La consultora Heurística Comunicación, SC, que en 2018 coordinó la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador y otros candidatos de Morena, ha obtenido contratos por hasta 73.4 millones de pesos en licitaciones en las que ha simulado competencia con empresas con las que comparte socios y representantes legales.

Por considerarlo violatorio de los derechos a la educación y a la alimentación de niñas, niños y adolescentes, la jueza Séptima de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México este jueves ordenó detener la operación del programa social federal La Escuela es Nuestra.

Esto, luego de que en las reglas de operación del programa para 2022 se eliminara el que los planteles tuvieran horas adicionales de clase y servicios de alimentación —como sí se previó en 2021—, cuando la Secretaría de Educación Pública (SEP) sustituyó al extinto programa Escuelas de Tiempo Completo.

Al cumplirse cinco años del feminicidio de Ema Gabriela Molina Canto, su madre, Ligia Canto Lugo, activistas y otras víctimas de violencia familiar se manifestaron la noche del miércoles frente al palacio de gobierno en reclamo de justicia plena.

Las manifestantes iniciaron su protesta con una marcha por las calles del centro de la ciudad y concluyeron con un mitin en la plaza principal, donde Ligia Canto recordó el prolongado martirio a que fue sometida su hija por parte de su exesposo Martín Alberto Medina Sonda, quien finalmente tramó su feminicidio desde la cárcel de Tabasco, donde está recluido.

A orilla de la carretera federal Portezuelo-Palmillas, en el municipio de Huichapan, Hidalgo, fueron localizados cinco cuerpos con signos de tortura. Se trata de una vía con un longevo historial de cadáveres hallados, que conecta a este estado con Querétaro y en el que convergen grupos enfrentados entre sí por las rutas del narcomenudeo y por el control de los ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Las víctimas –cuya identidad y género no han sido precisados por las autoridades– se encontraban en las inmediaciones de la localidad de Jonacapa, con un mensaje y señales visibles de violencia, así como heridas por armas de fuego.

La Secretaría de Seguridad Pública del estado despidió a siete policías estatales que encabezaron el paro de labores y la manifestación realizada el sábado 19 y domingo 20 por agentes de la corporación estatal para exigir la destitución de tres mandos, así como mejores condiciones laborales y un plan de apoyo económico para las familias de los policías caídos.

Los uniformados recibieron un oficio en que se les notifica que a partir del primer día de abril causan baja de la policía estatal por “pérdida de confianza”.

Las organizaciones Unión Diversa Jalisco (UDJ) y Litigio Estratégico en Derechos Humanos (IDHEAS) exigieron que México cumpla con las acciones urgentes emitidas por el Comité contra las Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas (ONU) por el caso de Kenia Duarte y Karla García, dos mujeres transgénero que fueron desaparecidas hace año y medio en Jalisco.

En el marco del Día Internacional de la Visibilidad Trans, recordaron que las autoridades mexicanas deberán reportar, a más tardar el 8 de abril, las acciones aplicadas para cumplir con las medidas urgentes por ambos casos.

El pasado 13 de diciembre, Karina, conocida como “Mime”, se encontraba dentro de un baño, cerca del Metro Chapultepec, cuando ocho policías ingresaron, la sometieron y la detuvieron, todo frente a su hija de cuatro años. Esto ocurrió después de que fue denunciada por supuestamente golpear a la niña, por una testigo llamada Nohemí, a quien ahora nadie encuentra. Ayer, Karina fue vinculada a proceso por ese presunto delito.

Karla Micheel Salas, abogada del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, quien acompaña el caso de Karina, dijo en entrevista que, aunque inicialmente se le acusó de cometer violencia física y psicológica, las autoridades solo la vincularon a proceso por presuntas agresiones físicas, ya que no se pudo comprobar que emocionalmente hubiera causado daño a la menor.

Roberto Zamorano, exsecretario de Finanzas del PRI capitalino, fue detenido en Hidalgo por policías de Investigación por su presunta responsabilidad en la red de prostitución que encabezaba el expresidente de ese partido político, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre.

