En el sexenio pasado, transcurrido este mismo lapso, la ASF ya acumulaba casi 40 denuncias por malos manejos en la gestión de Enrique Peña Nieto.
Datos oficiales publicados por la propia ASF muestran que, pese a que la revisión de las cuentas públicas de 2019 y 2020 permitió identificar 2 mil 640 irregularidades tanto en las dependencias federales como en los estados, las cuales representan un potencial quebranto al erario, la institución encabezada por el auditor David Colmenares no ha llevado ante el Ministerio Público ninguno de esos casos.
Las 138 denuncias que la Auditoría ha presentado desde que arrancó el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador corresponden solo a hechos relacionados con la cuenta pública de 2018 y las cuentas de años previos.
Animal Político solicitó a la ASF un posicionamiento sobre la falta de presentación de denuncias, pero hasta la publicación de esta nota el organismo no había proporcionado respuesta.
La situación contrasta, por ejemplo, con la que se registró en el sexenio pasado, cuando desde el tercer año de dicha administración (2015), la Auditoría —en ese entonces bajo dirección de Juan Manuel Portal— comenzó a presentar denuncias penales relacionadas con malos manejos detectados en el primer año del sexenio (2013). En total, fueron 30 las denuncias presentadas en 2015 por irregularidades de la Cuenta Pública 2013. Y en febrero de 2016, ya en el cuarto año del sexenio, la ASF presentó la primera denuncia penal por malos manejos correspondientes a la Cuenta Pública de 2014, segundo año de ese periodo.
En resumen, transcurridos los primeros 39 meses del sexenio de Peña Nieto, la ASF ya había formulado 36 denuncias ante la FGR por posibles desvíos de recursos y fraudes en el manejo de recursos federales. En cambio, en los 39 meses que han transcurrido del actual sexenio, la Auditoría dirigida por Colmenares no ha presentado una sola querella.
El año pasado, Animal Político publicó que, durante la gestión de Colmenares, la Auditoría había reducido hasta en un 80% la frecuencia con la que presentaba denuncias ante la fiscalía por irregularidades cometidas en sexenios pasados. En noviembre, un exfuncionario de la ASF denunció que cambios en el reglamento interno de dicha instancia, ordenados por el auditor, habían frenado de tajo la presentación de 60 denuncias por posibles quebrantos al erario.
En su momento, la Auditoría justificó la disminución de las denuncias con el argumento de que se estaban preparando menos casos, pero más sólidos, con mayor evidencia que permitiera esclarecerlos y proceder contra los funcionarios que resulten responsables. No obstante, de acuerdo con autoridades de la FGR, hasta ahora ninguna de esos casos ha derivado —todavía— en un juicio exitoso y en sentencias condenatorias.
Radiografía de malos manejos en la 4T
De acuerdo con el sistema de datos abiertos de la ASF, como resultado de las auditorías practicadas a las cuentas públicas de 2019 y 2020 se han identificado malos manejos y posibles desvíos por 145 mil 210 millones de pesos que, hasta la fecha, no han sido esclarecidos. Respecto de 2021, las auditorías siguen en desarrollo y un balance preliminar se presentará en junio.
De los recursos observados, 84 mil 281 millones de pesos corresponden a la Cuenta Pública 2019 y están relacionados con mil 501 anomalías detectadas en el manejo de recursos federales, tanto en las dependencias del gobierno de López Obrador como en organismos descentralizados, empresas públicas, estados y municipios.
Estas irregularidades comenzaron a ser reportadas por los auditores desde mediados de 2020, cuando se iniciaron las entregas parciales de resultados de la revisión de la Cuenta Pública 2019. El informe final fue revelado en febrero de 2021. Pero hasta ahora, el destino o el uso legal de todo este dinero no se ha aclarado, y el dinero tampoco se ha devuelto.
Por lo que hace a la Cuenta Pública 2020, los datos de la ASF muestran que hay 60 mil 829 millones de pesos detectados por posibles malos manejos. Dicho monto se desprende de mil 139 hechos observados que representan un potencial fraude al erario, recursos cuyo uso y destino también están pendientes de ser esclarecidos.
