El caso de Ingrid causó gran indignación, no sólo por la saña con la que se cometió su feminicidio, sino también porque en redes sociales y sitios por internet se filtraron fotografías de sus restos. Además, circuló un video en el que el presunto responsable declaró cómo habría cometido el crimen ante un elemento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana sin la presencia de un abogado.
Por unanimidad, este 22 de marzo, los legisladores de la Cámara Baja aprobaron reformas al Artículo 225 del Código Penal Federal para sancionar a servidores públicos que difundan información o material audiovisual relacionado con un procedimiento penal, tras lo cual la propuesta pasará al Senado de la República para su discusión y posterior votación.
El dictamen contempla entre 100 y 150 días de multa y de cuatro a 10 años de prisión para los servidores públicos que fotografíen, copien, filmen, audiograben, videograben, reproduzcan, difundan, entreguen, revelen, remitan, compartan, distribuyan, publiquen, transmitan, expongan, oferten, intercambien o comercialicen, imagen, audio, video, documento, información, indicio, evidencia u objeto alguno relacionado con una investigación penal, las condiciones personales de una víctima o las circunstancias de los hechos.
Además, la reforma, que se conoce como Ley Ingrid en referencia a la joven 25 años de edad originaria del estado de Puebla, quien fue asesinada por su pareja sentimental, identificado como Erick Francisco, de 46 años de edad, tras una discusión que sostuvieron, también contempla un incremento en las sanciones hasta en una tercera parte si la información que se difunda o se reproduzca es de mujeres, niñas, niños, adolescentes o personas con discapacidad.
Al respecto, la Maestra Arabell Montes de Oca, académica de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y titular del Observatorio Jurídico de Género de la UNAM, consideró que estas iniciativas legales “son un gran avance, sin embargo, no son suficientes todavía”, ya que sólo señala a los servidores públicos como los responsables de filtrar esta información, pero en el hecho también participan “reporteros que llegan al área, personas que pasan por el lugar y toman imágenes de los hechos, y después las publican en sus redes sociales”.
El caso de Ingrid causó gran indignación, no sólo por la saña con la que se cometió, también porque en redes sociales y sitios por internet se filtraron fotografías de sus restos. Además, circuló un video en el que el presunto responsable declaró cómo habría cometido el crimen ante un elemento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) sin la presencia de un abogado.
El 5 de octubre de 2021, Laura Imelda Pérez Segura, Diputada de Morena, presentó la “iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona un artículo 225 Bis al Código Penal Federal”, en la que propuso “tipificar estas conductas [la filtración de imágenes e información] como delito a efecto de proteger los derechos de las víctimas y garantizar el acceso a la justicia”, a fin de “salvaguardar la dignidad de las personas afectadas, protegiendo los derechos humanos de la víctima”, y con ello evitar “dañar a la víctima y al debido proceso”.
La legisladora morenista argumentó que “los casos de delitos cometidos en contra de mujeres en los cuáles se difunden imágenes o información relativas a las víctimas, en su perjuicio, implican revictimización y violencia institucional”, y la “filtración y difusión de imágenes sensibles de mujeres asesinadas es una de estas formas de revictimización”, por lo que consideró como “necesario un esquema de procuración de justicia con perspectiva de género para evitar la prevalencia de la impunidad”.
“Una de las causas por las cuales existe ineficacia para garantizar el acceso de justicia de las mujeres, es la revictimización. En estos casos, la víctima sufre violencia institucional por parte de los impartidores de justicia pues no hay seguimiento de los procesos, e inclusive se busca la justificación del acto violento”, reiteró Pérez Segura en la exposición de su propuesta de reforma.
“Artículo 225 Bis. Se le impondrá una pena de seis a 10 años de prisión y una multa de a 300 Unidades de Medida y Actualización, al que por cualquier medio y fuera de los supuestos autorizados por la ley fotografíen, videograbe, audiograbe, entregue, comparta, revele, envíe, exponga, transmita, difunda, publique, distribuya, comercialice o intercambie imágenes, audios, videos, documentos o información reservada del lugar de los hechos, del hallazgo, indicios o evidencia de personas que hayan sufrido violencia física o sexual de cadáveres o parte de ellos o de las circunstancias de la muerte”, señala el texto reformado.
La difusión de las fotografías que mostraban los restos de Ingrid, así como de las declaraciones del presunto feminicida, que habrían sido filtradas por la policías capitalinos y que se publicaron en varios medios nacionales, generaron gran indignación entre colectivos feministas, y entre la sociedad en general, por lo que los hashtags #JusticiaParaIngrid e #IngridEscamilla se posicionaron rápidamente en Twitter, en donde los internautas también exigieron castigos ejemplares para los responsables de la filtración y difusión de las imágenes.
