El Órgano Interno de Control (OIC) del IMSS, que depende de la SFP, inició el expediente 2021/IMSS/DE7440, de acuerdo con información obtenida por Animal Político mediante solicitudes de Transparencia enviadas a varias dependencias federales, estatales y municipales.
Fuentes del IMSS aseguraron que la indagatoria del OIC fue abierta a petición del propio director del Instituto, Zoé Robledo.
Las investigaciones de la SFP buscan determinar responsabilidades administrativas de servidores públicos, y son independientes de las dos indagatorias penales iniciadas por la Fiscalía General de la República (FGR) por los posibles delitos de homicidio culposo, corrupción y negligencia.
“Se hace del conocimiento que se llevan a cabo líneas de investigación con motivo del expediente administrativo 2021/IMSS/DE7440, mismo que se radicó el 9 de septiembre de 2021, derivado de las notas periodísticas de fechas 8 y 9 de septiembre de 2021 en las que, en su generalidad, denunciaron el fallecimiento de pacientes internados en el Hospital General de Zona con Medicina Familiar Número 5 Tula del Instituto Mexicano del Seguro Social, debido a que no fueron desalojados los pacientes, no obstante que, de acuerdo a las notas en cita, existió una advertencia de la intensidad de las lluvias y desbordamiento de la Presa Endhó y Río Tula, según reportes de Conagua. Lo anterior, para determinar si existió́ falta de probidad en el actuar de los servidores públicos adscritos al Instituto Mexicano del Seguro Social y estar en posibilidades de contar con los elementos necesarios que acrediten una presunta responsabilidad administrativa”, indicó la SFP en respuesta a una solicitud de información.
Además de la indagatoria del OIC, el IMSS abrió otros dos expedientes internos el 24 y el 29 de septiembre a través de la División de Investigaciones Laborales, Amparos y Juicios Foráneos de la Coordinación Laboral de la Dirección Jurídica en contra de 71 funcionarios públicos. Dichos procedimientos ya fueron concluidos, pero el Instituto no reportó a este medio a qué conclusiones o resoluciones llegó ni qué cauce legal dio a los expedientes, con el argumento de que se trata de un caso aún en investigación.
El Ayuntamiento de Tula, por su parte, también informó del inicio de una indagatoria a través de la Contraloría Interna Municipal “para determinar si existe o no responsabilidad administrativa en contra de quien o quienes resulten responsables por los hechos ocurridos el pasado 6 de septiembre de 2021”. Los resultados no fueron reportados debido a que la investigación también continuaba en integración.
Este medio también envió una solicitud de información al Gobierno de Hidalgo para cuestionarle si inició investigaciones en contra de funcionarios estatales, pero no contestó el requerimiento, por lo que se promovió un recurso de revisión por su falta de respuesta.
Descartan indagar negligencia en Conagua, Protección Civil y Sacmex
La Secretaría de la Función Pública (SFP) descartó el inicio de indagatorias para investigar responsabilidades administrativas en la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a la que está adscrita la Coordinación Nacional de Protección Civil, no obstante que dichas instancias también estuvieron involucradas en la operación del drenaje metropolitano el 6 y 7 de septiembre que produjo la inundación de Tula.
El Gobierno de la CDMX también descartó sanciones a funcionarios capitalinos. Mediante respuestas a solicitudes de información, la Secretaría de la Contraloría General precisó que no existen investigaciones en su Dirección de Atención a Denuncias e Investigación, y tampoco en el Órgano Interno de Control de la Secretaría del Medio Ambiente, de la que depende el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex).
Animal Político dio a conocer dos investigaciones que revelaron que la inundación de Tula y la muerte de 14 pacientes del IMSS el 6 y 7 de septiembre de 2021 no se debió a la ocurrencia de lluvias atípicas, sino a decisiones y omisiones de servidores públicos de varias instituciones y de los tres niveles de gobierno.
Se documentó que, al momento en que transcurría la inundación, el personal médico y de intendencia del Hospital General de Zona Número 5 en Tula urgió auxilio tanto a las autoridades de la delegación del IMSS en Hidalgo como al Ayuntamiento de Tula y al gobierno estatal a través del 911.
Ninguna de esas autoridades acudió al llamado de los médicos, quienes, dejados a su suerte, tuvieron que maniobrar en medio de la inundación para cambiar de piso a varios pacientes con Covid grave que dependían de respiradores mecánicos. El personal del IMSS logró rescatar a decenas de pacientes, pero otros 14 fallecieron por falta de oxígeno, debido a que el agua afectó la planta de energía del hospital.
Este medio revisó documentación oficial que demuestra que tanto Conagua como el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex) y la Comisión de Aguas del Estado de México (CAEM) decidieron activar el Protocolo de Operación Hidráulica y expulsar aguas pluviales y negras hacia Tula para evitar inundaciones en la Ciudad de México.
Ni el IMSS ni la población de Tula fueron alertados por parte de Protección Civil de que las aguas enviadas desde la CDMX superaban la capacidad del río Tula, amén de que –contraviniendo protocolos oficiales de operación– las presas que conforman el sistema de regulación hidrológica de Tula estaban llenas más allá de su capacidad.
Además, el actual gobierno federal no efectuó las medidas de ampliación y corrección del río Tula recomendadas por la Secretaría de Medio Ambiente (Semarnat) desde 2017 para que su cauce soportara las aguas enviadas por la CDMX mediante sus túneles emisores.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ZEDRYK RAZIEL.
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