A través de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE), el organismo regional alertó sobre “la normalización y profundización de la violencia contra periodistas en México”, luego de que en las primeras diez semanas de este año, recibiera información de ocho asesinatos de profesionistas “ por motivos que podrían estar relacionados con el ejercicio de la función periodística”.
Tras enlistar a las víctimas de los últimos tres meses, la RELE recordó que en 2021 registró diez crímenes contra periodistas en México, la oficina especializada advirtió que “ha recibido información sobre recurrentes señalamientos de estigmatización contra la prensa por parte de funcionarios públicos federales y locales".
En un comunicado, la RELE “observa con particular preocupación el recrudecimiento de la violencia contra periodistas en México, y reitera que este tipo de ataques vulnera la libertad de expresión tanto en su dimensión individual como colectiva, ya que afecta el derecho de la sociedad a estar informada, y no pueden ser tolerados en una sociedad democrática”.
Ante “la crisis de violencia que actualmente enfrenta la prensa en México”, la RELE valoró como importantes los esfuerzos de autoridades de la Subsecretaría de Derechos Humanos para crear un Sistema Nacional de Prevención y Protección para Personas defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, así como la inversión de mil 200 millones de pesos al mecanismo de protección vigente y el convenio de capacitación acordado con la UNESCO, para la capacitación de funcionarios públicos de diversos órdenes de gobierno.
La Relatoría consideró que, ante “un momento crítico para las garantías a la libertad de prensa”, em México se requieren “recursos humanos y financieros destinados al mecanismo de protección vigente no han sido eficaces para evitar el asesinato de periodistas”.
La RELE destacó que los proyectos gubernamentales de “ajustes estructurales al sistema de protección” y la capacitación a funcionarios, “están lamentablemente desfasados temporalmente con respecto a la urgencia de la situación”, en tanto que “los mensajes de rechazo oficial a la violencia letal contra la prensa se mezclan y se confunden en tiempo y espacio con mensajes oficiales estigmatizantes que se enmarcan en una compleja y sostenida pugna de las autoridades federales sobre periodistas y medios de comunicación”.
Para la RELE, “la relevancia que asignan las autoridades a su conflicto con la prensa inevitablemente opaca los mensajes de rechazo a la violencia que han emitido, generando que piérdan la contundencia, convicción y nitidez que deberían tener en este momento”.
La Relatoría admitió que la vocería del presidente Andrés Manuel López Obrador envió una comunicación en la que “condena” la violencia contra los periodistas, “exige” el esclarecimiento de los hechos y sanción a los responsables, así como considera que la violencia contra la prensa es “una afrenta a la sociedad”, por lo que hizo un llamado a los servidores públicos de los tres órdenes de gobierno a proteger “la vida e integridad de los periodistas”, al tiempo que reconoció “la obligación del Estado frente a la libertad de expresión y el pluralismo”.
Sin embargo, la RELE consideró que “los esfuerzos institucionales actuales se encuentran desarticulados, en ocasiones son contradictorios, y sumados resultan insuficientes para contener el fenómeno de violencia contra la prensa que actualmente representa una de las principales amenazas a la libertad de expresión en México”-
Ante ese escenario, la RELE llamó al Estado “a tomar con urgencia medidas complementarias a las ya anunciadas, que puedan activa en el corto plazo y orientadas a fortalecer el despliegue institucional en los distintos niveles de autoridad y competencia”.
Insistió en convocar a las autoridades “a reconocer desde las más altas esferas del Estado la legitimidad y el valor del trabajo de las y los periodistas y a repudiar en todo momento los delitos perpetrados en su contra”.
La oficina especializada de la CIDH insistió en señalar que persiste “la fragilidad en las garantías a la libertad de expresión en México”, por lo que recordó al Estado “que quienes ostentan posiciones de liderazgo público están llamados a mantener un discurso favorable a la deliberación pública, y a abstenerse de realizar discursos que puedan, directa o indirectamente, alentar o promover violencias contra personas comunicadoras y periodistas”.
En su pronunciamiento, la RELE condenó la violencia contra la prensa, “sin distingos del país en donde ocurran”, por lo que invitó a las autoridades a recibir estos mensajes “en el marco del diálogo inherente a la observación en materia de derechos humanos y como muestra de un genuino compromiso de la comunidad internacional para contribuir al crese de la violencia contra la prensa como un objetivo común”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.
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