Autoridades judiciales revelaron a Animal Político que el juez a cargo del proceso, José Rivas González, resolvió la suspensión del proceso en curso y ordenó además la devolución de los documentos que se le habían retenido al exfuncionario federal para que no intentara salir del país. Aunque la Fiscalía General de la República (FGR) intentó inconformarse, la decisión definitiva fue confirmada por un tribunal federal.
El propio Guajardo confirmó a este medio la suspensión del proceso penal iniciado en su contra, aunque sostuvo que no es algo que él haya solicitado directamente, sino que fue resultado de las gestiones que hizo ante la Cámara de Diputados para recuperar su pasaporte.
No obstante, en la FGR sostienen que fue el exfuncionario federal – hoy diputado federal por el PRI – quien promovió la suspensión de su proceso.
El proceso penal en contra de Guajardo se había iniciado en julio del año pasado luego de que la FGR, a través de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC), integró una carpeta de investigación en su contra a partir de la denuncia que presentó la Secretaría de la Función Pública el 12 de octubre de 2020.
De acuerdo con la indagatoria, al exfuncionario del gabinete de Peña Nieto se le encontró una cuenta en el extranjero con un saldo de 8 millones 169 mil pesos que no reportó en sus declaraciones patrimoniales y que no se justifica con los ingresos que sostenía. La Fiscalía indicó que, aunque Guajardo argumentó que este recurso estaba relacionado con l mitad de un inmueble que le habían dejado como herencia, las cantidades ahí expresadas no corresponden al monto encontrado en las referidas cuentas.
Tras poco más de seis meses de indagatorias la FECC decidió presentar el caso ante el juez de control correspondiente del Reclusorio Norte y solicitó que se iniciara el proceso penal en contra de Guajardo por posible enriquecimiento ilícito. Es un delito que, de acuerdo con el Código Penal Federal, alcanza hasta los xx años de cárcel.
Luego de revisar los datos de prueba y escuchar a la defensa, el juez consideró que había evidencia inicial suficiente para vincular a proceso a Guajardo. Ordenó que se le retiraran los documentos de viaje como medida cautelar para prevenir que escapara, y autorizó un periodo de cuatro meses más que siguiera la investigación complementaria.
Ahora, con la suspensión del dictada por el juez federal, que además fue ratificada por un Tribunal federal luego de que la FGR intentó inconformarse, el proceso penal ha quedado detenido durante todo el tiempo que Guajardo goce de la protección constitucional que le otorga el fuero de legislador federal. Es decir, por lo menos hasta agosto del 2024.
De acuerdo con expertos penalistas consultados por este medio, para que la Fiscalía pueda proceder en contra del exsecretario de Economía sin tener que esperar tres años necesita promover un juicio de procedencia ante la Cámara de Diputados, con la finalidad de que el legislador pudiera ser desaforado.
No me escondo; soy inocente: Guajardo
En entrevista telefónica con este medio el diputado federal del PRI negó que haya usado su fuero constitucional para protegerse del proceso que se había iniciado en su contra, pus reiteró que él es totalmente inocente y es el más interesado en que este asunto se clarifique.
Contrario a lo señalado por la Fiscalía, en donde sostienen que fue el funcionario quien buscó la suspensión del caso, Guajardo explicó que lo que él promovió fue que se le regresara el pasaporte que se le había retirado como medida cautelar por orden del juez.
“Lo que yo pedí a la Cámara de Diputados es que diera fe de mis funciones y obligaciones, sobretodo como titular del Grupo de Amistad Parlamentaria México – Canadá que me puede acarrear la necesidad de viajar. La Cámara reportó esto ante el juzgado y ahí fue como el juez tomó la determinación de suspender el proceso”, señaló.
El exsecretario de Economía dijo que cuando el Tribunal federal que revisó el tema tras la inconformidad les pidió un posicionamiento, lo que él y sus abogados reiteraron en su comunicación era la necesidad de recuperar sus documentos para cumplir con sus obligaciones como legislador, más no que se detuviera todo el procedimiento.
En ese contexto Guajardo Villarreal insistió en que las acusaciones promovidas en su contra no tienen mayor sustento, y que tiene los datos para proba que los depósitos que se le hicieron no tienen un origen ilícito, sino que están relacionados con temas familiares y con una herencia. Acusó que la Fiscalía nunca le dio la oportunidad de argumentar y entregar la documentación que le hubiera permitido desvirtuar los señalamientos sobe el supuesto enriquecimiento.
Guajardo se dijo dispuesto a acercarse con la Fiscalía aun cuando el proceso penal se encuentre detenido con la finalidad de colaborar con las investigaciones. “Soy el más interesado que esto se aclare lo mas pronto posible”, insistió.
Los otros casos pendientes
En agosto del año pasado este medio publicó que además del caso de enriquecimiento ilícito, tanto la Secretaría de Hacienda, así como la FGR, tienen en curso otras carpetas de investigación relacionadas con supuestas irregularidades en la gestión de Guajardo al frente de la Secretaría de Economía.
Por ejemplo, existe una carpeta de investigación en su contra por la posible comisión de delitos fiscales, así como otra relacionada con presuntos hechos de corrupción y malas gestiones en la operación de la empresa estatal Exportadora de Sal S.A. de C.V. que habrían dejado pérdidas millonarias. Son casos en los que Guajardo asegura no tener tampoco ninguna responsabilidad.
Las autoridades indicaron que, aunque estas carpetas de investigación están en curso, no es posible judicializar ninguna debido al fuero con el que cuenta el hoy legislador federal.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ARTURO ANGEL.
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