De acuerdo con la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, de aproximadamente 100 episodios de desplazamiento forzado en México que se registraron de 2016 a 2020, 67 están relacionados con la violencia generada por grupos del crimen organizado, que afectado principalmente a los estados de Guerrero, Michoacán y en el último año a Zacatecas.
Aunque la CMDPDH no ha determinado con exactitud el número de casos de desplazados que están relacionados con la violencia generada por grupos del crimen organizado, calcula que en cinco años son cerca de 67 episodios los que corresponden a este motivo, de alrededor de 100, y el resto respondería a causas como violencia política, intolerancia religiosa, conflictos sociales y disputas territoriales.
“Del total de los episodios [de desplazamiento forzado al interior del territorio mexicano] que hemos registrado hasta 2020, 67 han sido causados por violencia generada por grupos armados organizados, principalmente en Michoacán y Guerrero”, indicó en entrevista para SinEmbargo, Pablo Cabada, investigador de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, organización que documenta desplazamientos forzados masivos en México, particularmente los provocados por la violencia.
Chiapas, Chihuahua, Oaxaca, Sinaloa , Guerrero, Michoacán, son los seis estados que más episodios de desplazamiento forzado registraron entre 2016 y 2020, en los que también hubo el mayor número de personas desplazadas, agregó el experto, quien detalló que Guerrero encabezó estos eventos violentos en los últimos cinco años, a los que se sumó Michoacán en 2021.
De acuerdo con el análisis “Migración interna por violencia o inseguridad en México”, elaborado por la Unidad de política Migratoria, Registro e Identidad de Personas en 2020, es difícil determinar todas las causas que provocan el desplazamiento forzado de personas al interior de un país, sin embargo, con base en la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) de 2018, se identificó a los conflictos territoriales y la presencia de grupos del crimen organizado como elementos relacionados a dicha problemática.
Pese a que en México no existe un registro oficial que contenga el número exacto de personas que se han visto obligadas a abandonar su lugar de residencia, desde 2014 la CMDPDH se ha dedicado a dar seguimiento a la situación de desplazamiento forzado al interior del país, mediante un monitoreo de medios de comunicación y un seguimiento a diversos estudios de organizaciones gubernamentales y de la sociedad civil, con el propósito de evidenciar esta problemática.
La Comisión define al desplazamiento interno forzado como “una violación de derechos humanos que se presenta cuando personas o grupos de personas se ven obligadas a huir de su hogar o lugar de residencia habitual como consecuencia o para evitar los efectos de una situación de violencia generalizada, de un conflicto armado, de violaciones a los derechos humanos, de desastres naturales o de catástrofes provocadas por el ser humano”, sin que salgan de su país.
“De 2016 a 2020-2021 ha sido la violencia generada por grupos armados [la que principal causa de los desplazamientos forzados], principalmente violencia generada por crimen organizado o por control territorial” por parte de estos agrupamientos que avanzan y se apropian de ciertas zonas en donde se producen drogas o porque son territorios ricos en recursos minerales o maderables, lo que hace que sus habitantes huyan de esas zonas, explicó el investigador de la CMDPDH.
Aunque en agosto de 2015, el entonces Presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) habló por primera vez la existencia del fenómeno de desplazamiento interno forzado en México, que provocó la violencia generada por el crimen organizado, diversos organismos coinciden en que el fenómeno del desplazamiento interno forzado en México inició con la denominada “Guerra contra el narcotráfico” que desató el Gobierno encabezado por el Presidente Felipe Calderón (2006-2012).
Cabada coincidió en esta premisa, pues dijo que al inicio de la llamada “Guerra contra las drogas”, sí fue perceptible “un aumento, sobre todo, en la violencia general en el país, se puede ver en el aumento en el número de homicidios”, lo que también impactó el fenómeno de desplazamiento forzado al interior del país, “en particular los episodios relacionados con grupos armados organizados”, enfatizó.
En ese sentido también se pronunció la Doctora en Geografía Ana Melisa Pardo Montaño, quien consideró que el fenómeno del desplazamiento forzado se agudizó con dicho episodio. “Creo que es cuando más se hace evidente”, dijo la experta, quien enfatizó que, aunque el fenómeno no es nuevo y con anterioridad se registraron episodios de este tipo, “es a partir de ahí 2006] cuando se empieza a hacer mucho más visible, que empieza la misma población a sufrir las consecuencias de la guerra interna que se dio en muchos lugares del país”, dijo en entrevista para SinEmbargo.