La captura fue en cumplimiento de una orden de aprehensión en el municipio Mineral de Reforma, en la entidad mencionada. El sujeto fue trasladado al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, en la Ciudad de México, donde lo requirió un juez de control.

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la droga sintética como el fentanilo ingresa a México desde Asia y de forma encubierta, con solicitudes de laboratorios fantasmas que argumentan que van a utilizar el químico para fines médicos.

Policías Ministeriales de la Fiscalía General del Estado (FGE) detuvieron este jueves a Gustavo Abigail Díaz “El Pino” a quien responsabilizan de haber participado en el homicidio del periodista de “El Mundo de Córdoba”, Julio Valdivia.

 “El Pino”, es hijo del diputado del PRI por Oaxaca, Gustavo Díaz Sánchez, “El Gato” quien se encuentra en prisión desde noviembre del 2021 acusado de portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército y por presuntamente estar ligado con la delincuencia organizada.

Pueblos de Oaxaca denunciaron que la Procuraduría Agraria (PA) es una «punta de lanza» en el Istmo de Tehuantepec para apropiarse de las tierras de las comunidades e imponer el Corredor Transístmico (CT), por lo que prohibieron la entrada a cualquier funcionario de la institución y reafirmaron que no permitirán las obras en sus territorios.

En un comunicado, la Asamblea Comunitaria de Puente Madera y la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT) denunciaron que la PA insiste en convencer a las comunidades sobre los beneficios del CT, a pesar de las irregularidades y violaciones en las que ha incurrido para su imposición, como el acaparamiento de tierras de uso común del monte El Pitayal y la entrega de actas de posesión, además de la corrupción de sus funcionarios.

David Monreal Ávila, militante de Morena y gobernador de Zacatecas desde el 12 de septiembre del 2021, aseguró, ayer miércoles 30 de marzo, que “algunos medios de comunicación” se convirtieron en “promotores de las organizaciones criminales”.

Durante la presentación del informe sobre los avances del plan de seguridad Zacatecas II -implementado desde el 25 de noviembre de 2021-, el mandatario estatal señaló que el crimen organizado utiliza estrategias audiovisuales, que en el fondo “tienen la intención, y lo logran, de intimidar a la sociedad”.

Alonso Castillo, hijo de Alejandra Cuevas, aseguró que las autoridades mexicanas deben investigar a todos aquellos funcionarios que permitieron los abusos en contra de su madre, quien estuvo en prisión por 527 días acusada del homicidio de Federico Gertz Manero, hermano del Fiscal Alejandro Gertz Manero y pareja de su abuela, Laura Morán.

Las vías de ferrocarril de Ferrovalle comenzaron a rechinar, el conductor advirtió con el silbato a autos y peatones sobre su paso, el tren de carga de Ferromex (Grupo México) avanzó rápidamente a unos 12 metros de viviendas ubicadas por la avenida Doctores del barrio Teyahualco, en Tultepec, en el Estado de México, el único poblado donde están paradas las obras de la ampliación del Tren Suburbano que se planea de Lechería hacia el recién inaugurado Aeropuerto Internacional “Felipe Ángeles”.

El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, dijo que la regulación de la propaganda fue uno de los asuntos puntuales que permitió consolidar la democracia en México, con la perspectiva de que fueran los ciudadanos quienes tomaran las decisiones, en libertad, sin injerencias indebidas de ningún tipo.

Sostuvo que esas reglas no fueron introducidas por las autoridades electorales sino por los propios actores políticos, por lo cual celebró que el Tribunal Electoral mantenga las reglas del juego vigentes, en alusión a la inaplicabilidad del decreto sobre propaganda aprobado por la mayoría Morenista. 

La procedencia de los restos del normalista de Ayotzinapa, Alexander Mora Venancio, que supuestamente habían sido encontrados en el río San Juan en octubre de 2014, es “la gran duda” que podría arrojar luz sobre el destino de los estudiantes de la normal rural Isidro Burgos, desaparecidos la noche del 26 de septiembre y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.

Al menos seis cabezas humanas fueron localizadas en la canastilla de un vehículo esta mañana en el bulevar Eucaria Apreza de Chilapa.

