La actuación de Gertz Manero desde la Fiscalía General de la República (FGR) en sus asuntos personales, incluido su litigio para convertirse en investigador del Conacyt –institución que la semana pasada lo exoneró de plagio–, ha llevado a organizaciones sociales a poner la mirada en su desempeño como el primer fiscal general, cargo para el que fue nombrado por el Senado en enero de 2019 para un periodo de nueve años, y en condición de autonomía de la institución.
En los audios filtrados a la plataforma de YouTube, Gertz Manero exhibe su intromisión en el proceso contra su excuñada, Laura Morán, y la hija de ésta, Alejandra Cuevas, de 69 años, presa desde octubre de 2020, a quienes acusa de la muerte de su hermano Federico por “negligencia”.
De acuerdo con los audios, Gertz tiene en su poder el proyecto que el ministro Alberto Pérez Dayán presentaría al pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y revela que se había coordinado con el ministro presidente Arturo Zaldívar para maniobrar a su favor.
“La independencia judicial está en entredicho. Está generando una falta de certeza jurídica de cualquier proceso judicial, tanto en procuración de justicia como de impartición de justicia. La actuación de los dos (Gertz y Zaldívar) sugiere que éste no es el único caso en que las dos instituciones se han compartido información que vulnera los derechos de las personas, generando una ventaja, en este caso para Gertz Manero.
“De hecho, gran parte de las condiciones que permiten que la criminalidad aumente (ejecuciones, desaparición, feminicidio, crimen organizado, narcotráfico y corrupción) tienen que ver con la falta de actuación de la Fiscalía. Y esto lleva a una impunidad.”
El análisis lo hacen 32 organizaciones de la sociedad civil, siete colectivos de búsqueda de personas desaparecidas y 14 personas a título individual, y lo plasmaron en un documento titulado “Tres años de retrocesos y falta de rendición de cuentas en la gestión de Gertz Manero al frente de la FGR”.
Exponen: la FGR continúa procesando judicialmente, mayormente, casos de criminalidad común y no de criminalidad compleja: en 2020, 58.37% son delitos relacionados con portación de armas de fuego; 2.25% corresponden a delitos fiscales; 1.97% a delitos contra el patrimonio y 1.25% a los relacionados con robo de hidrocarburos; el 24.6% restante son delitos no determinados.
Durante el paso de Gertz por la FGR sus propias cifras hablan de una ausencia constante de investigación criminal que en 2020 colocó el nivel de impunidad en 95.6%; o sea que sólo tiene éxito en 4.4% de los casos.
Los números muestran que la Fiscalía no enfrenta la criminalidad, afirman.
Fragmento del reportaje publicado en la edición 2366 del semanario Proceso
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PATRICIA DÁVILA
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