July Raquel Flores fue detenida en noviembre de 2020 como presunta copartícipe del homicidio de la rectora de la Universidad Valladolid en Xalapa, Veracruz. Sin embargo, la mujer denunció que durante su traslado de la Ciudad de México al penal de Pacho Viejo, en la capital veracruzana, fue torturada sexualmente por elementos de la Fiscalía que ahora se opone a publicitar las audiencias.
El pasado 10 de febrero, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) acreditó que, en efecto, July Raquel fue “objeto de diversos actos de tortura, a través de agresiones físicas, psicológicas y sexuales” para tratar de que aceptara su incriminación en el caso. Motivo por el que emitió la recomendación 51VG/2022 por violaciones graves a derechos humanos en contra del Gobierno de Veracruz y de la Fiscalía veracruzana, misma que no fue aceptada por su gobernador, Cuitláhuac García, ni por la Fiscalía, al considerarla infundada.
En este contexto, luego de que July Raquel lleve más de un año en prisión preventiva, el pasado 22 de marzo inició la fase de juicio oral en los juzgados de Pacho Viejo.
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, que acompaña como asesora legal a July, y Animal Político, que ha publicado las inconsistencias en la acusación de la Fiscalía contra la mujer, hicieron por escrito y por separado una solicitud al Poder Judicial de Veracruz para que el juez Francisco Reyes Contreras autorizara el acceso a las audiencias públicas del juicio oral.
Melissa Zamora, abogada del Centro Pro, explicó en entrevista que la oficial del Juzgado de Pacho Viejo, en Xalapa, donde se lleva a cabo la audiencia desde el pasado 22 de marzo, le entregó un oficio en el que se notifica la negativa al acceso a esta organización civil. En ese mismo oficio también se manifiesta la negativa para que este medio pueda acceder para informar de lo que acontezca en estas audiencias.
En el oficio, el juez argumenta que consultó a las fiscales del caso y que estas negaron el acceso señalando que dentro del caso de July Raquel existen investigaciones en contra de otras personas por los mismos hechos, y que dar acceso al público al juicio oral podría poner en riesgo dichas investigaciones.
El juez le dio la razón a la Fiscalía y decretó que las audiencias se lleven a cabo a puerta cerrada. Incluso, ante el argumento expuesto por el Centro Pro de que se trata de un caso de interés público puesto que la mujer fue víctima de tortura sexual y que debe analizarse el impacto de estos actos en el proceso, el juez alegó que esos presuntos hechos de tortura son ajenos al presente juicio oral.
“Nos parece importante enfatizar que esta justificación no va acorde con lo que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales, en cuanto a las excepciones que existen al principio de publicidad”, expuso la abogada Melissa Zamora, que detalló que entre esas excepciones está que una audiencia no será pública cuando pueda haber una afectación a la integridad de algunas de las partes; que pueda afectar a la seguridad pública o nacional; que pueda afectar al interés superior de los niños y niñas; o que pueda poner en peligro algún secreto oficial.
“No estamos en ninguno de esos supuestos”, recalcó la abogada, que señaló que con esta decisión del juzgado “se está vulnerando el principio de publicidad, que es una garantía que permite a la sociedad verificar que las autoridades actúen conforme a derecho”.
“Al cerrar esta posibilidad —agregó— hay una opacidad judicial, que es lo que permite que existan posibles o eventuales irregularidades en el proceso de July”.
Además, la abogada consideró que la decisión del juez “evidencia que no hay un trato igual a las dos partes. El Poder Judicial concedió la petición de la Fiscalía sin consultar ni escuchar a la parte acusada, a July. Y esta respuesta visibiliza cómo el Poder Judicial, que debería ser independiente y garantizar igualdad entre las partes, se mostró acorde a la Fiscalía, y eso es grave”.
Un caso con muchas inconsistencias
En febrero de 2021, Animal Político publicó un reportaje sobre el caso de July Raquel, en el que se documentó que la mujer fue detenida el 6 de noviembre de 2020 de manera arbitraria por agentes ministeriales cuando transitaba junto a su esposo e hijos por una calle de la alcaldía Álvaro Obregón.
En entrevista telefónica, July Raquel narró las agresiones de las que fue objeto durante más de 7 horas de trayecto de la capital mexicana a Pacho Viejo, donde, con todo y las agresiones sexuales y la tortura, que ahora también acreditó la CNDH, fue presentada ante un juez.
Ante la imposibilidad de contar en ese momento con un abogado privado, July Raquel optó por no declarar nada sobre la tortura a petición del abogado de oficio que le asignaron. Como resultado, July fue vinculada a proceso de inmediato y fue puesta en prisión preventiva, donde continúa presa.
Además de las agresiones sexuales y la tortura, Animal Político documentó que July fue detenida y encarcelada a pesar de que existen múltiples lagunas e inconsistencias en la investigación de la Fiscalía veracruzana.
Por ejemplo, la familia y la defensa de July Raquel, encabezada por el abogado privado Rodolfo René Paratte, presentaron a este medio pruebas que acreditan que el día del homicidio de la rectora, la mujer se encontraba haciendo labores de jardinería en un kínder en el Estado de México, a más de 300 kilómetros del lugar de los hechos. Incluso, hay testimonios que así lo declararon, copia del depósito que la dueña del kínder le hizo ese día por sus trabajos, y copia de los chats que July mantuvo ese día con la propietaria del kínder.
La principal apuesta de la Fiscalía en el caso es un contrato de compra-venta del coche que se utilizó para cometer el homicidio de la rectora, y que July utilizaba para trabajar como chofer de Uber. En el expediente del caso figura una copia de un contrato que supuestamente acreditaría que el dueño del coche le vendió el carro a July Raquel antes del homicidio. Sin embargo, se trata de una copia simple, de las que se pueden bajar de Internet, en donde, además, la firma no coincide con la plasmada por July en su documentación oficial.
“En la carpeta de investigación no viene ningún contrato original de la compra del coche porque, sencillamente, no existe ese contrato. Solo hay una copia simple firmada con una rúbrica falsa”, dijo el abogado de July, Rodolfo René Paratte.
Otra de las pruebas de la Fiscalía para sostener que July Raquel fue copartícipe en el homicidio de la rectora son las imágenes de video captadas por una cámara de una tienda de autoservicio próxima a la Universidad Valladolid, donde se cometió el asesinato.
En el video, al que este medio tuvo acceso y guarda copia, se aprecia una mujer de pelo oscuro a media altura y con la mitad del rostro oculto tras un cubrebocas. La mujer, que trae los brazos completamente descubiertos, no luce ningún tatuaje en sus brazos. July, en cambio, tiene hasta nueve tatuajes, cuatro de ellos plenamente visibles en brazos, antebrazos y muñecas.
Aun así, la Fiscalía sostiene que la mujer del video es July.
Además de July Raquel, a finales de noviembre del año pasado la Fiscalía también detuvo a su hermano, Alberto Flores Garfias, quien también denunció que fue víctima de tortura a manos de agentes ministeriales, tal y como Animal Político publicó en esta nota.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: MANU URESTE.
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