En 2019, la actual administración que dirige el Presidente Andrés Manuel López Obrado reconoció públicamente que ésta era una problemática, y se comprometió a atenderla. El 22 de abril de ese año, la Secretaría de Gobernación (Segob) y el Consejo Nacional de Población (Conapo) presentaron la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública en la que se indicó que entre 2017 y 2018, un millón 133 mil 41 personas cambiaron de domicilio debido a la inseguridad provocada por la delincuencia.
Por ello, víctimas, activistas y organizaciones exhortaron a la creación de una ley general para combatir de manera integral esta problemática. En 2020, se presentó la iniciativa de Ley General para Prevenir y Atender el Desplazamiento Forzado Interno, misma que fue aprobada por la Cámara de Diputados pero que al turnarse al Senado de la República quedó estancada, pues aún se encuentra en proceso de análisis.
A la falta de un marco normativo para combatir esta problemática, se suma el incremento del desplazamiento forzado interno en México. Frente a ello, el Presidente López Obrador afirmó que son pocas las regiones en el país en las que se da este fenómeno. “Lo que se está haciendo en estos casos es que se está buscando que la gente regrese a sus comunidades, a sus pueblos. Eso es lo básico como sucedió hace relativamente poco, en Aguililla y en toda esa región”, dijo en su conferencia matutina del 2 de marzo pasado.
DESPLAZADOS POR LA VIOLENCIA
Apenas el 17 de febrero, la localidad de Palma Altas, en Zacatecas, quedó despoblada luego de que sus habitantes fueron amenazados por grupos del crimen organizado, los cuales dieron un ultimátum. “O se van antes de la 13:00 horas, o dense por muertos”, les advirtieron a los ciudadanos, quienes tomaron la decisión de abandonar su comunidad con ayuda de elementos de la Guardia Nacional.
Huyen Familias en Comunidades de Zacatecas por la narco-guerra
— Mar_02471 (@Omnissiah131031) February 21, 2022
Triste pero muy triste esta realidad, escoltarlos a la salida fue la ayuda que solamente les pudo ofrecer la Guardia Nacional. pic.twitter.com/kqwiJYlFwN
Una situación similar ocurrió en la comunidad de Ermita de los Correa, en el municipio de Jerez, también en Zacatecas, cuando sus casi mil habitantes decidieron dejar sus hogares a inicios de septiembre de 2021, debido al contexto de violencia que se vive en la zona. El día 9 de ese mismo mes, la agencia Cuartoscuro registró en diversas fotografías el abandono en el que quedó el poblado. Algunos de los desplazados regresaron a sus casas días después en compañía de elementos de la Policía Estatal y del Ejército mexicano para intentar rescatar sus pertenencias.
La disputa por el territorio zacatecano en la que se encuentran enfrascados el Cártel de Sinaloa y el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) desde finales del 2020, también ha provocado el desplazamiento de los habitantes de Calera Víctor Rosales, quienes como los de otras comunidades abandonaron sus hogares para, en algunos casos, ir en busca de asilo en Estados Unidos o, como sucede con la mayoría, irse a buscar refugio en las comunidades aledañas.
La decisión de los ciudadanos de huir se tiene lugar tras episodios de extrema violencia. El 2 de octubre de 2021, José Humberto Salazar, Alcalde de Jerez, Zacatecas, epicentro de la guerra entre cárteles del narcotráfico, confirmó que integrantes de estas organizaciones dañaron las antenas de comunicación de las poblaciones para evitar que los habitantes pudieran pedir ayuda.
“Las dañaban con la finalidad de que no funcionen y de que esté aislada el área. Al estar incomunicada la población, pues están aislados, están completamente desprotegidos”, dijo Salazar durante una entrevista con Marco Antonio Coronel y Adrián Tinoco para Noticieros Televisa, en la que detalló que los criminales dispararon contra las estructuras de comunicación, cortaron cables y destruyeron los aparatos.
El 16 de noviembre de 2021, activistas alertaron sobre el incremento de casos de desplazamiento forzado en Guanajuato. A través de un comunicado, defensores de derechos humanos representados en la Plataforma por la Paz y la Justicia alzaron la voz sobre este fenómeno producto de la violencia y de las amenazas de la delincuencia organizada, ante el cual, por lo menos una periodista y un colectivo de familias de personas desaparecidas, han solicitado apoyo en el estado.