Por ello, Montes de Oca considero que es necesario “ampliar la ley Ingrid para visibilizar que los servidores públicos son sólo una parte del problema” y que “se tienen que establecer límites dentro de las redes sociales a la difusión de estas imágenes y que no sólo se tiene que hacer por vía punitiva, también se tienen que implementar medidas preventivas, enseñarle a la gente, a utilizar redes sociales, porque no hay algo que realmente forme y que coloque límites a cuestiones de libertad de expresión, libertad de poder subir lo que quieras cuando existe un detrimento obvio”.
LAS REFORMAS EN LOS ESTADOS
Un año después del feminicidio de Ingrid, el 24 de febrero de 2021, el Congreso de la Ciudad de México aprobó la reforma al Artículo 239 del Código Penal local, con la que ahora se tipifica como delito la difusión contenidos de investigaciones judiciales como imágenes y videos de víctimas, con la que se determinó castigar a personas del servicio público que indebidamente compartan información, fotografías o documentos relacionados con algún procedimiento penal. La pena será de entre dos a seis años de cárcel y una multa de 500 hasta mil Unidades de Medida y Actualización (UMA).
“El respeto a la memoria de las víctimas que han sido privadas de la vida, es un tema necesario. La vida de una persona que ha sido violentada o su forma de muerte, nunca debe ser causa para su revictimización o agravar aún más el daño causado, tanto a los que lo sufren como a los familiares y comunidad que les rodea, se detalla en el cuerpo del dictamen”, se lee en el comunicado del Congreso de la capital mexicana.
Estas modificaciones se replicaron después en los estados de Colima, Oaxaca, Jalisco, Puebla, Querétaro y Quintana Roo, respectivamente.
Sin embargo, esta “problemática se encuentra arraigada” en todo el país, misma que se ve favorecida por las nuevas tecnologías que “han permitido la rápida circulación de la información”, según se señaló en la “iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona el artículo 2014 del Código Penal Federal, en materia de filtración de imágenes, videos, audios y documentos”, promovida el 9 de diciembre de 2021, por la Diputada por el Partido Acción Nacional (PAN), Ana María Balderas Trejo.
La legisladora panista argumentó que su iniciativa busca “sancionar a quienes difundan, entreguen, publiquen o transmitan imágenes, audios, videos o documentos de los hechos relacionados con un delito” luego de los diversos casos en los que se “ha filtrado información que ha puesto en riesgo y violentado la dignidad de las víctimas”, por lo que propuso modificaciones a la fracción IV del Artículo 214.
“Por sí o por interpósita persona, sustraiga, destruya, oculte, difunda, publique, comparta, utilice o inutilice ilícitamente, información o documentación, videos o audios que se encuentren bajo su custodia o a la cual tenga acceso o de la que tenga conocimiento en virtud de su empleo, cargo o comisión”, se indica en la reforma de la medida con la que se busca garantizar el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, y acabar con la revictimización y violencia institucional que existe contra las mujeres.
Ingrid fue brutalmente asesinada por su pareja sentimental, el 9 de febrero de 2020, en un domicilio de la calle Tamagno, ubicada en la colonia Vallejo de la Alcaldía Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México. Pero al horror del crimen le siguió el de las autoridades, ya que fueron filtradas imágenes del cuerpo mancillado y un video que exponía al presunto responsable durante su detención, en donde se mostraba sin camisa y con el torso ensangrentado.
En este sentido, la académica de la UNAM llamó a “cortar con esa dinámica de morbo”, de asumir que al difundir “esa información se estuviera haciendo algo positivo, y no contribuyendo como lo es: generar un proceso de revictimización”. “Muchas de las personas que al inicio reproducían las imágenes, lo hacían con la idea de que no suceda o de que no vuelva a pasar”, dijo. “Pero están pensando en una generalidad y no están pensando en las víctimas, ni en la familia de éstas, que ven una y otra vez el cuerpo de su hija, de su hermana, de su madre”, agregó.
“También es un proceso de concientización de los alcances que tienen los alcances propios en la vida de los demás”, sostuvo Montes de Oca. Además, subrayó que en muchos casos se puede provocar “ciertas imitaciones de los actos y que se normalicen los actos de violencia”, ya que mientras unas “personas lo ven para tratar de garantizar la repetición de esos hechos, por el otro lado hay personas que ven que es impune, y que ellos pueden cometer los mismos actos, incluso de las mismas formas, y eso es bastante peligroso”.
Añadió que “en el contexto de feminicidios hay que tener mucho más control sobre ese tipo de información, porque estamos erradicando un problema”, y opinó que se deben “generar políticas para poder reconocer cuándo debe compartirse ese tipo de información”, así como “educar a las personas en las tecnologías, y continuar con las labores de formación, y sobre todo evaluación de las políticas públicas en materia de género, específicamente en temas de feminicidio.
