Se trata de Rafael Jesús Caraveo Opengo, exsecretario técnico del Senado y excolaborador en el sexenio pasado del entonces senador del PAN Jorge Luis Lavalle Maury, preso actualmente en el Reclusorio Norte. Gracias a sus declaraciones, Caraveo ha logrado hasta ahora que no se proceda judicialmente en su contra.
Una investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que derivó en dos denuncias penales y administrativas —y a la que este medio tuvo acceso— reporta que Caraveo tiene ingresos económicos inusuales en 17 cuentas bancarias por 18 millones de pesos entre 2014 y 2017, distintos a los 6 millones que percibía de salario en el Senado.
Entre esos recursos se encuentran 9 millones de pesos provenientes de la Universidad Tecnológica de Campeche, institución implicada —de acuerdo con investigaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF)— en el posible desvío de decenas de millones de pesos con el mecanismo conocido como “La estafa maestra”.
No solo eso. En la denuncia se reportan vínculos legales y financieros de Caraveo con el empresario Mohammad Yusuf Amdani, un millonario de origen paquistaní que, según la UIF, podía tener hasta conexiones con grupos supuestamente ligados a actividades terroristas. Recientemente, dicho empresario estuvo implicado en el traslado de un cargamento de vacunas apócrifas contra COVID en México.
Ante la posibilidad de que los recursos y las actividades de Caraveo tengan un origen posiblemente ilícito, la UIF presentó desde 2020 denuncias no solo en FGR sino en la Contraloría del Senado. Hasta la fecha, ninguna instancia ha actuado en su contra. La FGR ha decidido darle un trato de testigo colaborador a propósito de las declaraciones que ha rendido hasta la fecha y que permitieron mantener en prisión preventiva a su exjefe, Lavalle.
Caraveo es una de las personas que aparecen en el video que se publicó en redes sociales en agosto de 2020, donde se le ve recibiendo una maleta con fajos de dinero en el interior de una oficina. En las tres declaraciones que Caraveo ha rendido ante la FGR, asentadas en la carpeta de investigación FED/SEIDF/CGI-CDMX/0000865/2020 (y de las que Animal Político obtuvo copias completas), detalla que fueron hasta nueve entregas de este tipo en las que participó por órdenes del entonces senador.
La persona que entregó dichos recursos, según Caraveo, es Francisco Olascoaga Rodríguez, exfuncionario de Pemex en la gestión de Lozoya. Dicho exfuncionario ha negado, sin embargo, haber tenido conocimiento de que se entregaran sobornos a legisladores para aprobar la reforma energética.
Un campechano “muy confiado”
“Las costumbres que tenemos en mi tierra natal Campeche son de confianza, pues somos gente abierta, alegre y muy confiados, por lo que nunca tuve sospecha de que los actos en que me vi involucrado se trataran de actos de corrupción”.
Así fue como Caraveo intentó justificar el haber participado en diversas ocasiones en la recepción de millones de pesos en efectivo por supuestas instrucciones de su entonces jefe, Lavalle. Esto, no sin antes —dice él— haber expresado su supuesta inconformidad debido al riesgo que representaba el trasladar o recibir tanto dinero.
En su primera declaración fechada el 4 de septiembre de 2020, luego de que ya se había filtrado el video donde aparece recibiendo el dinero, esta persona señala ser un contador y abogado que aceptó un cargo en el Senado como secretario técnico del Consejo de Administración en septiembre de 2012 por invitación de Lavalle, a quien conocía desde 1999.
Según Caraveo, él no estaba seguro de trabajar en el Senado debido a que tenía su despacho contable en Campeche y gozaba de estabilidad familiar y económica. Sin embargo, asegura que aceptó debido a la gratitud que tenía hacia el panista, quien en algún momento le dio trabajo en el área de contabilidad de una maquiladora.
En esa primera declaración, Caraveo describe distintas ocasiones en las cuales, por instrucciones de Lavalle, aceptó recoger bolsas y maletas repletas de dinero en efectivo. Narra que al principio las entregas se hacían dentro de una camioneta que se estacionaba cerca del Senado, y que quien le entregaba el dinero era José Velasco Herrera, entonces jefe de ayudantes de Lozoya en Pemex.
