Lo anterior luego de que los abogados que participan o han participado en estas indagatorias fueron denunciados penalmente ante la Fiscalía por, presuntamente, extorsionar a sus clientes a cambio de supuestos favores que obtendrían con las autoridades, en supuesta complicidad con el exconsejero jurídico de la presidencia, Julio Scherer.
Entre esos casos se encuentran las indagatorias por lavado de dinero en el caso de la cooperativa Cruz Azul, los presuntos hechos de corrupción relacionados con concesiones de la empresa Aleática (antes OHL), y los hechos relacionados con presuntos desvíos en que participaron empresas factureras del caso Álvarez puga – Gómez Mont.
Autoridades de la Fiscalía confirmaron a Animal Político que hay cuatro carpetas de investigación en curso que involucran a diversos abogados y servidores públicos que han intervenido en múltiples casos. Las indagatorias se han abierto a partir de las denuncias presentadas ante la Fiscalía Especializada de Control Competencial y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, ambas adscritas a la FGR.
La primera de esas indagatorias ya fue enviada ante un juez del Reclusorio Norte y, en ella, se acusa a cuatro litigantes del despacho “Araujo, González, Peimbert, Robledo y Carrancá” (AGPRyC) de ser probables responsables de los delitos de extorsión, tráfico de influencias, asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Esto relacionado con la investigación abierta contra Juan Collado. El resto de las carpetas continúan en integración.
A continuación, se detallan los casos que están bajo la lupa de la FGR por los supuestos malos manejos de los despachos cercanos a Scherer.
El fraude en Cruz Azul
Este caso es investigado tanto por la FGR a nivel federal, así como por la Fiscalía de la Ciudad de México a nivel local. Lo que se indaga son malos manejos hasta por un monto de 43 mil millones de pesos que la gestión de Guillermo Álvarez habría llevado a cabo con el dinero de los cooperativistas de la cementera Cruz Azul cuando este era el director general de la misma.
Uno de los implicados en este caso es Ángel Junquera Sepúlveda, quien fungiera como apoderado legal de la cooperativa en la gestión de Álvarez. En contra de Junquera se libraron dos órdenes de aprehensión, una a nivel federal por lavado de dinero y delincuencia organizada, y otra a nivel local por administración fraudulenta.
Pero en octubre del año pasado la Fiscalía capitalina frenó el proceso penal en contra de Junquera y canceló la orden de aprehensión que se le había girado, luego de que este firmó con la cooperativa un acuerdo reparatorio en el que se comprometió a regresar 45 inmuebles por un valor de poco más de 700 millones de pesos.
Aunque este acuerdo no reparaba todo el daño del supuesto fraude cometido Junquera, los abogados de los cooperativistas, pertenecientes al despacho “García González y Barradas”, aconsejaron a sus clientes para que lo aceptaran. Acto seguido se firmó el convenio que establece que, a mas tardar en mayo de 2022, deben entregarse dichos inmuebles.
Lo que Junquera y sus abogados buscaban es que la firma de este convenio también les allanara el camino a una eventual exoneración a nivel federal, a través de acceder a un criterio de oportunidad. Esto ya que para la obtención de dicho criterio es obligatorio reparar el daño causado, lo que técnicamente se realizaría con la devolución de las propiedades.
Sin embargo, el año pasado Junquera a través de su hijo presentaron una denuncia ante la FGR en la que sostienen que fueron engañados y presionados por el despacho “García González y Barradas”, en supuesta colusión con Julio Scherer, para ceder su patrimonio a cambio de un beneficio al que no han accedido.
Sobre esta denuncia los abogados del despacho “García González y Barradas” aseguraron a este medio que toda su intervención en el caso Cruz Azul ha sido legal y persiguiendo el beneficio de los cooperativistas. Rechazaron estar implicado en tráfico de influencias a nivel local o federal.
El acuerdo con Ancira
El año pasado el empresario Alonso Ancira, principal accionista de la empresa Altos Hornos de México (AHMSA), logró salir del Reclusorio Norte luego de haber permanecido menos de tres meses en prisión. Esto tras firmar un acuerdo reparatorio con Petróleos Mexicanos en el que se comprometió a pagar, a plazos, mas de 200 millones de dólares.