La Comisión de Vigilancia de la @ASF_Mexico recibió el Informe General del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2020 y la Tercera Entrega del Informe de Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2020.https://t.co/w1QWZKfDJi
— Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) February 20, 2022
Lo que la Auditoría sí ha realizado a propósito de las irregularidades identificadas en 2019 y 2020 es presentar 3 mil 79 recursos de promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria ante las contralorías de los distintos entes auditados, para que estas indaguen y determinen la aplicación de posibles sanciones administrativas a los funcionarios involucrados. A nivel federal, dichos órganos de control interno dependen de la Secretaría de la Función Pública (SFP).
Del total de los 145 mil millones observados por malos manejos en 2019 y 2020 que están pendientes de ser esclarecidos, el 45% corresponde directamente a anomalías registradas en programas, obras, servicios y dependencias vinculadas con el gobierno federal.
Por ejemplo, el informe entregado por la Auditoría ante la Cámara de Diputados el domingo pasado arroja irregularidades por más de 8 mil 600 millones de pesos en Segalmex, Diconsa y Liconsa, instancias responsables de toda la política de abasto alimentario de la actual administración federal. Hay fallas de todo tipo, desde contratos con sobrecostos hasta faltantes en inventarios o recursos que se reportan como ejercidos, pero sin que haya pruebas reales de en qué se usaron.
Ayer, el propio presidente López Obrador reconoció que existen desde hace más de seis meses indagatorias en curso por la posible corrupción en el interior de Segalmex, pero aclaró que son indagatorias iniciadas a partir de estudios y denuncias de otros entes distintos a la Auditoría.
El informe de resultados de la Auditoría también identificó incrementos de casi 40 mil millones de pesos en las obras del Tren Maya, así como múltiples irregularidades en programas prioritarios como Sembrando Vida, las pensiones para adultos mayores y las becas de Jóvenes Construyendo el Futuro, entre otros.
Oaxaca y Michoacán, líderes en irregularidades
Más de la mitad de los recursos federales observados por malos manejos corresponde a dinero que fue transferido por la Secretaría de Hacienda (SHCP) a los gobiernos estatales y municipales, así como a diversas instancias, fondos y subsidios locales. Se trata del denominado gasto federalizado.
Por ejemplo, de los 60 mil 829 millones de pesos observados por la ASF en el informe de resultados de la Cuenta Pública 2020, 39 mil 591 pesos corresponden justamente al gasto federalizado. Y de ese monto, hay 17 mil 509 millones de pesos donde la responsabilidad recae directamente en los gobiernos estatales.
Hay siete estados cuyos ejecutivos locales concentran casi el 80% de las anomalías detectadas a nivel de gobierno estatal. El gobierno de Oaxaca, encabezado por el priista Alejandro Murat, es por mucho el que encabeza la lista en malos manejos con poco más de 3 mil 204 millones de pesos observados.
En segundo sitio se encuentra el gobierno de Michoacán, que debe esclarecer el uso correcto o destino de más de 2 mil 340 millones de pesos. Las anomalías corresponden todavía a la gestión de Silvano Aureoles, la cual concluyó en septiembre de 2021. En tercer lugar está el gobierno de Antonio Echevarría García en Nayarit, que en 2020 dejó irregularidades por mil 975 millones de pesos.
Los otros cuatro gobiernos estatales que registran los mayores montos observados son el de Chihuahua, con mil 968 millones de pesos; Sonora, con mil 751 millones; Baja California Sur, con mil 311 millones, y Tamaulipas, con mil 51 millones.
El resto de las entidades federativas registra montos por aclarar que van de los dos hasta los 400 millones de pesos. La única administración estatal que no registra recursos observados por la ASF es la de Querétaro.
En total, los malos manejos del gasto federalizado durante 2019 y 2020 en todo el país ascienden a 79 mil 613 millones de pesos que aún no son aclarados, pero por los cuales la ASF tampoco ha presentado denuncias.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ARTURO ÁNGEL.
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