LA DIFUSIÓN EN REDES
Tras el feminicidio de Ingrid Escamilla, se logró combatir la agenda de horror que naturaliza la violencia en México desde las redes sociales, así lo indicó un reporte del laboratorio Signa_Lab del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente (ITESO).
“Ingrid Escamilla: apagar el horror”, es el título del análisis desarrollado por el laboratorio interdisciplinario centrado en la comprensión multidimensional del mundo sociodigital, en el que exponen los resultados de una revisión en tiempo real llevaron a cabo durante el periodo de mayor actividad en Twitter en torno al caso de Ingrid Escamilla.
El análisis se centra en dos momento decisivos de la movilización: el primero, correspondiente a la elevada actividad que se generó en torno a la deshumanización y deterioro de la empatía y sensibilidad por el feminicidio de la joven. En esta primera etapa de las reacciones, el ITESO destacó la inmediatez con la que se posicionó el discurso “atravesado por la normalización de la violencia” sobre todo durante las últimas horas del 11 de febrero y las primeras del siguiente día.
La segunda etapa que identificó el laboratorio fue la correspondiente a las acciones emergidas desde un marco tecnopolítico que lograron imponer un discurso frente a la reproducción masiva del horror.
“La estrategia tecnopolítica (el uso político y estratégico de las redes por parte de la sociedad) redireccionó de manera muy rápida la narrativa que se imponía en torno a la revictimización de #Ingrid, a través de la circulación de imágenes de su cuerpo ultrajado”, sostiene Signa_Lab.
El caso de Ingrid Escamilla exhaltó la capacidad de los usuarios para organizarse desde la colectividad y hacer frente por medio de la viralización de imágenes de paisajes a un discurso violento que contextualizó en la Red la fotografía del cuerpo de la joven, y que la revictimizó al mostrar aspectos sórdidos de su muerte.
“La inteligencia colectiva y especialmente de una comunidad de afectos de larga data, que ha buscado revertir el relato terrible de nuestras violencias, logró colocar y viralizar -en pocas horas-, miles de imágenes de paisajes naturales, atardeceres, fauna viva, entre otras, con tuits que apelaban al #IngridEscamilla”, señala el informe.
El análisis semántico realizado a la conversación sobre #IngridEscamilla muestra que la narrativa que se posicionó de manera inmediata la circulación de las fotografías del cuerpo violentado de la joven provino de individuos acostumbrados a la normalización de la violencia agravado por la viralización y el “contagio cultural del horror”. Términos como “cuerpo”, “desolló”, “burla” y otros se colocaron al centro del debate.
Por la tarde del 12 de febrero, Signa_Lab detectó un cambio en los relatos que se reprodujeron en torno al caso que de acuerdo con el laboratorio procedieron de la activación de una “memoria colectiva afectiva y crítica” que tuvo por objeto reivindicar a Ingrid Escamilla a través de la circulación de datos masivos para posicionar una gramática de esperanza en torno al caso y que fue definido en el análisis como una acción de “resistencia colectiva frente a la colonización del horror”.
La intervención del algoritmo con miles de fotografías de escenas paisajistas, continuó el 13 de febrero con el posicionamiento de la tendencia #IngridEscamillaChallenge, una continuación de la gramática esperanzadora pero que el incluir la palabra challenge (reto) indicativo de un reto en la Red amplificó la convocatoria entre usuarios.
Después del mediodía del 13 de febrero, el hashtag #IngridEscamillaChallenge comenzó a ocupar el número uno en México. Esta etiqueta no sólo es una continuación de la gramática de la esperanza activada desde un día atrás, sino que permite pensar en un alcance mayor de dicho relato en la medida en que la palabra “challenge” alude a una práctica común en las redes, donde el “challenge” (reto) invita a un mayor número de usuarios a sumarse y sincronizarse para la creación intencional de una tendencia.
De acuerdo con las primeras versiones, luego de sostener una discusión con Ingrid, que era su esposa, Erick Francisco “N” la agredió hasta causarle la muerte. Ante dicha situación, la SSC puso al hombre a disposición del agente del Ministerio Público en la Fiscalía Central de Investigación y posteriormente se informó que el presunto agresor fue vinculado a proceso por el delito de feminicidio, aunque hasta el momento, el juicio para determinar la culpabilidad del sujeto se ha visto retrasado por la contingencia que provocó la pandemia de COVID-19, por lo que el responsable continúa sin recibir su condena por estos hechos.
AUTOR: NORA NANCY GASPAR RESENDIZ.
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