Ancira fue acusado por la FGR de haber pagado sobornos en el sexenio pasado con los cuales consiguió que Petróleos Mexicanos, bajo la dirección de Emilio Lozoya, le comprara a AHMSA la planta Agronitrogenados en Veracruz con un importante sobreprecio que dejó pérdidas de miles de millones de pesos.
Tras saber que estaba siendo investigado el empresario escapó del país. Fue hasta mayo de 2019 cuando pudo ser detenido en España en cumplimiento de una orden de aprehensión y con una ficha roja de Interpol. Después siguió un largo proceso de extradición de casi dos años, en donde Ancira interpuso múltiples recursos para tratar de no enfrentar la justicia en México. Tras perder todas las batalles legales, fue enviado a nuestro país en febrero de 2021 y encarcelado en el Reclusorio Norte.
Pero en abril de ese mismo año el empresario recuperó su libertad. Lo hizo tras una negociación encabezada por su abogado Juan Araujo y litigantes del despacho AGPRyC en la que logró que Pemex aceptara retirar los cargos a cambio de la promesa de Ancira de entregar 200 millones de dólares a la compañía en un periodo de dos años.
Aunque la Fiscalía respaldó en su momento esta solución, en los últimos meses ha expresado al juez responsable del proceso su desacuerdo en la forma en como el empresario ha “cumplido” con algunas cláusulas del convenio como, por ejemplo, la constitución de un fideicomiso para garantizar que se cumpla con dicha reparación del daño.
Autoridades federales explicaron que, si bien el acuerdo reparatorio es una salida alterna válida para un proceso penal, desde que se comenzaron a recibir las denuncias formales en contra de Araujo y de Scherer la FGR indaga si hubo acuerdos irregulares o tráfico de influencias detrás de esta solución que le permitió a Ancira no solo dejar la cárcel, sino volver a salir del país.
La “cooperación” de Zebadúa
El exoficial mayor de la Sedesol y Sedatu en el sexenio pasado, Emilio Zebadúa, tiene serias acusaciones en su contra. Tanto la Unidad de inteligencia Financiera, así como la Auditoría Superior de la Federación (ASF) han presentado denuncias penales en la que lo responsabilizan del desvío de más de tres mil millones de pesos y de operaciones de lavado de dinero.
Se trata, según reconocen autoridades de la propia FGR, de una de las piezas claves en el entramado de la llamada “Estafa Maestra”.
En agosto de 2019 Zebadúa fue citado a comparecer ante un juez de Reclusorio Sur para ser imputado por los desvíos ocurridos en las secretarías donde trabajó, pero no se presentó. A aquella audiencia inicial solo acudió su exjefa, Rosario Robles, quien fue procesada y detenida. Desde aquella fecha la exsecretaria de Estado se encuentra presa.
Zebadúa, en cambio, logró evitar los juzgados y la cárcel. Bajo la asesoría del referido despacho “Araujo, Gonzalez, Peimbert, Robledo y Carrancá”, logró que se detuviera la persecución penal en su contra y negoció que se le concediera un criterio de oportunidad. A cambio presentó una denuncia en la que señalaba que el exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, era el responsable del esquema de “La Estafa Maestra”.
Hasta la fecha y aun cuando no ha reparado ningún daño, Emilio Zebadúa ha podido continuar en libertad. Pero tras las denuncias en contra de sus abogados, quienes dejaron su representación hace unos meses, la FGR revisa las condiciones en que el exoficial Mayor ha sido favorecido sin que se consolide aun el criterio de oportunidad que estaba buscando.
Retrasos en el caso Puga – Gómez Mont
Desde 2019 el gobierno de México encontró evidencia de que el abogado Víctor Manuel Álvarez Puga y su esposa, la conducta Inés Gómez Mont, estaban implicados en una operación fraudulenta y bien organizada a través de la cual se habían logrado desviar con empresas factureras casi tres mil millones de pesos en el sexenio pasado.
Ese mismo año la Unidad de inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y la Procuraduría Fiscal entregaron a la FGR información a la entonces Subprocuraduría Especializada en Investigación de delincuencia Organizada (SEIDO) que, en noviembre de 2019, abrió la carpeta de investigación correspondiente.
Sin embargo, durante casi año y medio no se procedió penalmente en contra de Álvarez Puga y las compañías factureras. Fue hasta septiembre de 2021, justo una semana después de la renuncia de julio Scherer a la consejería jurídica de la Presidencia, cuando la Fiscalía pudo obtener una orden de aprehensión en contra de la pareja que, para ese momento, ya había salido del país.
