La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) comenzó a investigar a los hermanos Zebadúa en 2019 y entre los hallazgos que logró estuvieron una serie de transferencias bancarias hacia Estados Unidos. Animal Político siguió la pista y detectó que, con ese dinero, José Ramón Zebadúa compró una casa y luego constituyó una empresa mediante la cual adquirió tres departamentos más en Florida entre 2018 y 2019.
Por este tipo de actividades financieras y la sospecha de lavado de dinero, la Fiscalía General de la República (FGR) está investigando a Emilio Zebadúa por posible enriquecimiento ilícito, presumiblemente a partir del presupuesto público desviado a través de La Estafa Maestra.
Además, la UIF interpuso una denuncia en su contra en 2019 ante la FGR, por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, debido a que dichos recursos “posiblemente provengan de actos de corrupción ejecutados por Emilio Zebadúa González”.
Aunque en esa denuncia también se solicitó congelar sus cuentas bancarias, hasta el momento el exfuncionario mantiene todo su patrimonio disponible. También está acusado de ejercicio indebido de la función pública, el mismo delito que ha mantenido a la exsecretaria Rosario Robles en prisión desde 2019, pero él ni siquiera ha pisado un juzgado, gracias a los amparos que ha interpuesto durante tres años.
Pese a haber sido el funcionario que manejaba el presupuesto de las dependencias donde hubo un desvío de al menos 5 mil millones de pesos, buscó obtener un criterio de oportunidad, es decir, beneficios legales a cambio de la declaración ministerial que hizo en 2020, en cual que acusó al exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, y a la propia Robles, de orquestar La Estafa Maestra. Por ello, fue considerado un testigo clave en contra de la exfuncionaria.
En la investigación, la UIF detectó que José Ramón Zebadúa era el apoderado legal de su hermano Emilio y que gastaba 70% más de lo registrado como ingresos lícitos ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT). De ahí que “en los instrumentos financieros manejados por el apoderado legal se identificó un esquema de operatividad incongruente”.
Entre los gastos de José Ramón Zebadúa estuvieron las transferencias bancarias por 470 mil dólares entre 2018 y 2019 a Estados Unidos, de las cuales 335 mil dólares terminaron en la compañía Fox Partners Enterprise, LLC, pero la investigación oficial se quedó hasta ahí porque las autoridades no identificaron alguna “relación comercial”.
Animal Político detectó que Fox Partners Enterprise era una compañía financiera mediante la cual José Ramón Zebadúa y su esposa, Cecilia Martínez Herrejón, compraron una casa en Apopka, en el condado de Orange, Florida, por 336 mil 500 dólares. De acuerdo con el acta notarial encontrada en los archivos públicos de Estados Unidos, la compra se concretó el 28 de noviembre de 2018, justamente cuando Emilio Zebadúa terminaba el cargo como oficial mayor de la Sedatu.
Dos meses después, el 23 de enero de 2019, José Ramón Zebadúa y su esposa constituyeron la empresa Winter Oak Company, LLC, y registraron como sede la dirección de la casa previamente comprada en Apopka, la que también era su residencia, según asientan en sus declaraciones de impuestos en EU.
Mediante Winter Oak Company, el matrimonio adquirió tres departamentos en Lake Buena Vista Resort Village el mismo día, el 7 de junio de 2019, según los registros notariales de Florida.
Solo de estos cuatro inmuebles suman un gasto por 1 millón 131 mil dólares, sin que corresponda a los ingresos de José Ramón Zebadúa, por lo que el dinero “posiblemente provenga de actos de corrupción ejecutados por Emilio Zebadúa”, advierte la investigación de la UIF.
En junio de 2021, José Ramón Zebadúa y su esposa vendieron la primera casa y compraron otra en Lake Mary, Florida, domicilio que es también la nueva sede de Winter Oak Company, de acuerdo con el aviso de cambio de dirección publicado en el registro del estado en enero de 2022.
Antes, en 2017, José Ramón Zebadúa había comprado un inmueble en el Estado de México por 3 millones de pesos y había gastado 48 millones 300 mil pesos en su tarjeta de crédito.
En contraste, sus ingresos declarados ante el SAT fueron de 21 millones de pesos entre 2015 y 2018, más 18 millones de pesos en “préstamos” y 700 mil pesos por concepto de “salarios” de las empresas Innovaciones Intelectuales Javornik y RH Actinom.
Por lo tanto, la UIF consideró como “irregular” que José Ramón Zebadúa realizara erogaciones por un monto que supera sus ingresos, “máxime cuando resulta evidente que los mismos no encuentran justificación en una actividad lícita, y puede ser una estrategia para evitar que el verdadero origen de los recursos operados sea conocido por la entidad financiera y con ello lograr el ocultamiento de recursos provenientes de actividades ilícitas”.
La sospecha de lavado
Tanto Emilio Zebadúa como sus hermanos José Ramón y Lourdes, Rosario Robles y su exasesor, Ramón Sosamontes, fueron denunciados en 2019 por la UIF por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Sin embargo, en la investigación sobre cuentas bancarias y gastos, ni Robles ni Sosamontes presentan movimientos sospechosos. La exfuncionaria, por ejemplo, tuvo ingresos por 19 millones 181 mil pesos entre 2015 y 2018 como parte de su salario como secretaria de Estado, mientras tuvo gastos en consumos en su tarjeta American Express por casi 4.5 millones de pesos y 2.1 millones de pesos de su hija, Mariana Moguel.
Emilio Zebadúa, en cambio, recibió 9 millones de pesos de salarios como oficial mayor entre 2015 y 2018, pero solo los gastos de su tarjeta American Express en el mismo periodo fueron de 14.8 millones de pesos, lo que hace “probable que percibiera distintas cantidades en efectivo por la comisión de actos de corrupción”, advirtió la UIF en su denuncia de 2019.
En tanto, en la dirección que Emilio Zebadúa tiene registrada como su domicilio, en la carretera México-Toluca en Cuajimalpa de Morelos, vivía su hermana, Lourdes Zebadúa, que ni siquiera hace declaraciones de impuestos ante el SAT.
En cambio, gastó 26 millones de pesos en tarjetas de crédito entre 2014 y 2019, además de 58 millones 600 mil pesos en casinos. Esto último es considerado como una “fuente importante de blanqueo de activos, mismos que provienen de actividades ilícitas y son invertidos en fichas de casinos o certificados de regalo con la finalidad de dar apariencia de licitud a los recursos operados”, dice la UIF.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: NAYELI ROLDÁN.
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