En opinión de la CRE, esto viola el artículo 36 de la Ley del Servicio Público de Energía (LSPEE), que señala que los titulares de estos permisos “no podrán vender, revender o por cualquier acto jurídico enajenar capacidad o energía eléctrica, salvo en los casos previstos expresamente”.
En el documento, la comisión reguladora señala que podría imponer una multa millonaria, ya que la ley prevé 100 veces el salario mínimo de la Ciudad de México por cada KW generado. La planta tiene una capacidad máxima de 700, por lo que la sanción podría superar los 8 mil mdp.
Animal Político consultó con Iberdrola, pero la empresa señaló que por el momento no iba a dar declaraciones. Tampoco la CRE ni la Comisión Federal de Electricidad (CFE) quisieron hablar. Esta última se limitó a señalar que el expediente, en caso de existir, está en manos de la reguladora y que la relación con la planta de Pesquería se extinguió el pasado 31 de enero, cuando terminó el contrato, por lo que la planta tuvo que desconectarse.
El expediente fue iniciado tras una denuncia de la CFE presentada en septiembre de 2020. Para entonces, Iberdrola ya había presentado amparos contra varias iniciativas del gobierno federal: el acuerdo para otorgar Certificados de Energías Limpias y la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional.
En paralelo, la inconformidad del presidente Andrés Manuel López Obrador iba creciendo con la eléctrica, a quien acusa de tener contratos ventajosos y de perjudicar a los mexicanos. En este tiempo los señalamientos fueron subiendo de tono.
En octubre de 2021, un año después de que CFE presentara la denuncia, López Obrador acusó al gobierno español de parecer “un empleado” de Iberdrola. Aunque la escalada nunca llegó tan lejos como el miércoles, cuando el jefe del gobierno federal abogó por “pausar” las relaciones con España. Nuevamente, Iberdrola fue una de las compañías señaladas por el mandatario.
“Mercado paralelo”
El expediente sancionador se basa en que la CRE considera que hay permisos de autoabasto que se están empleando para crear un “mercado paralelo” ventajoso para las empresas pero que no respeta la ley. El sistema es el siguiente: se crea una sociedad, en la que entran socios que financian la central (en este caso Iberdrola) y otros muchos que entran y reciben la energía sin tener que pagar los costes de porteo, que siguen quedando en manos de la Comisión Federal de la Electricidad (CFE).
En el caso de la planta de Iberdrola de Pesquería, el primer permiso de 2002 contemplaba 47 empresas asociadas y la posibilidad de incrementarse a otras 109. Actualmente eran 497 las compañías que formaban parte de la sociedad.
En la resolución, de cuyo borrador tiene copia Animal Político, se señala que el expediente fue iniciado por una denuncia presentada por la CFE en septiembre de 2020 y que esta se basa en un análisis de las facturas emitidas entre 2019 y 2020. Con estos datos, la CRE consideró que “los actos de comercio entre la permisionaria y sus socios, cuyo objeto es la comercialización de la energía eléctrica generada por la central del permiso, desnaturalizan el autoabastecimiento”.
En este mismo documento se especifica las claves de la imputación contra Iberdrola. Por una parte, dice la CRE que “los permisos de autoabastecimiento tienen como objeto la generación de energía eléctrica destinada a la satisfacción de las necesidades propias de personas físicas o morales”. Acto seguido, señala que la ley determina que “la sociedad permisionaria no podrá vender, revender o por cualquier acto jurídico enajenar capacidad o energía eléctrica”. Y aquí está el punto central. En opinión de la comisión reguladora, este modelo violenta el espíritu de la norma.
Rosanety Barrios, analista en temas energéticos, explica la lógica del gobierno federal: “Las sociedades de autoabastecimiento se fundan con dos tipos de socios, unos capitalistas, que son los que ponen el dinero y la operan; otros con aportaciones mínimas, pero que firmaron contratos de compra de energía. Para entregar la energía de parte de la sociedad que administra el permiso, legalmente se considera una transferencia de propiedad. La genero, te la entrego y te cobro un cargo por entregarla. Esa figura legal de entregar la energía y hacer factura, para este gobierno es una venta no permitida. Para ellos es ilegal”.
