El Gobierno estatal dio a conocer que los exfuncionarios son acusados de enriquecimiento ilícito, ejercicio indebido de funciones, tráfico de influencias, cohecho, peculado, asociación delictuosa, delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La Secretaria de Contraloría, Azucena Marín Correa, y el Secretario de Gobierno, Carlos Torres Piña, dieron a conocer que las denuncias fueron presentadas el pasado 16 de febrero ante las fiscalías especializadas en materia de Delincuencia Organizada y de Combate a la Corrupción, así como en la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y en la Subprocuraduría Fiscal de Investigaciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Los funcionarios detallaron que los probables delitos en agravio del Gobierno del Estado de Michoacán son: enriquecimiento ilícito, ejercicio indebido de funciones, tráfico de influencias, cohecho, peculado, asociación delictuosa, delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Carlos Torres Piña aclaró que, por la naturaleza de las denuncias e investigaciones, el Gobierno de Michoacán mantendrá la secrecía sobre los detalles de las denuncias; no obstante, informó que entre los hallazgos que se hicieron se encontró que se firmaron contratos con una empresa que no contaba con la capacidad económica y jurídica suficiente para prestar servicio al momento de su contratación, además de que realizaron pagos con cantidades excesivas y adjudicaciones de inmuebles, por encima de su valor comercial por más de 652 millones de pesos.
🔴▶️ #ENVIVO | Encuentro con medios de comunicación sobre denuncias por irregularidades en la administración pasada.
— Gobierno Michoacán (@GobMichoacan) February 21, 2022
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Además, agregó que otros siete exservidores públicos fueron denunciados ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por presuntos delitos de ejercicio indebido de funciones, cohecho y peculado, en virtud de que se detectaron documentos alterados, cheques extraordinarios a sus percepciones salariales y transferencias a empresas calificadas como irregulares por la SHCP.
Añadió que dichas denuncias podrían ampliarse si en las demás investigaciones de auditoría resultan otros implicados en los probables delitos cometidos en agravio del Gobierno estatal.
Finalmente, explicó que de acuerdo con la información obtenida y conforme avance la investigación, se pueden llegar a presentar hasta 18 denuncias en total, sólo de este mismo hallazgo en una dependencia.
Desde su salida del Gobierno estatal, el 30 de septiembre pasado, Silvano Aureoles -del Partido de la Revolución Democrática (PRD)- ha sido denunciado por diversas irregularidades detectadas por la actual administración de Alfredo Ramírez Bedolla.
A principios de octubre de 2021, el exgobierno de Aureoles fue acusado de gastar en seis años mil 200 millones de pesos en la renta de siete aeronaves que se usaron para trasladar a funcionarios, vigilancia y algunas emergencias.
Pues de acuerdo con la información oficial, Aureoles Conejo habría firmado en 2015 un contrato con la empresa B3 Fly Services S.A. de C.V. para rentar seis helicópteros y un avión sigiloso.
Además, supuestamente, el perredista Silvano Aureoles habría dejado vacías las arcas del Gobierno de Michoacán. El Secretario de Finanzas y Administración, Luis Navarro García, señaló que el exgobernador dejó 85 pesos en una de las cuentas bancarias y 600 pesos en otra.
“Dejó las arcas vacías, debió dejar presupuesto para los tres últimos meses de 2021”, dijo Navarro.
Posteriormente, en noviembre, el actual Gobernador Ramírez Bedolla denunció que el exfuncionario Silvano Aureoles habría comprado un software de espionaje a una empresa de Víctor Manuel Álvarez Puga, esposo de la conductora de televisión Inés Gómez Mont, ambos perseguidos por la Fiscalía General por su probable responsabilidad en operaciones de lavado de dinero y desvío de recursos.
En conferencia de prensa, Bedolla detalló que la administración de Silvano Aureoles firmó un contrato en 2017 por la cantidad de 19.5 millones de dólares para el monitoreo y actualización de las direcciones IP de dispositivos electrónicos en todo el estado, y que en cada uno de los municipios se utilizaron 12 computadoras para “su servicio y mantenimiento”.
Ramírez Bedolla dijo que no se sabe a quiénes espiaban ni con qué fines. No obstante, señaló que en la pasada administración se utilizaba un modelo de fraude mediante el arrendamiento, pues mencionó que se rentaban patrullas, el Centro Estatal de Comando, Comunicaciones, Cómputo, Control, Coordinación e Inteligencia (C-5), helicópteros e incluso cuarteles de la policía.
A este descubrimiento se le suma al hallazgo de un lujoso búnker con paredes y ventanales antibalas, así como con jacuzzis, baño sauna y un pasadizo secreto, que Aureoles habría utilizado en la residencia oficial del mandatario estatal, ubicada en la ciudad de Morelia, capital de Michoacán.
Aunque Aureoles dijo que durante su mandato –del 01 de octubre del 2015 al 30 de septiembre del 2021- no realizó ninguna modificación a la llamada Casa de Gobierno, una investigación demostró que en agosto del 2020 su Gobierno pagó 14 millones de pesos a la empresa “RECAM Construcción S.A de C.V.” para la ampliación, mejoramiento, rehabilitación y modernización de la residencia oficial.
AUTOR: REDACCIÓN.
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