La presencia del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), la resistencia de comunidades y organizaciones indígenas así como las batallas legales han retrasado las obras del Corredor Interoceánico, uno de los megaproyectos del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Aunado a ello, integrantes de la Red de Resistencia Civil –formada por organizaciones como la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (Ucizoni), Corriente del Pueblo Sol Rojo y la Coordinadora de Pueblos del Istmo en Resistencia– han realizado por lo menos 43 bloqueos a vías férreas de julio de 2019 a diciembre de 2021 y han expulsado a trabajadores que realizan obras en la modernización del ferrocarril transístmico.
El más reciente bloqueo tuvo lugar en Donají, comunidad de Matías Romero; duró ocho días y fue levantado apenas el pasado martes 8.
A casi un año de emitido el informe oficial que reconoce la presencia del CJNG, el avance de los trabajos es mínimo, frente a la resistencia de las comunidades que han denunciado la simulación de consultas, ocultamiento de información, invasión y despojo de tierras.
El 12 de octubre de 2021 las comunidades en resistencia realizaron bloqueos a las vías férreas en Estación Mogoñe, San Juan Guichicovi, Matías Romero, Colonia Oaxaqueña, Salina Cruz y la Colonia Jardines de la Revolución, además de expulsar a un grupo de trabajadores que habían ingresado a sus terrenos a realizar trabajos de modernización del ferrocarril transístmico.
Elliot Escobar Gómez, coordinador estatal de la Corriente del Pueblo Sol Rojo, dice a Proceso que fue presentado un amparo colectivo contra el acuerdo presidencial que declara de interés público y de seguridad nacional los megaproyectos Tren Maya, Programa Integral Morelos, Corredor Interoceánico y Aeropuerto de Santa Lucía.
La organización considera que con este acuerdo “nuestros pueblos quedan en un estado de indefensión, ya que promueve la imposición de los megaproyectos, el ocultamiento de información, la imposibilidad de las comunidades de utilizar medios de defensa frente a la militarización y criminalización de la protesta social”.
Otro escenario que se observa desde el trienio pasado de los gobiernos municipales es un “maridaje”, “cogobierno”, “convivencia” o “connivencia entre autoridades formales (presidencias municipales) y grupos delincuenciales” para mantener la gobernabilidad en esa región, donde la mitad de sus municipios son de Morena, afirma Escobar. Apenas el 1 de enero se realizó el cambio de autoridades municipales en Oaxaca, entidad donde el próximo 5 de junio habrá elecciones para renovar el gobierno estatal.
Fragmento del reportaje publicado en la edición 2363 de la revista Proceso
AUTOR: PEDRO MATÍAS.
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