Posteriormente, las entregas del dinero dejaron de hacerse en la calle y se efectuaron en una oficina ubicada en Montes Urales 425 (perteneciente a Pemex), y en ellas identificó a Olascoaga como la persona que entregaba los recursos y le pedía firmar un recibo. El dinero se llevaba luego a oficinas del Senado, al edificio ubicado en Reforma 222 o a un departamento de Lavalle “cerca del Senado”.
El exfuncionario insiste en su declaración en que estas tareas lo incomodaban pues no formaban parte de las responsabilidades para las cuales fue contratado, situación que le repitió en varias ocasiones a Lavalle quien, por aquel momento, “estaba enfocado en temas de la reforma energética”.
En su segunda declaración fechada el 27 de octubre de 2020, Caraveo detalla que fueron ocho las entregas de dinero a las que él acudió en 2014 y donde se firmaron recibos. El monto total de lo que recibió asciende a 97 millones 190 mil pesos. Insiste en que todo era por instrucción de Lavalle.
El 18 de marzo de 2021, Caraveo compareció por tercera vez, en esta ocasión para corregir su dicho sobre que Lavalle tenía un departamento cerca del Senado donde había recibido el dinero. Dijo que al “hacer un ejercicio de memoria” se había acordado de la dirección exacta de dicho departamento, ubicado en el 327 de la avenida Gabriel Mancera, en la colonia Del Valle. Incluso, se acordó del número de departamento y de quien se lo rentaba al entonces senador.
Millones y estafas
De acuerdo con la denuncia presentada por la UIF por posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita ante la FGR y el Senado, entre 2013 y 2019 Caraveo reportó ingresos por 33 millones de pesos. Y de 2014 a 2017, lapso en el que se desempeñó como funcionario en el Senado, sus ingresos ascendieron a 24 millones de pesos, aunque de ellos solo 6.2 millones corresponden a su salario en el Legislativo.
“Llama la atención que aun cuando por el desempeño de un cargo público dicho sujeto percibe un monto específico, en la información proporcionada a la autoridad hacendaria indica percepciones casi 300% más altas que sus sueldos o salarios”, indica la denuncia de la UIF asentada en el oficio 110/383/2020.
Al rastrear el origen de esos recursos, la UIF identifica que 12 empresas y organismos distintos (varios de ellos con sede en Campeche), tanto públicos como privados, reportan haberle enviado a Caraveo 15 millones 264 mil pesos por conceptos de salarios y servicios profesionales prestados, justo en el mismo lapso en que trabajaba para el Senado.
“Para esta Unidad de Inteligencia Financiera resulta irregular que una persona que se desempeña como servidor público en el Senado de la República con sede en Ciudad de México, materialmente realice funciones y preste servicios profesionales en otras 12 instancias, tanto públicas como privadas, en una diversa entidad federativa y que por dichos empleos o prestación de servicios profesionales obtenga remuneraciones casi tres veces mayores a las obtenidas por su cargo público”, se añade en la denuncia.
Entre las instancias que transfirieron recursos a Caraveo, la que reporta la mayor cantidad de dinero es la Universidad Tecnológica de Campeche, que entre 2014 y 2016 le mandó 9 millones 930 mil 616 pesos. De esos recursos, 6 millones corresponden solo a 2014, hecho que la UIF considera “altamente inusual” debido a lo que significa erogar recursos tan altos para una sola persona en un solo año.
La Universidad Tecnológica de Campeche (UTC) está bajo investigación desde hace varios años debido a posibles hechos de corrupción y hasta desvíos de recursos. De acuerdo con datos de la ASF, existen al menos 176 millones de pesos de recursos federales transferidos a dicho plantel cuyo uso y destino no se han esclarecido.
Los resultados de cuatro auditorías practicadas a dicha institución, tres de ellas forenses ante la sospecha de irregularidades serias y reiteradas, arrojan que la mayor proporción de anomalías está relacionada con recursos que la universidad recibe a través de excepciones al artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, que permite asignar dinero a estos planteles sin licitaciones.
