En ese sentido, mostró su preocupación por declaraciones de servidores públicos como el coordinador general de Comunicación Social de Presidencia de la República, Jesús Ramírez Cuevas, y el alcalde de Zitácuaro, Antonio Orihuela, quienes “negaron el vínculo entre el asesinato y la labor periodística, omitiendo por completo los antecedentes de amenazas previas contra el medio de comunicación, contraviniendo el Protocolo Homologado para Investigar Delitos contra la Libertad de Expresión”.
Mediante un comunicado, la agrupación indicó que las declaraciones revictimizan e ignoran las situaciones de precariedad en las que miles de periodistas ejercen su labor, lo cual les orilla a buscar más de una fuente de ingreso, por lo que instó a las autoridades a conducirse bajo estándares de derechos humanos.
Artículo 19 dijo haber documentado con personas cercanas al periodista, que Roberto Toledo desempeñaba diversas labores dentro del medio de comunicación encaminadas a difundir información de interés público.
Citó el Informe de la Relatoría especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión, según el cual periodista es una persona que observa, describe, documenta y analiza los acontecimientos, declaraciones y cualquier propuesta que pueda afectar a la sociedad, con el propósito de sistematizar esa información y reunir hechos y análisis para informar a los sectores de la sociedad o a ésta en su conjunto.
Así también, añadió, la propia Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y periodistas establece que periodistas “son las personas físicas, así como medios de comunicación y difusión públicos, comunitarios, privados, independientes, universitarios, experimentales o de cualquier otra índole cuyo trabajo consiste en recabar, generar, procesar, editar, comentar, opinar, difundir, publicar o proveer información, a través de cualquier medio de difusión y comunicación que puede ser impreso, radioeléctrico, digital o imagen”.
El pasado 27 de enero, dijo la organización, Monitor Michoacán denunció amenazas contra sus integrantes por cubrir temas de corrupción y señaló que, a través de una campaña de desprestigio, se les pretendió involucrar en actividades ilícitas.
“Tras la publicación que realizó el medio sobre el mal actuar de miembros de la Seguridad Pública de Zitácuaro, desde un perfil falso de Facebook se subió una foto del director del medio, Armando Linares, donde intentan vincularlo a algún grupo criminal. Ello con la finalidad de desacreditar tanto al medio como al periodista”.
Además, en un video publicado el mismo 27 de enero, integrantes del medio refieren: “Sabemos que los ataques vienen de la administración pública de Zitácuaro porque no señalamos a nadie excepto los errores es la actual administración que tiene 4 meses de haber comenzado… Dados los últimos asesinatos de periodistas que han señalado a gobiernos corruptos, lo mismo está pasando aquí”.
El día del asesinato de Toledo, el director del medio, Armando Linares, informó a través de una transmisión en vivo que el equipo de Monitor Michoacán “ha venido sufriendo una serie de amenazas de muerte; el día de hoy (31 de enero) esas amenazas se cumplieron y hoy asesinaron a uno de nuestros miembros. Exhibir corrupciones nos llevó a la muerte de uno de nuestros compañeros”.
Por lo anterior, Artículo 19 exigió a las autoridades omitir cualquier declaración que estigmatice la labor de Roberto Toledo y busque deslindar sin pruebas contundentes el ataque con el ejercicio de libertad de expresión del medio de comunicación.
También demandó que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) coadyuve con la Fiscalía General del Estado de Michoacán para garantizar que se investigue de manera imparcial, pronta, objetiva y diligente el atentado, tomando como una de las líneas de investigación la labor periodística de Roberto Toledo a través de la implementación del Protocolo Homologado para investigar delitos cometidos contra la Libertad de Expresión.
Al Mecanismo de Protección le solicitó implementar y dar cabal seguimiento a los planes de protección puestos en beneficio de quienes integran el medio Monitor Michoacán y familiares de Roberto Toledo para prevenir nuevas agresiones en su contra, además de que a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas le pidió brindar atención integral y oportuna a las víctimas indirectas de los hechos.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PEDRO ZAMORA BRISEÑO.
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