllez y asociados considera que ahora los policías de Veracruz tienen un “arma muy poderosa” qué es la tipificación de un delito, “muy mal redactado” y avalado –insiste- por un gobernador y un Secretario de Gobierno, los cuales son ingenieros de profesión y desconocen del estado de derecho.
En su última rueda de prensa, Cuitláhuac García elucubró que el crimen organizado podría “estar detrás” –dijo” de “uno que otro abogado” para que vaya y hable con la prensa o se manifieste en la Plaza Lerdo –Zócalo de Xalapa- para hablar mal del delito de ultrajes a la autoridad.
“Nos quieren desarmar legalmente… ¿No creen ustedes que los grupos delictivos estarían muy interesados en pagar uno que otro abogado para que vayan y hablen mal del delito de ultrajes a la autoridad?, han de decir, hablen mal, por qué no la van a aplicar”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: NOÉ ZAVALETA.
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