El problema es que los servicios asignados a la UTC no fueron realizados por dicho plantel, sino canalizados a terceros —con la respectiva transferencia de recursos— que no cumplieron con ellos. Se trata exactamente del mismo mecanismo de corrupción documentado en el reportaje de “La estafa maestra”.
La UIF además añade que se identificaron 11 millones 522 mil pesos ingresados a las 17 cuentas bancarias de Caraveo donde no es posible identificar su procedencia, por lo que urge a la fiscalía que se identifique el origen de estos.
Otra irregularidad que la UIF alerta sobre Caraveo es que su firma aparece como autorizada para realizar movimientos en la cuenta 109990372 contratada con BBVA Bancomer a nombre de Operadora de Hoteles Ocean View, donde el apoderado es el empresario de origen paquistaní y nacionalidad hondureña Mohammad Yusuf Amdani.
“Yusuf Amdani fue nombrado como partícipe de terrorismo y punto de contacto en América Central para Al Qaeda, en tal sentido, no resulta lógico que una persona que se ha desempeñado como servidor público federal, tenga relaciones con personas relacionadas con dichas actividades”, indica la UIF en su denuncia.
El nombre de este empresario cobró relevancia pública el año pasado luego de que se descubriera en el Aeropuerto Internacional de Campeche un cargamento clandestino de 5 mil 700 dosis de la vacuna rusa Sputnik V escondido en dos hieleras, y que tenía como destino San Pedro Sula, Honduras. La investigación reveló que no eran vacunas robadas sino apócrifas y que la persona que estaba coordinando dicho envío era justamente Yusuf Amdani.
La prensa en Honduras identifica al empresario como uno de los hombres más cercanos al expresidente Juan Orlando Hernández, quien apenas la semana pasada fue detenido en cumplimiento de una solicitud de extradición de Estados Unidos, que lo reclama para investigarlo y procesarlo por presuntos nexos con el narcotráfico.
Testigo clave para Lozoya
En una denuncia presentada el 11 de agosto de 2020, Lozoya señaló que dinero proveniente de sobornos de Odebrecht se había utilizado para comprar votos de legisladores y conseguir la aprobación de la reforma energética. Lozoya añadió que tenía testigos que podrían corroborar esta situación, así como videos y recibos.
Hasta ahora esta hipótesis no ha podido ser probada plenamente. De hecho, en la acusación final por el caso Odebrecht presentada en contra de Lozoya, la fiscalía solo valida que los recursos de la constructora fueron usados para beneficio y enriquecimiento del exdirector de Pemex. No obstante, la otra carpeta iniciada a partir de la denuncia de Lozoya permanece abierta, y hasta ahora por dicha indagatoria se mantiene en prisión preventiva al exsenador Lavalle, y se prevé solicitar una orden de aprehensión en contra del excandidato presidencial Ricardo Anaya.
El único testigo ofrecido por Lozoya que ha respaldado la versión de que se realizaron múltiples entregas de dinero a legisladores de oposición es justamente Caraveo, quien incluso describió fechas precisas y montos, y reconoció los recibos que amparan dichas entregas, de los que solo se tienen copias. No obstante, ni Caraveo ni nadie confirma que ese dinero viniera de Odebrecht.
La otra persona implicada directamente en una de las entregas, y que aparece en el video donde se aprecia a Caraveo, es Francisco Olascoaga, quien, sin embargo, no ha querido confirmar ante la FGR estos hechos. En cambio, los abogados de Lavalle sí lograron entrevistar a dicho exfuncionario y ya lo ofrecieron como prueba en el proceso.
En dicho testimonio, niega haber participado en entregas de recursos relacionados con la aprobación de la reforma energética y no respalda la versión de Lozoya sobre estas operaciones. Admite que conoce a Caraveo, pero también niega los detalles dados por este sobre las distintas entregas en efectivo.
“Yo no tuve trato ni con senadores ni con empresarios ni con diputados o cualquier otra persona que estuviera metida en la reforma (energética), ni siquiera como acompañante del director general (Lozoya)”, señala Olascoaga en la referida entrevista.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ARTURO ANGEL.
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