El director general de Shell México, Alberto de la Fuente, consideró que es inviable la reforma eléctrica propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador y que, de aprobarse, le quedará muy chica al país.
“La iniciativa de reforma eléctrica es un par de zapatos que le quedarían muy chicos a la economía mexicana. Con unos zapatos que aprietan no podemos caminar hacia el futuro”, advirtió el líder de la empresa comercializadora de petroquímicos y lubricantes en territorio nacional durante el foro “Medio ambiente, agenda 2030 y cambio climático”.
De la Fuente explicó que para avanzar en el cumplimiento de los estándares internacionales en materia de energías limpias, México debe invertir 123 mil millones de pesos para 2024, carga que sin el respaldo de la iniciativa privada le quedará a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
#ParlamentoAbierto de la #ReformaEléctrica | Foro 18
— Canal Catorce (@canalcatorcemx) February 14, 2022
Alberto de la Fuente, presidente de @CEEG_Oficial México, puntualizó que la #ReformaEléctrica frena la transición energética al brindarle la responsabilidad de regulación eléctrica a la @CFEmx. pic.twitter.com/bXqdBZfi04
Sin embargo, advirtió que esto no ha ocurrido. “La CFE no ha invertido lo suficiente en energías renovables. La propia iniciativa quita incentivos a la inversión, y sin el apoyo de los privados la carga será mucho mayor”.
Sostuvo que la CFE no cuenta con los recursos ni con la infraestructura que se requiere para lograr la transición hacia energías renovables, lo que resulta urgente atender, toda vez que, de no hacerlo, las emisiones contaminantes se incrementarán 14% cada año.
En el mismo evento y a favor de la propuesta, la doctora en economía por la UNAM, Dacsina Peto Vonduben, subdirectora de Investigación en la Dirección de Inteligencia Energética de CFEnergía, puntualizó que es un mito que las empresas privadas no inviertan en energías fósiles y que el aprovechamiento de la electricidad que producen sea innocuo para el ambiente y la sociedad.
“Resulta completamente contradictorio exigirle a la CFE que renuncie a sus centrales de ciclo combinado y a su energía hidroeléctrica y nucleoeléctrica, cuando estas empresas no están ni dejarán de ocupar sus activos fósiles a nivel mundial”, dijo.
Aseguró que las empresas renovables se han dedicado a monopolizar los mejores recursos eólicos y solares, como es el caso de Enel Green Power, Iberdrola y Acciona, las cuales “tienen sus principales proyectos en los mejores sitios para apropiarse de los recursos intermitentes”.
“Estas empresas, que dicen ser limpias, de sus permisos de generación eléctrica, el 70% lo poseen en energías fósiles, siendo su energético preferido el gas natural”, señalo.
Argumentó que el sector privado no coloca al centro los derechos de la población, al priorizar las sociedades de autoabasto para proveer electricidad a empresas del sector minero, del sector automotriz y de la industria cementera, altamente consumidoras de CO2 a nivel mundial, además de que otorgan energía a empresas como FEMSA o Bimbo que producen alimentos nocivos para la salud.
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Dacsina Peto Vonduben, académica de la @FEconomiaUNAMof, expuso cómo la #ReformaEléctrica propone establecer a la electricidad como un derecho humano y apuesta a la des carbonización eléctrica para la transición energética. pic.twitter.com/d50F5c8SYd
Por su parte, el ingeniero químico Luis Raúl Tovar Gálvez afirmó que la CFE cuenta con las capacidades para producir energía renovable no intermitente a partir del tratamiento de residuos sólidos urbanos, a través de diferentes tecnologías.
“Recuerden que el metano es el principal constituyente del gas natural y con estos números se llegarían a generar 204 mil millones de pies cúbicos por día de metano u 8.40 terawatts hora/año, es decir, energía renovable no intermitente”, concluyó.
En tanto que el extitular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), José Luis Luege, actual presidente de la organización Ciudad Posible, sostuvo que otro de los riesgos de avalarse la iniciativa presidencial, es el incremento de enfermedades respiratorias, cardiovasculares y neuropsiquiátricas.
"La iniciativa incidiría negativamente en la salud de millones de personas debido al incremento de la contaminación de la atmósfera en función de mayores emisiones de dióxido de azufre y partículas", declaró.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
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