En las denuncias presentadas ante la FGR se reporta que despachos de abogados ligados al exconsejero de la Presidencia habrían gestionado e incluso presionado a las autoridades para retrasar cualquier tipo de acción penal en contra de Álvarez Puga y su red de empresas factureras.
De acuerdo con autoridades ministeriales, en este caso se investigan pagos de presuntos sobornos o entrega de bienes a los abogados o exfuncionarios, entre los cuales podría haber incluso propiedades, a cambio de la supuesta protección legal.
OHL y Paulo Diez
Desde el sexenio pasado la constructora española OHL (hoy llamada Aleática) ha mantenido un fuerte litigio en contra el abogado Paulo Diez, luego de que este se ha encargado de denunciar públicamente presuntos hechos de corrupción en torno a las concesiones que el Estado mexicano le ha cedido a dicha empresa. Particularmente, Diez ha documentado irregularidades en las concesiones de vías de paga como el Circuito Exterior Mexiquense o el Viaducto Bicentenario.
Tras el cambio de sexenio, el abogado ha reportado que la presunta complicidad y hasta protección a los hechos de corrupción prevalece tanto en el gobierno federal como en el del estado de México.
En 2021 Diez acusó públicamente a Julio Scherer de “mentirle al presidente” al informarle que la corrupción de OHL había terminado. En cambio, señaló al entonces consejero jurídico de la Presidencia de trabajar sus influencias para proteger los intereses de la conocida constructora.
A finales del año pasado Diez presentó una denuncia penal – que ha ido ampliando progresivamente – y en la que advirtió que Scherer en colusión con diversos grupos de abogados, entre ellos los del despacho “Araujo, Gonzalez, Peimbert, Robledo y Carrancá”, han traficado influencias no solo ante autoridades ministeriales sino también ante poderes judiciales. Con ello han conseguido detener las acciones y resoluciones legales en contra de Aleática.
El viernes pasado el abogado confirmó en un comunicado la existencia de esta denuncia y señaló que detrás de los presuntos hechos irregulares podría estar un fideicomiso denominado IFM Global Infrastructure Fund, el cual fue constituido sin personalidad jurídica en las Islas Caimán.
Cabe señalar que Diez fue el primero en revelar públicamente la existencia del presunto tráfico de influencias entre la FGR (antes PGR) con la consejería jurídica y despacho de abogados. Recalcó que se trata de mecanismos de extorsión y corrupción que se implementó desde el sexenio pasado cuando Humberto Castillejos ocupaba la consejería jurídica, pero que ya en el actual sexenio se ha continuado y profundizado.
Collado: el acuerdo fallido
El abogado Juan Collado Mocelo, quien ha representado legalmente ha importantes figuras políticas sobretodo del PRI como el expresidente Enrique Peña Nieto, fue detenido en julio de 2019 cuando comía en un restaurante con el exdirigente del sindicato Petrolero, Carlos Romero Deschamps.
El conocido litigante fue trasladado al Reclusorio Preventivo Norte donde permanece hasta la fecha. Enfrenta varios procesos penales a nivel federal y local por delitos como delincuencia organizada, lavado de dinero, peculado, entre otros.
El año pasado, según una denuncia presentada por el propio Coello a través de su hermano, comenzó a ser asesorado por los abogados del despacho AGPRyC para la obtención de un supuesto criterio de oportunidad que le permitiría recuperar su libertad a más tardar en diciembre de 2021. Los litigantes le indicaron que aprovecharían su cercanía con Scherer para obtener dicho beneficio en el menor tiempo posible.
Sin embargo, dicho acuerdo no se consiguió y Collado denunció que el dinero que pagó a dichos litigantes fue producto de una extorsión más que de una negociación. Tras verificar la información la Fiscalía encontró indicios que le permiten presumir que los abogados cometieron, por lo menos, cuatro delitos. Los resultados de la indagatoria inicial ya fueron presentados ante un juez.
Sobre la situación de Collado, autoridades federales confirmaron que se revisará si la concesión del criterio de oportunidad es procedente a partir de la información que ha otorgado para denunciar estos hechos.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ARTURO ANGEL.
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