Detallaron que el primer caso documentado fue el de una periodista leonesa que tuvo que abandonar el estado en 2019 producto de la amenaza directa de un grupo delincuencial que la intimidó a ella y a su familia.
“Han pasado más de dos años y el propio Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos ha reducido su acción en el caso”, afirmaron en ese entonces, y explicaron que hombres armados se presentaron en su domicilio e indagaron sobre su vida y la de su familia. “Dígale que se cuide”, “regresaremos por ella”, amenazaron.
Por lo anterior, se convirtió en la primera periodista desplazada de Guanajuato, perdiendo trabajo, vivienda y gran parte de su patrimonio. El caso permanece en la impunidad y ella continúa desplazada.
Resaltaron que desde 2018, las víctimas más visibles, con mayor organización y capacidad de incidencia han sido las familias de personas desaparecidas, que han confrontado no sólo a autoridades sino también a los grupos delincuenciales, por lo que han estado expuestas también a la violencia extrema como la que se vive en Guanajuato.
“Además de los asesinatos de Rosario Zavala en octubre de 2020 y de Francisco Javier Barajas en mayo de 2021, dos personas buscadoras, se han documentado al menos media docena de amenazas contra personas víctimas indirectas de la desaparición, en actos que se presume, están directamente vinculados con su trabajo de búsqueda”, recordaron.
Expusieron que estos desplazamientos han sido tanto en municipios del sur como en el corredor industrial, lo que ubica la geografía del desplazamiento no sólo en un punto específico y localizado, sino en lo ancho y largo de Guanajuato.
“Así se han documentado al menos tres casos de solicitud de reubicación o extracción de su lugar de origen [domicilio o municipio] a otro lugar, consideradas inicialmente como medidas temporales, pero como en el caso de la periodista mencionada líneas arriba, no estamos seguros de que esto sea posible”, indicaron los activistas.
MICHOACÁN Y GUERRERO, LOS MÁS AFECTADOS
El 4 de marzo pasado, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) en Michoacán reconoció que casi cinco mil personas huyeron de cinco municipios del estado en un lapso de cinco meses en 2021, según consignó InSight Crime.
Sin embargo, el estado que encabeza la mayor cifra de episodios de desplazamiento forzado es Guerrero relacionados con la violencia provocada por organizaciones criminales, ya que “entre 2016 y 2020 tiene 40 episodios, en los que se han desplazado 21 mil 805 personas” del lugar en donde originalmente habitaban, detalló el experto de la CMDPDH.
El 19 de diciembre de 2021, el diario El Sur documentó que el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), tomó el pueblo de Zihuaquio, en el municipio de Coyuca de Catalán, Guerrero, de donde desplazó a sus habitantes, a quienes les quemó sus casas y destruyó sus fábricas de mezcal que era el sustento de las familias, las cuales salieron huyendo ante el temor a ser asesinadas.
La caída del precio de la amapola ocasionó que los grupos del crimen organizado optarán por los recursos naturales de los pueblos; en Zihuaquio optaron por desplazar a los pobladores y ahora se quedaron con el maguey que sirvió por años para la producción del mejor mezcal de Guerrero.
“Ahora da más dinero el mezcal que la amapola, en nuestro pueblo todos trabajábamos el maguey, muy pocos se dedicaban a la siembra de la droga, con el maguey trabajábamos toda la familia, producíamos y lo vendíamos, eran buenas ganancias sin estar violando la ley”, reveló uno de los desplazados que ahora vive refugiado en Vallecitos de Zaragoza, municipio de Zihuatanejo.
Aunque el poblado quedó sólo desde 2019, “la guerra comenzó en 2017, nosotros muchas veces nos tuvimos que defender, pero dos años después llegaron muchos hombres armados, nos pidieron que nos fuéramos y tuvimos que salir dejando todo, muchos caminaron aterrorizados por los cerros, algunos se fueron en sus camionetas y sus motos, pero la mayor parte de las cosas se quedaron ahí, la policía (del estado) sólo fue a ayudarnos para salirnos, no para regresar”, relató un joven mientras viajaba en una cuatrimoto para intentar llegar a Zihuaquio dos años después de que fue desplazado.
