La empresa a la que le fue adjudicado este contrato se llama Ago Operaciones, SA de CV y se trata presuntamente de una “empresa fantasma”. Es sólo uno de los procesos que enfrenta la funcionaria que ejerció durante el gobierno del perredista Graco Ramírez (2012-2018).
Fue la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia la que vinculó a proceso y ordenó la medida cautelar en una sesión a distancia debido a la pandemia de covid-19. De hecho, Izquierdo Medina fue sometida a prisión preventiva de forma oficiosa, lo que significa que aunque sigue en su casa, debe acudir de forma voluntaria a la prisión en un plazo de cinco días para ser ingresada durante todo el proceso.
En caso de no presentarse, la exfuncionaria podría ser declarada como sustraída de la justicia, es decir, prófuga, y en ese caso se ordenaría su búsqueda y aprehensión. Por lo pronto, su defensa ya busca un amparo para evitar ser ingresada en la prisión, aunque el artículo 19 de la constitución establece los casos de corrupción “delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones” como aquellos que ameritan prisión preventiva oficiosa.
En mayo de 2019, una juez de control ya había resuelto vincular a proceso a la exfuncionaria. Sin embargo, en octubre de ese mismo año, la Segunda Sala revocó la vinculación a proceso. El gobierno de Morelos impugnó el fallo y obtuvo un amparo del tribunal colegiado que revocó esa decisión y ordenó emitir una nueva sentencia en la que se debería vincular a proceso a la exfuncionaria. Eso ocurrió este jueves.
Este es sólo uno de los procesos por la que Izquierdo Medina enfrenta acusaciones de asignación directa de contratos, así como otros donde se pagaron obras públicas en el gobierno de Graco Ramírez, mismas que nunca se realizaron o que simplemente quedaron inconclusas, o que no cumplían los requisitos o especificaciones requeridas a los contratistas.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JAIME LUIS BRITO.
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