Se trata de la colocación de bonos bursátiles por 950 millones de pesos de recursos públicos, autorizada por René Gavira Segreste, exdirector de la Unidad de Administración y Finanzas de Segalmex y Liconsa. De acuerdo con las indagatorias de la Fiscalía Anticorrupción, si los bonos aumentaban su valor, las ganancias eran transferidas a Gavira, mientras que las pérdidas eran absorbidas por las empresas paraestatales.
Aunque Gavira es el principal imputado, la fiscalía apunta a más cómplices del delito dentro y fuera de Segalmex, desde funcionarios hasta socios de empresas. Además, durante las investigaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), una vez fuera del cargo, Gavira aseguró que el director de Segalmex, Ignacio Ovalle, le ordenó hacer dichas inversiones bursátiles, aunque no presentó pruebas de ello.
Este caso derivó de la denuncia de la Unidad Jurídica de Liconsa del 16 de abril de 2021, más otras pruebas ofrecidas por la ASF, por las que la Fiscalía Anticorrupción inició una carpeta de investigación y ha conseguido pruebas suficientes para presentar dicho caso ante un juez federal por los delitos de lavado de dinero y ejercicio indebido de la función pública, confirmaron fuentes ministeriales a Animal Político.
La fiscalía también sigue investigando la veintena de denuncias presentadas por la ASF y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a través de la Procuraduría Fiscal, por diversas irregularidades como el presunto desvío de 811 millones de pesos de recursos de Liconsa, que fueron pagados a empresas sin que estas entregaran los bienes contratados.
Los pagos que están bajo investigación se justificaron mediante convenios o contratos de coproducción y venta de leche y productos lácteos, los cuales fueron asignados por Gavira.
Con información de la ASF, la FGR detectó que los contratos fueron adjudicados de manera directa con múltiples irregularidades, por ejemplo, que el objeto social de algunas empresas estaba relacionado con los bienes raíces o el desarrollo de software, o bien, que carecían de infraestructura y subcontrataron a otras compañías.
Acusado señala al director Ovalle
En la revisión de la Cuenta Pública de 2020, la ASF documentó que Gavira, exdirector de la Unidad de Administración y Finanzas de Segalmex y Liconsa, efectuó entre 2019 y 2020 inversiones bursátiles ilegales con recursos del presupuesto de esas instituciones por un monto de 950 millones de pesos y, además, “extravió” rendimientos por un monto de 10.6 millones.
Del total de las inversiones de capital autorizadas por el exdirector, 850 millones de pesos provinieron del gasto de Liconsa y otros 100 millones del presupuesto de Segalmex, lo que violó los “Lineamientos para el manejo de las disponibilidades financieras de las entidades paraestatales”, pues ambas instituciones perdieron el control directo sobre el dinero invertido, según estableció la ASF en las auditorías de cumplimiento 330-DE y 327-DE, efectuadas a Liconsa y Segalmex como parte de la revisión de la Cuenta Pública 2020.
El 20 de julio de 2018, se firmó un Contrato de Intermediación Bursátil entre Liconsa y CI Casa de Bolsa, SA de CV, para que esta institución bancaria comprara, vendiera y administrara certificados bursátiles en representación de la paraestatal. El 11 de febrero de 2020, se firmó un contrato semejante para Segalmex.
El pago de las inversiones de Liconsa se garantizó con el patrimonio del Fideicomiso Irrevocable de Administración y Pago No. CIB/350, suscrito el 27 de julio entre CI Casa de Bolsa, que quedó como fiduciaria, y la empresa Financiera Corafi, SA de CV, designada fideicomitente. Dicha Sociedad Financiera de Objeto Múltiple (Sofom) también es investigada por presuntas operaciones de lavado de dinero.
Tras la salida de Gavira de Segalmex, en junio de 2020, la dependencia detectó el desfalco con los certificados bursátiles e inició gestiones para intentar recuperar las inversiones ilegales.
El encargado de estas gestiones fue el sucesor de Gavira en la dirección de Administración y Finanzas, Jesús Óscar Navarro Gárate, por instrucciones del director general de Segalmex, Ignacio Ovalle, según declaró el nuevo director al grupo de auditores de la ASF.
El nuevo director de Administración declaró que, al tener conocimiento de las inversiones bursátiles ilegales, dio parte a la Unidad Jurídica y se puso en contacto con personal de CI Casa de Bolsa, para tramitar la recuperación de recursos hasta por 850 millones de pesos en certificados bursátiles fiduciarios.