Cabada señaló que pese a que “de 2016 a 2019 vimos una disminución en el número total de personas desplazadas”, ya que en 2016, dijo, se registraron 22 mil 110 personas desplazadas y en 2019, ocho mil 664, esta reducción, dijo, no tiene que ver con una reducción de la violencia, sino a la probabilidad de que muchas de las personas habían huido con anterioridad de las regiones violentas, y a “ciertos vacíos de información”, por ejemplo, porque la prensa dejó de cubrir las zonas, lo que dificulta obtener datos concretos de los desplazados.
Respecto a las implicaciones que el desplazamiento forzado al interior del país genera, el experto de la CMDPDH indicó que no sólo afecta a nivel individual debido los efectos psicoemocionales y a las afectaciones físicas, ya que las víctimas en muchas ocasiones “suelen acabar heridas o incluso pierden la vida” durante el desplazamiento, o terminan en lugares no propicios para vivir, como ocurrió mientras transcurría la contingencia sanitaria de COVID-19, ya que los afectados tuvieron que acudir a albergues en donde la medidas sanitarias para evitar contagios eran muy precarias, lo que terminó impactando a su salud.
“El año pasado y antepasado con la pandemia de COVID eran doblemente vulnerables, porque acabaron en albergues que no tenían las medidas sanitarias que deberían tener para la pandemia; no podían guardar los dos metros de distancia, no había los cubrebocas suficientes”, entre otras medidas de higiene, destacó Cabada, a lo que se suman las consecuencias económicas como en el caso de los productores de mezcal en Guerrero, que fueron desplazados de su comunidad por integrantes del CJNG o como en Michoacán con los productores de limón, quienes tras abandonar de manera obligatoria sus tierras perdieron toda su producción.
PIDEN DIAGNÓSTICO DE DESPLAZADOS
Por su parte, Pardo Montaño, quien se especializa en recabar testimonios de desplazados a nivel individual o familiar, también conocidos como “gota a gota”, casos más difíciles de identificar, no sólo porque que atañen a menos personas, también porque en muchas ocasiones las víctimas prefieren el anonimato, recordó que al abandonar forzosamente sus lugares de origen, las víctimas sufren la pérdida de sus viviendas y del acceso a servicios básicos como los de salud, educación, lo que impacta a la salud psicológica y emocional de los afectados.
Sobre las acciones que podría implementar el Estado mexicano para atender esta problemática, ambos expertos coincidieron en que el paso más importante, y el primero, fue el reconocer la existencia de este fenómeno.
“El mismo reconocimiento ya es un primer paso”, dijo la Doctora Pardo. A partir de que se reconoce esta problemática “se habla más, hay mucha más información” sobre el tema, dijo por su parte Cabada.
Asimismo, los investigadores enfatizaron la importancia de que exista un diagnóstico para determinar con exactitud cuántas víctimas de desplazamiento forzado existen en el país.
“Seguimos sin saber realmente cuántas personas desplazadas hay en el país, ni de dónde, ni a dónde se fueron, lo que dificulta hacer una planeación de política pública”, comentó el integrante de la CMDPDH. Mientras que Pardo también enfatizó sobre la posibilidad de contabilizar a las víctimas, aunque recordó que los desplazados muchas veces prefieren el anonimato “precisamente porque su vida está corriendo peligro”, lo que se vuelve un obstáculo para medir el fenómeno.
“Lo primero que necesita el Estado es contar con un diagnóstico”, y a partir de ahí implementar “políticas integrales”, con estrategias de seguridad pública por si las víctimas quisieran retornar a sus hogares, lo que, dijo debe ir acompañado de políticas de prevención del crimen, así como de estrategias para que tengan acceso a los servicios de salud para que sean atendidos física y mentalmente, dijo Cabada.
Añadieron que hace falta un programa de atención integral, así como de una “una ley a nivel federal”, dijo Cabada, ya que actualmente “no se cuenta con los mecanismos institucionales que deben acompañar este reconocimiento, programas, normas, reglamentos, que de alguna manera permitan darle una real atención a la población desplazada”, comentó la Doctora Pardo, pues sólo algunos estados, como Sinaloa, han implementado políticas para atender la problemática.
AUTOR: NORA NANCY GASPAR RESENDIZ.
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