Fuentes policíacas informaron que a las 07:30 horas recibieron el reporte de que había cabezas humanas en la entrada de la vialidad, frente a la calzada de La Virgen.

John Kerry, enviado especial para el clima del Gobierno estadounidense, llegó este jueves a Palacio Nacional en la capital de México para reunirse con el Presidente Andrés Manuel López Obrador por la tarde, con quien dialogará sobre los efectos de la Reforma Eléctrica junto con 20 empresarios.

Poco antes de las 14:00 horas, el funcionario de Estados Unidos y su comitiva ingresaron al despacho de Gobierno, donde se espera que primero disfrute de una comida con el mandatario mexicano y los miembros del sector privado. Además, por la mañana estuvo en la sede de la Embajada de su país.

Por mayoría de votos, el Pleno de la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional (PRI), expulsó este jueves 31 de marzo, a Quirino Ordaz Coppel, gobernador de Sinaloa desde el 1 de enero de 2017 hasta el 31 de octubre del 2021, tras aceptar la titularidad Embajada de México en España, cargo ofrecido por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Al actual ex mandatario estatal se le quitó su militancia tras “haber cometido actos de indisciplina grave en contra de las determinaciones del Consejo Político Nacional, como lo señala el artículo 250 de los estatutos”.

La Reforma Electoral que propone el Presidente Andrés Manuel López Obrador ya provocó el rechazo por parte de los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello y Ciro Murayama, en especial en el tema de la desaparición de los plurinominales.

Para el Consejero presidente, Lorenzo Córdova, el sistema electoral actual funciona “muy bien” y para proponer una Reforma Electoral se debe partir de un diagnóstico serio.

A casi siete años de que el 31 de julio de 2015 fueron asesinados en un departamento de la colonia Narvarte cuatro mujeres y un hombre, entre ellos la activista Nadia Vera y el fotoperiodista Rubén Espinosa, el equipo de abogados de las víctimas documentó que en este multihomicidio participaron más personas de las tres que la Fiscalía detuvo e imputó por este caso, y que uno de los detenidos como autor material, si bien habrá participado en la planeación del asesinato, no estuvo presente en el lugar de los hechos. 

“Para mí, fue muy emotivo ver la unanimidad de votos de la Suprema Corte de Justicia estableciendo que no había delito imputable a Alejandra Cuevas Morán y Laura Morán Servín, pues con eso puedo, con toda libertad, decir que estuvo bien lo que yo hice cuando, en marzo de 2016, acordé el no ejercicio de la acción penal de esa misma averiguación previa, y el único resultado que obtuve fue que me giraron una orden de aprehensión y perdí mi trabajo, mi prestigio, todo, perdí todo”.

La participación de un tercer auto sedán con al menos dos cómplices más, y la omisión de investigar una línea de teléfono debido a errores en su captura por parte del Ministerio Público, son los nuevos hallazgos en la investigación del multifeminicidio y homicidio del llamado Caso Narvarte, ocurrido el 31 de julio de 2015.

La Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch' Xíinbal acusó que con argumentos ilegales e injustificados, el Tribunal Colegiado de Circuito en Materias del Trabajo y Administrativa quitó las suspensiones impuestas al Tren Maya, que protegían a la flora y fauna de Yucatán, aun cuando ya las había confirmado.

Esta organización inició en enero del 2021 un juicio de amparo contra el Tren Maya por las violaciones al derecho al medio ambiente sano y a sus derechos como pueblo maya originario a participar en las determinaciones que pueden afectar su territorio y recursos naturales.

El común denominador de dichas empresas es que en sus directorios han integrado a un veterano de la camarilla “tecnócrata” de los noventa, funcionario de varios sexenios y alto ejecutivo empresarial: el economista Luis Téllez Kuenzler.

Un ataque armado a un comercio en la zona céntrica de Ciudad Hidalgo, Michoacán, dejó cuatro personas muertas.

De acuerdo con información de las autoridades de seguridad, hombres armados arribaron abordo de un vehículo, descendieron y entraron a un negocio, ubicado sobre la Avenida Morelos Oriente, y dispararon contra quienes se encontraban en el local y después huyeron.

