En entrevista para Aristegui en Vivo, Ángela Buitrago, integrante del GIEI, describió cómo ha sido la lucha de los investigadores para obtener gradualmente los expedientes del caso.
Buitrago explicó que han solicitado “de todas las formas posibles” que se les entregue la información completa a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), aunque existen otras autoridades que podrían tener archivos en su posesión que no les han sido remitidos.
“Tenemos claro que estos mensajes que encontramos nosotros, y que algunos de ellos nos los allegó el general Sandoval por orden del presidente de la República, son parciales, no están completos”, señaló la investigadora.
A pesar de que, con la conformación de la Comisión de la Verdad en 2018, se ordenó a las instituciones mexicanas entregar toda la información relacionada con el caso, no les fue allegada de manera voluntaria o de manera directa, explicó Buitrago.
Explicó que, de nueva cuenta, en 2020 se enfatizó en la necesidad de acceder a todos los archivos, y la Sedena les entregó una primera parte, aunque se trataba de un archivo parcial.
A partir de mayo de 2020 insistieron en la necesidad de acceder directamente a los archivos, ya que, al sólo contar con información fragmentada “nadie tiene la historia completa”.
Ante la imposibilidad de consultar directamente los documentos, acudieron directamente con el presidente López Obrador. Durante la reunión el mandatario dio un golpe en la mesa y dijo a los investigadores: “tiene que darse esa información, yo lo ordené”.
Fue hasta marzo de 2021 que se les permite el acceso directo a los archivos, aunque aún hay algunas unidades cerradas que imposibilitan su consulta, ya que su revisión “depende mucho de la gente que aún se conserva en estas unidades”.
A pesar de la importancia del acceso concedido por órdenes del presidente, “aún hay información que no sabemos si existe o no existe porque es privada”, lamenta la integrante del GIEI.
Buitrago también reveló que muchos documentos sobre el caso Ayotzinapa han sido destruidos “por tema archivista, porque ya pasaron cuatro años”.
“Varios de los documentos los encontramos directamente en los archivos que estaban listos para su destrucción. Estaban en la mitad de la nada y eran documentos relevantes”, resaltó.
Datos relevantes para la investigación fueron proporcionados por el gobierno de Estados Unidos, debido a que investigadores federales contaban con intervenciones telefónicas, legalmente autorizadas por jueces, a presuntos narcotraficantes que operan en Chicago.
“Esa información es decir permite decir categóricamente que también había narcotráfico, crimen organizado, y la vinculación, sobre todo de un crimen, de una organización que termina siendo reconocida por Estados Unidos”, sostiene Buitrago.
Gobierno los tenía ubicados
Uno de los hallazgos de mayor relevancia que presentaron el lunes los integrantes del GIEI, fue acceder a las conversaciones entre autoridades de seguridad con sus captores, pero que, a pesar de que ya tenían intervenidas las líneas, no ordenaron un despliegue de elementos de seguridad para concretar su rescate.
“¿Cómo es posible que intercepten una comunicación de dos personas vinculadas al narcotráfico que dan números, dan lugares donde tienen capturados a los muchachos y, si ya son capaces de interceptar sin orden judicial, tienen la capacidad de geo referenciar esa ubicación?”, cuestionó Francisco Cox, integrante del GIEI.
Durante la entrevista, los investigadores explicaron que, con base a la información que han obtenido, la Secretaría de la Defensa Nacional tenía ubicados a los normalistas antes, durante y después de su captura.
También destacaron que había dos soldados jóvenes que llevaban tiempo infiltrados en la Escuela Normal Isidro Burgos, y que les reportaban con detalle las actividades de los estudiantes.
“Hubo una omisión, al no salir esa noche a proteger a los estudiantes”, señaló Claudia Paz y Paz, integrante del GIEI.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
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