Los fabricantes de armas de Estados Unidos tenían como plazo hasta el 28 de febrero de este año para responder a la moción presentada por los abogados de la Secretaría de Relaciones Exteriores mexicana, para llevar a cabo el juicio de su demanda civil sobre el tráfico de armamento.
El juez Saylor aceptó la petición de las ocho empresas fabricantes de armas demandadas por el gobierno de México, de presentar su respuesta a la exigencia de llevar a cabo el juicio en su contra en la demanda civil.
Por fallo del magistrado de Massachusetts, los armeros demandados tienen que presentar su respuesta a la posición de México en una explicación de no más de 15 páginas, el próximo 14 de marzo o antes.
En agosto del año pasado la cancillería mexicana demandó en Massachusetts a los ocho fabricantes de armas, acusándolos de negligencia en el tráfico ilegal de armas de Estados Unidos a México que empodera al crimen organizado.
El gobierno mexicano calcula que son entre 500 y 800 mil armas de fuego de alto calibre las que anualmente se trafican de manera ilegal de Estados Unidos a México, involucradas en el asesinato de miles de personas civiles inocentes.
Las ocho empresas estadunidenses proclaman inocencia en el tráfico ilegal de armas bajo las leyes de su país de carácter nacional, mientras que México les exige una compensación de unos 16 mil millones de dólares para los deudos de los mexicanos asesinados con armas estadunidenses.
La demanda judicial civil del gobierno mexicano es contra, Smith and Wesson, Barrett Firearms Manufacturing, Beretta USA, Beretta Holding SPA, Century International Arms, Colt’s Manufacturing Company, Glock, Glock GES MBH, Strum, Ruger and Co., y Witmer Public Safety Group e Interstate Arms.
La pandemia de covid-19 ha impedido la realización de audiencias presenciales en el litigo en Massachusetts, al cual se le considera como icónico, al establecer el hecho de que un país demanda a las poderosas empresas estadunidenses fabricantes de armas.
Una vez presentada la respuesta de las ocho empresas estadunidenses, el juez Saylor debe emitir una decisión dos meses después y enseguida las partes tiene un plazo de 45 días para apelar de la decisión del magistrado; ya sea a favor de realizar el juicio o en contra.
En caso de que el juez federal favorezca la posición y pedido del gobierno de México, los tiempos legales para iniciar un juicio se calculan para el verano de este mismo año.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: J. JESÚS ESQUIVEL.
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