Se trata de dos vehículos que fueron descubiertos por el colectivo de familiares de desaparecidos a manos de la Armada de México. Por aquel entonces el alcalde tenía como escoltas a integrantes de la Marina, aunque las víctimas sospechan que esos vehículos apócrifos, ya que no portaban placas oficiales, pudiesen utilizarse en alguna de las desapariciones que denuncian. El 15 de agosto de ese mismo año, elementos de la fiscalía decomisaron las camionetas en el C4 de Nuevo Laredo.
Por el momento solo ha trascendido que el 3 de febrero tuvo lugar la audiencia inicial ante un juez federal en Reynosa, Tamaulipas y que este decidirá la próxima semana si vincula a proceso o no al alcalde.
Por el momento Rivas Cuéllar está señalado por un presunto delito de “uso indebido de condecoraciones, uniformes, grados jerárquicos, divisas, insignias y siglas”, según el artículo 250 1 bis del Código Penal Federal. Este prevé penas de entre uno y seis años de cárcel por almacenar “vehículos con balizaje, colores, equipamiento, originales, falsificados o con apariencia tal que se asemejen a los vehículos utilizados por las fuerzas armadas o instituciones de seguridad pública”. Sin embargo, la pena puede ser de entre 5 y 12 años de cárcel en el caso de que dichos vehículos sean utilizados para la comisión de un delito.
Animal Político quiso conocer la versión de Rivas Cuéllar, que al cierre de la edición no había dado respuesta. El expresidente municipal estuvo al frente del gobierno de Nuevo Laredo en dos períodos: entre 2016 y 2018 y luego hasta 2021, cuando pidió licencia para competir como diputado local pero no logró su curul.
El caso está siendo investigado dentro de la carpeta FED/SDHPDSC/FEIDDF-TAM/0000445/2018 y está en manos de la Fiscalía Especializada en Materia de Desaparición Forzosa, ya que forma parte de las pesquisas sobre la ola de desapariciones atribuidas a la Marina entre febrero y junio de 2018. Al menos una familia señala a los escoltas de Rivas Cuéllar y las camionetas que estos utilizaban como presentes en una de las desapariciones. Se trata de los allegados de Juan Carlos Pérez Navarro, desaparecido el 21 de mayo de 2018.
La FGR tiene abiertas 34 carpetas de investigación por 47 desapariciones, aunque 20 de ellos fueron localizados sin vida. Animal Político reveló que hubo al menos otro caso más que tuvo lugar en diciembre, apenas dos semanas después de que Andrés Manuel López Obrador llegase al gobierno y cuando la mayoría de efectivos de la secretaría de Marina ya habían sido retirados de la ciudad fronteriza.
Actualmente hay 18 marinos en prisión acusados de tres desapariciones forzosas: las de Noé Alférez Hernández y Jonathan Ballesteros, Julio César Viramontes y José Luis Bautista Carrillo. En un primer momento fueron 30 los encarcelados. Entre ellos se encontraba Alfredo Reyes Mondragón, jefe de la Unidad de Operaciones Especiales (UNOPES) en Nuevo Laredo, pero fue liberado tras presentar un amparo. Actualmente el caso está paralizado a la espera de que el juez resuelva los amparos presentados por el resto de integrantes de la Armada de México, que llevan ya casi un año en prisión.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ALBERTO PRADILLA.
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