“Somos una empresa que cotiza en Bolsa y que además debe cumplir con las leyes anticorrupción de Estados Unidos que regulan las operaciones de empresas estadounidenses en el extranjero. En caso de incumplir con esas leyes puede haber fuertes sanciones económicas y cárcel para los responsables”, explicó el directivo en entrevista con Luis Miguel González y Diego Badillo.
La investigación estuvo a cargo de un tercero y contó con el apoyo de al menos seis abogados de Baker Hughes que se encargaron de integrar la información y verificar que fuera correcta. Se revisó toda la información que contenía la computadora de Keith Schilling y otras fuentes relacionadas con la renta de la propiedad a Carolyn Adams, esposa de José Ramón López Beltrán.
“El despacho externo que hizo el trabajo es McConnell Group. No encontró nada ilegal. Pueden decir que lo importante es que fue contratada por nosotros, pero yo quiero subrayar que las leyes estadounidenses establecen sanciones también para ellos, en caso de que no hicieran bien su trabajo. Además tiene una reputación que cuidar, ¿por qué arriesgar tanto por hacer un trabajo a modo”, se pregunta Pérez.
Una de las legislaciones anticorrupción que deben cumplir las empresas estadounidenses con operaciones fuera de su país es la Ley de Practicas Corruptas en el Extranjero, que establece sanciones fuertes de acreditarse la violación de sus disposiciones.
La investigación periodística vincula la renta de la casa en Houston, por parte de un ejecutivo de Baker Hughes con un incremento en la facturación de esta empresa en México.
Bob Pérez ofreció a El Economista su versión de los hechos: Él llegó a México en 2019, donde antes había trabajado en empresas del sector energético. Baker Hughes pasó de facturar 2,900 millones de pesos en 2018 a 8,859 millones de pesos en 2021. En México, esta empresa emplea a 1,200 personas de manera directa y alrededor de “el incremento es importante, pero esto tiene que ver con que el volumen de negocio creció para todos los proveedores de Pemex”.
“No es correcto decir que tuvimos un trato diferente al de otras empresas que venden servicios a Pemex. Esto se puede verificar porque los datos son públicos y están a disposición de quien los quiera consultar”, afirmó Pérez.
La información proporcionada por la empresa que dirige Octavio Romero Oropeza confirma que fueron varios los proveedores que incrementaron su facturación a Pemex, el número uno es la mexicana Cotemar, que pasó de 12,409 millones en 2018 a 18,757 millones en 2021. El segundo mayor proveedor es la empresa de origen suizo, Dowell Schlumberger, que tuvo 11,396 millones en 2018 y llegó a 16,398 millones en 2021. En esos años, del 2018 al 2021, las 25 mayores proveedoras de Pemex pasaron de recibir pagos por 73,186 millones en el último año del Gobierno de Peña Nieto a 164,494 millones en el tercer año de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.
El negocio de Baker Hughes creció por incremento de la actividad petrolera en México, insistió Bob Pérez. “Entre 2018 y 2021 se duplicaron las plataformas activas, por lo que todas las contratistas resultaron beneficiadas. Si tú fueras a hablar con cualquier proveedor y dices oye, tú vendes hoy el doble de lo que vendías en 2018; pues acompañé el mercado. No es que lo ocurrido con Baker Hughes esté fuera de proporción con lo ocurrido con los competidores”.
¿Cómo cambiará este caso a Baker Hughes en México?, le preguntó El Economista a Bob Pérez.
“Nos servirá para fortalecer la cultura de cumplimiento (compliance)… estoy seguro de que no hemos hecho nada malo y confío en que esto quede claro conforme se conozca toda la información pertinente”.
En el mismo sentido, en su columna en El Financiero, el periodista Raymundo Rivapalacio, indicó que “la ‘casa gris’, desde el punto de vista legal, es un caso cerrado, pero en el ring de la arena pública, fue un round más. Las dos trincheras arden y no parará la confrontación, quizás, hasta el final del sexenio”.
Anotó que “en 20 de los 21 diarios de información en la Ciudad de México, el resultado de la auditoría que mandó a hacer la petrolera Baker Hughes, que concluyó que no hubo conflicto de interés en el arrendamiento de una casa en Houston, propiedad de un ejecutivo de la empresa, donde vivió el hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador, fue enterrado en las páginas interiores”.
Sobre las descalificaciones a la auditoría solicitada por Baker Hughes, insinuando que era ilegítima porque la hizo una parte involucrada, el periodista indicó que “ese análisis es incorrecto por varias razones. Una de ellas es que la auditoría no la hizo in-house la empresa directamente, sino contrató un reputado despacho de abogados en Houston, R. McConnel Group, que entre sus especialidades está el cumplimiento corporativo de normas éticas (compliance). Sus investigadores realizaron exámenes forenses y revisaron archivos y correos electrónicos de la computadora de Keith Schilling, el exejecutivo que rentó su casa a la esposa de José Ramón López Beltrán, antes de concluir:
1.- Schilling no tuvo responsabilidad ni estuvo involucrado en ningún trabajo de Baker Hughes en México, incluidos los negocios con Pemex.
2.- La compañía Baker Hughes no tuvo conocimiento de la operación de arrendamiento.
3.- La renta se hizo después de que Schilling fuera enviado en comisión a Canadá.
4.- No se encontró ninguna implicación con el hijo del Presidente, ni comportamiento o conducta inapropiada por parte de Baker Hughes en la operación de arrendamiento.
La percepción de conflicto de interés debería haber quedado sellada con esta investigación”.
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