A 26 años de la firma de los acuerdos de San Andrés Larrainzar y a tres de la llegada del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, las organizaciones y comunidades grupadas en la Alianza por la Libre Determinación y la Autonomía (Aldea), exigieron al presidente y al Congreso de la Unión cumplir con su compromiso de reforma constitucional.
En un pronunciamiento los integrantes de Aldea recordaron que el 16 de febrero de 1996, dos años después del levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en Chiapas, el Estado mexicano se comprometió a hacer cambios legislativos para “garantizar el reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho público e incluir el ejercicio y la implementación del derecho a la libre determinación y autonomía, y el reconocimiento del derecho sobre sus tierras, territorios, bienes y recursos naturales”.
Los firmantes del posicionamiento reprocharon que después del paso de cinco presidentes, diez legislaturas, “incluida la cuarta transformación, y esa deuda continúa”, pese a que en 2001 hubo una reforma sobre el tema, que en los hechos “no incorporó estos derechos, apegados al espíritu de San Andrés”.
Recordaron que el 28 de septiembre de 2021, el presidente López Obrador prometió “recuperar los compromisos establecidos en los Acuerdos de San Andrés”, ante autoridades yaquis ante quienes ofreció disculpas “por los crímenes de Estado cometidos en contra de sus antepasados” y presentó el Plan de Justicia Yaqui.
“Sin embargo, dicha reforma está aún frenada, a pesar de que fue promovida por el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) en un proceso participativo y con el respaldo de 630 mil 986 firmas de autoridades, representantes y hombres y mujeres de todos los pueblos indígenas y afromexicanos del país”, apuntaron los firmantes.
Agregaron que el Estado mexicano ha sido omiso en el cumplimiento de las recomendaciones de la Relatoría Especial sobre Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que “han instado al Estado mexicano a fortalecer el marco legal para el ejercicio del derecho a la libre determinación de los pueblos”.
Las organizaciones y comunidades enlistaron una serie de conflictos que prevalecen en el país ante la “desprotección del marco legal vigente”, que ha llevado a líderes indígenas a la cárcel por defender sus derechos, a ser “criminalizados por aplicar sus sistemas normativos de tenencia de la tierra”, o bien a obstaculizar la labor de seguridad en las zonas indígenas, como ocurrió en Nahuatzen, Michoacán, en San Francisco Magú, en el Estado de México, y en las comunidades de la Montaña y Costa Chica de Guerrero, respectivamente.
Las comunidades indígenas y organizaciones sociales, reclamaron que “a los agravios cotidianos en contra de los derechos colectivos, se suma la permanencia de políticas y leyes neoliberales”, como son la Reforma Energética, la Ley Nacional de Aguas, el Artículo 27 Constitucional Reformado, la Ley Minera y el reciente acuerdo del presidente de la república que blinda los megaproyectos federales.
“Todo este entramado legal constituye un atentado hacia la libre determinación de los pueblos sobre sus territorios y bienes comunes, al justificar la ocupación de los mismos, por considerar ‘preferentes’, de ‘utilidad pública’ e incluso de ‘seguridad nacional’ varas de estas actividades y proyectos”, puntualizaron las organizaciones y comunidades agrupadas en Aldea.
Ante esa realidad, los integrantes de Aldea urgieron al presidente López Obrador, al INPI y al Congreso de la Unión a concretar la reforma constitucional, para que “sea una realidad y se honre los compromisos” de los Acuerdos de San Andrés Larrainzar.
El pronunciamiento fue firmado por pueblos, comunidades, organizaciones indígenas, campesinas y civiles de Chiapas, Chihuahua, Estado de México, Oaxaca, Michoacán, Campeche, San Luis Potosí, Jalisco y Sonora.
Se sumaron organizaciones como el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Servicios para una Educación Alternativa, Fundación para el Debido Proceso, Enlace Comunicación y Capacitación, Servicios y Asesoría para la Paz, Floy y Canto, Colectivo de Abogadas, Oxfam, Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, Fundar, Centro de Análisis e Investigación, entre otras.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.
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