Conocer cómo se desarrolló la sesión en la que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y la Asamblea de Asociados del CIDE votaron a favor de la modificación del Estatuto General de este centro de investigación y con lo que se buscó legitimar a posteriori los nombramientos de José Antonio Romero Tellaeche como director general del CIDE, y el de Jordy Micheli como secretario académico, no será posible hasta el 2025 porque el Conacyt decidió que esta información es clasificada.

A través de solicitudes de información pública, Animal Político solicitó el video de la sesión, la minuta y el acta que se levantó en la sesión, sin embargo, la dependencia encabezada por María Elena Álvarez-Buylla informó que no está disponible.

El presidente Andrés Manuel López Obrador deslindó de cualquier responsabilidad en el caso Ayotzinapa, al actual secretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, quien –dijo-- en el momento de la masacre y desaparición de los 43 normalistas en la ciudad de Iguala en septiembre de 2014, se desempeñaba como comandante de la Octava Zona Naval en el puerto de Acapulco.

Los grupos parlamentarios del PAN, PRI, PRD y el llamado Grupo Plural interpusieron una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra del decreto que interpreta el alcance del concepto de propaganda gubernamental para que los servidores públicos no tengan que sujetarse a la veda electoral para el proceso de revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador.

El pasado 17 de marzo, Morena y sus aliados en el Congreso avalaron un dictamen para interpretar diversas disposiciones a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y de la Ley Federal de Revocación de Mandato, para que no se consideren como propaganda gubernamental las expresiones de funcionarios públicos. El mismo día, el decreto fue publicado en el Diario Oficial de la Federación.

“La investigación del caso Ayotzinapa va a llegar hasta donde lo decida la Fiscalía especial”, expresó el presidente Andrés Manuel López Obrador y consideró que “es muy difícil” que el jefe del Estado mexicano, no se entere de un asunto delicado.

El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) solicitó a las autoridades mexicanas una «investigación exhaustiva» sobre las imágenes del video del basurero de Cocula, Guerrero, que reveló el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en su tercer informe del Caso Ayotzinapa, con el que se confirmó la participación del ejército y la Marina en la fabricación de la «verdad histórica» que dice que los 43 normalistas fueron incinerados.

La intervención de las fuerzas armadas en el basurero de Cocula, recordó el EAAF con base en el informe, «no se encuentra registrada en el expediente, ni figura allí tampoco una justificación para la misma», por lo que resaltó la urgencia de una investigación sobre los hechos.

De enero a diciembre de 2021 se registraron 238 agresiones contra defensores ambientales en México, de las cuales 25 fueron asesinatos, 24 ataques físicos, 65 intimidaciones, 36 hostigamientos y 31 amenazas, reportó el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA).

De acuerdo con el CEMDA, en 16 eventos de agresión se identificó como perpetrador al gobierno federal, en 11 eventos a gobierno y empresas, en diez eventos a gobiernos estatales, en nueve a la delincuencia organizada, en seis a empresas privadas y en cinco a gobiernos municipales.

Las actitudes que ha tomado el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, no corresponden con lo que se espera del titular de esa institución, desde 2019, autónoma. Según la propia visión de la FGR, está tiene que “otorgar una procuración de justicia eficaz, efectiva, apegada a derecho, que contribuya a combatir la inseguridad y disminuirla; la prevención del delito; fortalecer el Estado de derecho en México; procurar que el culpable no quede impune; así como promover, proteger, respetar y garantizar los derechos de verdad, reparación integral y de no repetición de las víctimas, ofendidos en particular y de la sociedad en general”.

La actuación de Gertz Manero tampoco está en consonancia “los principios de autonomía, legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez, respeto a los derechos humanos, perspectiva de género, interculturalidad, perspectiva de niñez y adolescencia, accesibilidad, debida diligencia e imparcialidad”, que requiere encarnar el titular de la FGR. Por tanto, a la luz de los hechos recientes, Gertz Manero es un Fiscal indigno.

