Este martes, madres y padres de los normalistas se presentaron ante medios de comunicación junto a Santiago Aguirre Espinosa, Director del Centro Prodh, y Vidulfo Rosales, representante legal de los familiares, para exigir que se abra una carpeta de investigación al Ejército y solicitar una pronta reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador.
En su tercera entrega, los expertos del GIEI revelaron que la Secretaría de Marina (Semar) y el Ejército mantuvieron en secreto que los estudiantes y los criminales eran vigilados en tiempo real y cuándo los jóvenes fueron atacados por policías y delincuentes la noche del 26 y 27 se septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.
“Las 43 familias estamos enojados… más bien encabronados, porque desafortunadamente nos vieron la cara durante 3 años”.
En conferencia de prensa, Mario González, familiar de los 43 normalistas, denunció que las instituciones mexicanas han jugado con ellos durante tres años. Recriminó que el gobierno los hizo firmar un decreto presidencial en el que se comprometían a entregar toda la información sobre el caso y que los hicieron ir al 27 Batallón “a sabiendas de que no íbamos a encontrar nada”.
González aseguró que toda esa escena en la que los dejaron ingresar a la zona militar del Batallón de Infantería fue únicamente con el fin de tomarse una fotografía con el encargado de Sedena. Aseguró que el reclamo actual no es respecto al actuar de instituciones pasada, si no el mal manejo del caso por parte de los mandos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quienes les prometieron llegar a la verdad.
“¿Cómo no estar enojado, si a tres años sale una información que debía haber sido entregada en su momento? ¿Cómo no estar enojado si no sabemos nada de nuestros hijos?”
María Elena Guerrero, familiar de los normalistas, aseguró que nunca creyeron posible que a tres años de este nuevo gobierno no haya aún información sobre el paradero de sus hijos. Indicó que este avance presentado por el GIEI es una oportunidad más para conocer la verdad, lograr la justicia y conseguir que se castigue a los responsables.
Asimismo, Cristina Bautista, reconoció la importancia del tercer informe y enfatizó que, a partir de esta información, se debe abrir una carpeta de investigación al Ejército mexicano. Bautista también se dirigió al mandatario mexicano y le solicitó una pronta reunión con los padres de los 43 de Ayotzinapa, pues aseguró que desde septiembre de 2021 no se ha reunido con ellos y dada la pertinencia de la nueva información, es importante librar los obstáculos que se han presentado hasta ahora.
Además de investigar al Ejército mexicano, las madres y padres de Ayotzinapa pidieron al gobierno de López Obrador ver la forma legal de llamar al expresidente Enrique Peña Nieto a declarar para resolver su participación en el caso de la desapariciones de los 43 jóvenes. Emiliano Navarrete, familiar de los normalistas, criticó que en México “los pobres no tienen justicia”, pues se vende al mejor postor, prueba de ello es la forma cómo se ha llevado a cabo la investigación de sus hijos.
Aseguró que desde la anterior administración, había motivos para sospechar y señalar al Ejército mexicano. Además, aseguró que las instituciones no le hacen caso a AMLO, pues sus representantes legales les han informado que a la fecha, a pesar de la garantía que les dio el presidente sobre el acceso a la información y pruebas, siguen los obstáculos para poder hacerlo.
“Creo que debería dejar un poco las mañaneras y enfocarse en los compromisos que ha tenido con el pueblo”.
Criticó que aún con las promesas y garantías ofrecidas por el actual gobierno, solo es en palabras donde les aseguran que harán algo, pero los los hechos “no está avanzando en nada”.
En la conferencia, Vidulfo Rosales, representante legal de los familiares de los estudiantes desaparecidos en Iguala, aseguró que existe mucha indignación ante un proceso de investigación que describió como “turbio”, el cual no ha contribuido al esclarecimiento de la verdad. Aseguró que si algo queda claro tras el tercer informe del GIEI, es que “hubo una manipulación de la escena del basurero de Cocula, esta manipulación tuvo como objetivo ensuciar el proceso de investigación y ocultar la verdad”.
Rosales señaló que fue a partir de ese montaje jurídico que el acceso a la verdad ha sido complicado, pues fue imposible poder explorar otras líneas de investigación durante, por lo menos, cinco años.
El representante legal cuestionó el motivo por el que las Fuerzas Armadas no entregaron antes toda la información. Además, negó que de la anterior administración a la actual, exista un cambio, pues aún cuando el secretario de Marina y el de la Defensa Nacional firmaron un decreto para la creación de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia, las cosas no han avanzando, pues se han negado a colaborar.
Vidulfo Rosales detalló que a pesar de la publicación del GIEI, persisten los obstáculos, pues hasta la fecha esa información que ya es pública, no se ha vertido de manera concreta a la investigación. Es decir, el Ministerio Público está teniendo dificultades para darle cauce jurídico a la información que vimos del GIEI.
“Una cosa es que se le entregue al GIEI y otra que ya se hagan diligencias concretas para fincar responsabilidad”.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
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