Además, aseguró que el ofrecimiento del Acuerdo Reparatorio que hace dicha constructora es “una burla” e “insuficiente”, pues “no representa ni garantiza los gastos para resarcir los daños y continuar con una vida libre de complicaciones” para las víctimas y sus familias.
No obstante, advirtió que, aunque la autoridad trate de frenar la imputación contra la empresa del Grupo Carso, “se va a continuar con la imputación para que los directivos de CICSA sean citados como responsables de la tragedia de la Línea 12 ante un juez de control”.
Así lo declaró el litigante, luego de que esta tarde la fiscal Ernestina Godoy reiteró que 80% de las víctimas ya firmaron dicho Acuerdo y llamó al 20% restante a que lo hagan para evitar “un juicio largo” que al final terminaría por ordenar la reparación integral del daño.
En un comunicado, Teófilo Benítez aseguró que el porcentaje de avance que mencionó la fiscal “es resultado de la presión y del litigio que inició el Ministerio Público en favor de la empresa de Carlos Slim que no ha sido inculpada y que, lejos de responder ante los órganos judiciales, ha sido beneficiada y exculpada de los hechos del 3 de mayo de 2021”.
Agregó que solo dos de sus representados recibieron la propuesta de CICSA, pero denunció que continúa el “acoso” de las autoridades a los afectados sin que sea sancionado. Por el contrario, dijo, “han tenido que soportar la indolencia de autoridades, como de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas”, cuyo titular es Armando Ocampo.
Presión y engaño
El litigante expuso dos ejemplos de esta situación: Una de las víctimas fue citada en el centro de Bienestar “Gilberto Ensástiga”, en la alcaldía Tláhuac, donde “fue llamada a escondidas para intentar convencerla de aceptar la propuesta de reparación del daño, sin que estuvieran presentes sus asesores jurídicos”.
Y siguió: "Le dijeron que no le harían propuesta alguna, sino más bien la cita fue con el pretexto de pagarle sus medicamentos pendientes desde el mes de noviembre. Pero una vez que se encontraba en dicho centro le retiraron su celular, argumentándole que no podía grabar nada de lo que ahí se discutiera. La víctima tuvo que esperar más de cuatro horas y observó la entrada y salida de personas, que entre ellas se comentaban si habían o no aceptado el convenio, que al final fue lo que le propusieron".
En otro caso, explicó, las autoridades "citaron a otra víctima en la sede de Luis Moya –donde se ubica la dirección general del Metro-, obligándolo a dejar su teléfono celular y escuchar cuestionamientos sobre la prohibición de grabar las conversaciones con las autoridades. Ahí se encontraba un representante de la Fiscalía General de Justicia de la Unidad de Medicación así como del Centro (sic) de Atención a Víctimas, mediando a favor de la empresa CICSA".
En ambos casos, agregó, los representantes del gobierno capitalino y de la FGJ local “reiteraron a los afectados que ignoraran la asesoría de sus abogados y los presionaban para firmar el convenio reparatorio”. Peor aún, añadió, solo en tres casos, las víctimas han sido citadas en las oficinas centrales de la Fiscalía, en la Unidad de Mediación Especializada, y sin la presencia de los representantes de Grupo Carso.
Por todo ello, Benítez consideró que el gobierno de Claudia Sheinbaum “ha desplegado un aparato de prevención en complicidad con la Fiscalía que encabeza Ernestina Godoy para concretar la aceptación de los acuerdos reparatorios antes de que se cumpla un año” del colapso de la trabe metálica del tramo elevado de la Línea 12.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: SARA PANTOJA.
FECHA: 2 FEBRERO 2021.
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