Un elemento de la Policía Municipal de Querétaro fue vinculado a proceso por los delitos de abuso de autoridad y delitos cometidos contra la administración de justicia en el ejercicio de funciones por los hechos violentos que se presentaron durante el partido entre los Gallos Blancos y el Atlas, celebrado el pasado 5 de marzo, en el Estadio Corregidora que dejaron 26 heridos.

La Magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Mariela Ponce Villa, explicó que la pena máxima que se le podría aplicar por el delito de abuso de autoridad, es de ocho años de prisión.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador informó que se analiza la posibilidad de generalizar el proceso electoral para que solamente haya un órgano universal que se encargue de realizar todas las elecciones; además, su Reforma Electoral incluirá eliminar a diputados y senadores de representación proporcional, llamados plurinominales, y reducir a la mitad el presupuesto para elecciones.

Sujetos armados, uno de ellos de la policía del Estado de México, interceptaron a integrantes de los doce pueblos de Tecámac y periodistas que documentaban los impactos ambientales por la actividad extractiva en el cerro de Chiconauhtla, en el ejido del pueblo de San Pablo Tecalco, por la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

Los doce pueblos originarios denunciaron que mientras documentaban las afectaciones por el AIFA y lo que serán sus obras asociadas con la extracción de tepetate y material construcción, una camioneta llegó a interrumpir la grabación, exigiendo a los campesinos y periodistas «retirarse del lugar con amenazas y borrar las grabaciones y fotografías», además de que realizaron varios disparos al piso, golpearon a uno de los integrantes y robaron el expediente de una denuncia dirigida a la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México.

Integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI) señalaron que “todavía hay oposiciones internas” dentro de la Fiscalía General de la República para acceder a la información sobre el caso de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa.

En entrevista para Aristegui en Vivo, Ángela Buitrago, integrante del GIEI, describió cómo ha sido la lucha de los investigadores para obtener gradualmente los expedientes del caso.

Rosario Robles Berlanga, extitular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y actualmente presa en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, acusó a Alejandro Gertz Manero, quien encabeza la Fiscalía General de la República (FGR), de orquestar su detención.

Salvador Acosta Guerrero, exalcalde del municipio de Villagrán, fue asesinado a balazos.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del miércoles en un corralón de una empresa de autotransporte de la familia Acosta en el bulevar Luis Donaldo Colosio en la colonia La Venta.

Familiares de los 43 estudiantes de Ayotzinapa dijeron el martes estar “cansados” y “decepcionados” con las autoridades tras el reciente informe del grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que reveló una mayor intervención de las Fuerzas Armadas de México en la investigación, así como una total “simulación” en la primera versión oficial del caso.

El 27 de octubre de 2014, un mes después de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, elementos de la Marina estuvieron presentes en el basurero de Cocula, donde descargaron y manipularon bultos con contenido desconocido y encendieron una hoguera cerca de los puntos donde, supuestamente, los jóvenes fueron asesinados y calcinados.

Horas después de esa actuación de la Marina, que se realizó sin presencia de más autoridades y no consta en el expediente de investigación de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), el gobierno de Enrique Peña Nieto anunció la detención de cuatro presuntos implicados en la desaparición y, por primera vez, dio a conocer al público que tenía indicios de que el basurero de Cocula había sido el punto de exterminio de los estudiantes, en lo que la administración priista llamó la “verdad histórica” del caso.

Al escuchar los aplausos y los gritos que estallaron pasadas las 2 de la tarde en las escalinatas de acceso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en el Centro Histórico de la capital mexicana, Gonzalo Castillo Cuevas interrumpió la entrevista y se llevó ambas manos a la cara. 

“Al fin, se acabó esta pesadilla”, murmuró emocionado, mientras con la mirada buscaba a sus dos hermanos, Alonso y Ana Paula, para fundirse en un abrazo con ellos.  

La Fiscalía General del Estado (FGE) recolectó más de 100 casquillos percutidos calibre 7.62 y .223, así como una granada calibre .40 milímetros, de la escena de la masacre ocurrida la noche del domingo 27 en el municipio de Zinapécuaro, cuyo saldo fue de 20 personas muertas y cuatro heridas.

