De acuerdo con el plan anual de auditorías para la fiscalización de la Cuenta Pública de 2020, que se publicó en febrero de 2021, este año se conocería el estudio de los fideicomisos, pero el viernes pasado, la ASF notificó en el Diario Oficial de la Federación que lo daba “de baja”. Esto significa que no será reprogramado para presentarse posteriormente, sino que está cancelado definitivamente.
También dio de baja la auditoría a Mex Gas, una subsidiaria de Pemex constituida en las Islas Caimán, cuyas ganancias han estado en opacidad desde el inicio de operaciones y será la encargada de operar Gas Bienestar. La auditoría a la SEP sobre “Evaluación de la Política Educativa en el Desarrollo de México” sería reprogramada y el estudio a la Semarnat sobre el “Panorama Anual del Agua” también fue cancelado.
Animal Político preguntó a la ASF la razón para dar de baja dichas revisiones y estudios, y aunque respondió que es una práctica “común” permitida en la ley, no explicó cuáles fueron las razones de suspender esas en específico.
La extinción de fideicomisos comenzó con el decreto del presidente López Obrador del 2 de abril de 2020, que daría al gobierno una bolsa de poco más de 740 mil millones de pesos, de acuerdo con el reporte de Hacienda sobre las finanzas públicas.
El dinero sería utilizado para la reactivación económica, a través de créditos que impulsen la industria de la construcción para reactivar pronto la economía y generar empleos. Y también, para apuntalar a Pemex por la caída en los precios del petróleo, dijo el presidente en abril de 2020.
Aunque algunos de los fideicomisos financiaban estrategias de salud, deporte, ciencia y tecnología que incluso dejaron varados a estudiantes en el extranjero por algunos meses, el mandatario afirmó que quienes se oponían a desaparecerlos “defendían al régimen corrupto”.
“Quién no quiere el desarrollo de la ciencia, fomentar a cultura y el deporte, ese no es el tema, el asunto es la corrupción, el dinero guardado jineteado en bancos, hay mucho interés en todo esto (…) estamos hablando de miles de millones de pesos”, dijo en octubre de 2020.
La extinción de los fideicomisos se concretó el 21 de octubre de 2020, con la aprobación en el Senado de las modificaciones a leyes para lograr la desaparición de 109 fondos. Ante ello, el presidente López Obrador anunció que la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal “iniciará una amplia auditoría financiera, administrativa y técnica de los fondos y fideicomisos”.
“Vamos a procurar tener toda esta información a más tardar en tres meses y vamos a estar informando a los mexicanos caso por caso”, insistió, pero hasta el momento no se ha informado si realizaron la auditoría.
La ASF, al tratarse de un organismo técnico de la Cámara de Diputados, tiene las facultades legales para recabar toda la información financiera necesaria para auditar el dinero público. Por lo que en un estudio como el que estaba previsto, podría haber demostrado o descartado la presunta corrupción.
Mex Gas, encargada de Gas Bienestar
Mex Gas es una empresa subsidiaria de Pemex —creada en 1992 por Pemex Gas y Petroquímica Básica (PGPB) y constituida en las Islas Caimán— cuyas características fueron que “no contaría con empleados, no ser una empresa paraestatal, y su funcionamiento sería supervisado por el Consejo de Administración de PGPB, con capital de trabajo provendría de las utilidades de PGPB o de préstamos directos de Pemex”.
Mex Gas Internacional y Mex Gas Supply constituyeron la empresa Gas Bienestar, para la venta de gas LP prometida por el presidente López Obrador.
Mex Gas Internacional es una compañía regulada “únicamente por sus estatutos y la legislación del país en que se encuentran domiciliadas”, advirtió la ASF en la auditoría realizada en 2011.
Por ello, recomendaba que Pemex Gas y Petroquímica Básica revisara “la estructura de participación en los órganos de gobierno de las compañías Mex Gas Internacional Ltd., MGI Supply Ltd., MGI Trading Ltd., y MGI Enterprises Ltd., integrantes del Grupo Mex Gas, y la participación de sus funcionarios en las operaciones comerciales”.
Dichas empresas con estructura de offshore “administraron y operaron de enero a diciembre de 2011 ingresos por 33 mil 765 millones de pesos y egresos por 33 mil 480 millones de pesos, respectivamente. Con activos, pasivos, capital y mil 356 millones de pesos de utilidades acumuladas”. Pero “dichas operaciones, por tratarse de entidades no paraestatales, no se registraron en el presupuesto ejercido de PGPB y de Pemex, ni se rindió cuenta de las mismas en la Cuenta Pública”, estableció la ASF.
Poco antes de iniciar la actual administración, la secretaria de Energía, Rocío Nahle, aseguró a la revista Proceso que “se investigará a las filiales de Pemex en el extranjero, pues según la Auditoría Superior de la Federación manejan decenas de millones de pesos que no ingresan a las arcas de la nación”.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: NAYELI ROLDÁN.
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