Las sociedades de autoabastecimiento se crean en la Ley del Servicio Público de Energía de 1992 en un contexto previo a la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y buscaba “cubrir la creciente demanda de electricidad”, según Ramsés Pech, experto en Energía y Economía.
La reforma de 2013 respetó los derechos de estos permisos, aunque algunos ya estaban expirando. Manuel Bartlett, director de la CFE, lleva al menos dos décadas en una cruzada contra este formato, que siempre consideró irregular. Presentó dos controversias constitucionales después de alegar antes la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Nunca recibió el aval de la Corte, aunque esta tampoco entró al fondo del asunto.
“La ley lo permite”: experto
“Lo que se busca es cortar de raíz esta irregularidad que nace en el 92 y que se confirma y se protege y se cubre con la Reforma del 2013, eso se pretende”, dijo el martes Mario Morales Vielmas, director general de Intermediación de Contratos Legados de la CFE, durante su intervención en el parlamento abierto sobre la reforma energética.
Según sus cifras, existen 233 centrales de autoabasto, de las que 109 son consideradas ilegales y otras 124 que respetan “el espíritu original”. “¿Cuáles son las ilegales? Las ilegales son aquellas que por cierto hubo un amparo, el 22 del 2001, donde la Corte dice claramente que no se debe de vender energía eléctrica. Estas 109 centrales, análisis de escritorio, insisto, porque pueden ser más, tienen socios de dólar, las primeras del 2002, 2003, y luego tiene socios de cinco pesos”, dijo.
No todos piensan igual y hay expertos que refutan las tesis del gobierno federal. Víctor Ramírez, de Plataforma México, Clima y Energía, considera que “si están en la misma sociedad, no hay problema. La irregularidad sería si hubiese la venta por fuera. Pero dentro del autoabastecimiento, no hay nada ilegal”. “La ley permite ser parte de la sociedad. No estaba prohibido por la ley, estaba permitido”, asegura.
Por su parte, Ramsés Pech, experto en Energía y Economía, es de la misma idea: “se puede vender a los socios que están dentro del permiso”. En su opinión, el gobierno federal está intentando modificar las reglas del juego de forma retroactiva, sacando del negocio a competidores como Iberdrola. “Esto genera incertidumbre para las empresas”.
En algo coinciden todos: este es un proceso que terminará en manos de un juez. “Si hay algo irregular o ilegal, lo determinarán la CRE o un tribunal. Lo que dice la CFE o lo que pueda decir un privado no cuenta nada, son interpretaciones personales”, dice Paolo Salerno, abogado especialista en el Mercado Eléctrico. En su opinión, la solución debería ser que los contratos migren al mercado regular, siguiendo las bases de la reforma de 2013. “Esa es una facultad de la CRE de la que tendrá que dar cuenta. Si la CRE no lo hace tendrá sus razones y tendrá que explicarlas en un tribunal o en un arbitraje internacional”, afirma.
Arbitraje y migración al mercado son ideas que generan consenso entre los expertos. “Aquí el problema es que hasta que no exista una instancia mediadora que diga quien incurrió mal, estaremos como el animal que trata de agarrarse la cola y no puede. La CFE dice una cosa, Iberdrola dice otra y la CRE no termina de decir nada”, dice Pech, quien considera que ambas partes se están guardando sus argumentos para ponerlos ante el juez.
En opinión de Ramírez, que no haya denuncias presentadas ante la Fiscalía General de la República (FGR) prueba que no hay delito que perseguir, mientras que Barrios cree que el conflicto “debería resolverse con la migración de los permisos al nuevo esquema. Pero este gobierno no lo quiere y lo ha negado”.
La planta de Pesquería terminó su contrato de autoabastecimiento el 31 de enero. Meses atrás pidió que este fuese renovado según el esquema de la reforma de 2013. Sin embargo, la CFE no aceptó, por lo que tuvo que ser desconectada. Ahora dispone de 15 días desde que fue notificada para presentar sus alegaciones ante la CRE. La resolución de la reguladora no es el final del camino de este proceso, ya que la eléctrica española puede recurrir ante la justicia.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ALBERTO PRADILLA.
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