De acuerdo con el organismo de procuración de justicia, ya fueron identificadas diez de las víctimas, entre quienes se encuentran el dueño del palenque en el que se registraron los hechos, Abiel A., de 59 años, y el hijo de éste, Salvador A.

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, aseguró que se arreglará el problema de la escasez del agua en la entidad, al salir de la reunión que tuvo este martes con el presidente Andrés Manuel López Obrador en palacio nacional.

“Vamos a arreglar el tema del agua de una vez por todas para Nuevo León, para la zona metropolitana”, señaló Samuel García quien a su llegada declaró que llevaba su carta a Santa Claus en varias materias porque “nos hemos portado muy bien y merecemos una justa retribución”.

Al intentar asegurar un vehículo con reporte de robo, policías municipales de San Agustín Tlaxiaca, en la zona metropolitana de Pachuca, fueron atacados a tiros por un comando armado de presuntos huachicoleros; este es el ataque número 49 de ordeñadores de combustible a elementos de seguridad en este estado, desde el 5 de septiembre de 2016, cuando asumió el cargo la administración del gobernador Omar Fayad Meneses.

Con base en el informe de la policía, los agentes fueron agredidos esta mañana por al menos 10 sujetos con armas de grueso calibre. Las balas percutieron la patrulla municipal con placas HG-052-2. Aunque los integrantes de la corporación repelieron el ataque, en el intercambio de disparos no hubo muertos ni lesionados.

La participación del Ejército mexicano en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en 2014  y la simulación en las investigaciones por parte de autoridades del gobierno mexicano, se confirmó en el Tercer Informe del Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI) publicado el lunes 28 de marzo.

Este martes, madres y padres de los normalistas se presentaron ante medios de comunicación junto a Santiago Aguirre Espinosa, Director del Centro Prodh, y Vidulfo Rosales, representante legal de los familiares, para exigir que se abra una carpeta de investigación al Ejército y solicitar una pronta reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador. 

El 27 de marzo falleció la niña Benita Hernández Bautista en el Hospital rural IMSS- Bienestar de Tlaxiaco, en Oaxaca. Los motivos de su muerte: la pobreza y la desnutrición en que se encuentran las comunidades desplazadas de Guerrero Grande y Ndoyonoyuji desde el 22 de octubre de 2021.

El Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas, que acompaña a las familias desplazadas, publicó un comunicado en el que señala la violencia que sufrió Benita y su familia por parte de las autoridades de San Esteban Atatlahuca, quienes quemaron las casas de más de 300 familias de las comunidades de Guerrero Grande y Ndoyonoyuji.

Tres jóvenes -dos mujeres y un hombre- originarios de San Miguel de Allende desaparecieron desde el 5 de marzo en un viaje a la Huasteca Potosina; antes de perder contacto avisaron a sus familiares que habían sido detenidos, presuntamente por policías municipales en Ciudad Valles.

Uno de los tres jóvenes explicó a su familia, en una llamada hecha ese día 5, que los tres deberían pasar 36 horas de arresto en los separos policiacos y pidió que fueran por ellos. Sin embargo, posteriormente ya no fue posible comunicarse con ninguno de ellos.

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el almirante de la Secretaría de marina (Semar), responsable del operativo que se realizó en el basurero de Cocula previo a que se informara que presuntamente en ese lugar habían incinerado a los 43 normalistas de Ayotzinapa, ya declaró ante la Fiscalía General de la República (FGR).

Además, aseguró que “toda la información” que tiene el Ejército del caso Ayotzinapa, se ha puesto a disposición del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), y la Fiscalía especial.

A 10 años de que el GTDFI publicara un amplio informe sobre este problema, luego de realizar una visita a México, Gabriella Citroni y Luciano Hazan reconocen el posicionamiento que ha tenido el gobierno de Andrés Manuel López Obrador de reconocer la crisis humanitaria que representan las desapariciones en el país, de aceptar la competencia del CED para investigar casos individuales y la visita de sus integrantes, pero alertan sobre pendientes para abordar la tragedia.