La FGR informó que la entrega se llevaría a cabo por parte de elementos del Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos, pues se cumplimentarían varias ordenes de aprehensión contra Rafael Olvera.
A través de redes sociales, la FGR informó que la entrega se llevaría a cabo por parte de elementos del Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos, pues se cumplimentarían varias ordenes de aprehensión del orden federal contra Rafael Olvera, quien defraudó a varios jubilados en el “caso Ficrea”.
“Resultado de gestiones de esta institución para la deportación de Rafael ‘N’, probable defraudador en el caso #FICREA, fue entregado hace unos minutos por autoridades del Departamento de Seguridad Interior de los #EUA”, expuso la Fiscalía en su cuenta de Twitter.
#FGRInforma | Resultado de gestiones de esta institución para la deportación de Rafael “N”, probable defraudador en el caso #FICREA, fue entregado hace unos minutos por autoridades del Departamento de Seguridad Interior de los #EUA. En breve, más información. pic.twitter.com/D6likFn47Y
— FGR México (@FGRMexico) March 2, 2022
Además, en una tarjeta informativa la dependencia agregó que en”la entrega se le cumplimentarán órdenes de aprehensión del orden federal que tiene pendientes”.
El 29 de mayo de 2019, Rafael Olvera fue detenido en Texas, Estados Unidos. En aquel entonces se informó que podría ser trasladado a México para que respondiera por el delito de fraude; cabe destacar que llevaba cinco años prófugo.
Olvera Amezcua era el principal accionista de Ficrea, entidad que en 2014 defraudó a 6 mil 800 ahorradores, con un monto de 6 mil 800 millones de pesos.
Ficrea suspendió sus operaciones el 7 de noviembre de 2014. Rafael Olvera Amezcua era el accionista principal con el 99.92 por ciento del capital de la empresa. La Sofipo tenía una cartera de crédito de 6 mil 284 millones de pesos, de los cuales, 5 mil 900 millones de pesos fueron transferidos a otras empresas.
La Sofipo dejó un total de 6 mil 800 ahorradores afectados. Eran en su mayoría gente de la tercera edad y muchos ya fallecieron.
Una de las primeras denuncias fue que la CNBV intervino hasta el 19 de diciembre de 2014, ya con toda esa cantidad dinero captada.
Rafael Olvera Amezcua, accionista principal de la financiera popular Ficrea, fue demandado ante una corte de Florida, Estados Unidos. El cargo que se le imputa es el robo de 65 millones de dólares a las personas que invirtieron sus ahorros en esa empresa.
De acuerdo con la demanda, Olvera Amezcua habría utilizado los recursos “para construir un imperio de lavado de dinero” en San Antonio, Texas, y en la península de la Florida.
La demanda identifica al empresario, quien actualmente vive en Miami, como responsable de una conspiración criminal para esconder decenas de millones de dólares que estafó en 2014 a 6 mil 800 ahorradores a través de su Sociedad Financiera Popular.
De acuerdo con autoridades mexicanas, la estafa habría implicado una suma total de 2 mil 700 millones de pesos, aproximadamente 160 millones de pesos, aunque la demanda estaría relacionada solo con 65 millones de dólares, una parte del monto total.
El acusado habría usado el dinero para adquirir unas 100 propiedades en Estados Unidos, incluyendo 26 sólo en San Antonio, entre casas e inmuebles de uso comercial. En Florida los bienes adquiridos con el dinero robado incluirían un condominio en las exclusivas Trump Towers, en la playa de Sunny Isles, cerca de Miami.
Luego de la intervención de Ficrea, se promovieron 100 juicios de amparo, pero todos se perdieron. Se le fincaron mal los delitos a Olvera porque no fue un lavado de dinero y de eso se le acusó.
Fernando González Santillana, interventor de Ficrea, en 2019 dijo que Olvera contaba con tres órdenes de aprehensión y al menos con una suspensión provisional en un juicio de amparo que impedía su detención inmediata.
Además, habría ingresado a Estados Unidos falseando documentos, por lo que se encontraba limitado a solamente estar en Florida, sin embargo, fue detenido en Texas.
En enero de 2015, la Interpol emitió una “ficha roja” para dar con su paradero por solicitud de la que entonces era denominada Procuraduría General de la República, por lo que era buscado en 190 países.
Desde el 2011, Ficrea había sido considerada como una “institución de alto riesgo”, sin embargo, la CNBV y Condusef habrían hecho caso omiso de esta alerta.
AUTOR: REDACCIÓN.
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