El 19 de marzo de 2021, se firmó un Convenio de Reconocimiento de Adeudo de Corafi Asesores Ejecutivos, SA de CV, en su calidad de deudor, en favor de Liconsa y Segalmex, en su carácter de acreedores, suscrito entre el representante legal de Corafi y el director de Asuntos Jurídicos de Liconsa.
Derivado de ese acuerdo, Liconsa recuperó directamente en sus cuentas bancarias 855 millones 225 mil pesos entre septiembre de 2020 y enero de 2022, mientras que Segalmex recuperó los 100 millones de pesos invertidos.
Aunque se retornó la totalidad de las inversiones, los informes de la ASF no dan cuenta de que se hayan recibido a las cuentas de las paraestatales los 10.6 millones de pesos en rendimientos que “se extraviaron”.
Navarro Gárate sostuvo que su antecesor, Gavira, “actuó por su propia iniciativa, sin autorización alguna”, para efectuar las inversiones bursátiles. No obstante, el propio Gavira declaró al equipo auditor que quien le dio la orden de efectuar las inversiones fue precisamente Ovalle, aunque no presentó pruebas de ello. Los dichos de Gavira se dieron en octubre de 2021, cuando este ya no trabajaba en Segalmex.
“El director general (…) autorizó las compras de Certificados Bursátiles Fiduciarios Privados; no recuerdo el documento con el cual recibí esta autorización, pero recuerdo que verbalmente sí se autorizó”, aseguró. Cuando el grupo de auditores le cuestionó por qué ordenó destinar recursos públicos a las operaciones bursátiles, Gavira respondió que no recordaba la razón.
“No me acuerdo, yo seguí la sugerencia de mi tesorero, que estaba fundada en la inercia de empresas privadas que traían las inversiones anteriores en la compra, y por lo que sugirió CI Casa de Bolsa, mi asesora financiera”, comentó. El equipo de la ASF cuestionó al subdirector de Tesorería General de Liconsa sobre la aseveración de Gavira; el funcionario dijo que eso era “totalmente falso”.
El extitular de Administración y Finanzas también dijo que el Comité Central de Inversiones y Operaciones Bancarias “autorizó en cada caso las posteriores colocaciones de recursos”. No obstante, la Tesorería General aseguró que Gavira decidió y autorizó las inversiones bursátiles previo a que dichos movimientos se hicieran del conocimiento del comité.
Desde 2020, Gavira y su círculo de familiares era investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que detectó que los ingresos del exfuncionario no correspondían con sus declaraciones patrimoniales y fiscales, de acuerdo con una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. En tanto, la Sofom Corafi es investigada por autoridades de la SHCP y la FGR por lavado de dinero y fraude fiscal.
El “extravío” de 10.6 mdp
Gavira firmó un convenio modificatorio al Contrato de Intermediación Bursátil entre Liconsa y CI Casa de Bolsa el 25 de febrero de 2019, y, ese mismo día, ordenó la primera compra de Certificados Bursátiles Fiduciarios Privados.
La ASF reunió evidencia de las cartas de instrucción a CI Casa de Bolsa mediante las cuales el entonces director de Administración y Finanzas ordenó la compra de capital por diversos montos —que suman 950 millones de pesos— entre febrero de 2019 y junio de 2020.
En dichas cartas, se estableció que los rendimientos por las inversiones bursátiles serían de una tasa fija anual del 11% y que se depositarían semestralmente a las cuentas de Liconsa y Segalmex. La última orden de compra de certificados se efectuó el 25 de junio y, cinco días después, Gavira fue removido del cargo.
La ASF señaló que, de una de las órdenes de inversión por un monto de 200 millones de pesos, no se acreditó el retorno de los rendimientos generados por 10 millones 633.3 mil pesos, mismos que debían ser depositados a Liconsa el 10 de diciembre de 2020.
“El equipo auditor identificó que, al 31 de diciembre de 2020, no se acreditó el pago de los rendimientos correspondientes a la compra de Certificados Bursátiles Fiduciarios Privados con clave de emisión CI350CB serie 19-6, los cuales, de acuerdo al estado de cuenta de Liconsa, SA de CV, de custodia internacional BBVA Bancomer, SA, Institución de Banca Múltiple con número de cuenta terminación *635, tenían como fecha de amortización el 10 de diciembre de 2020, sin que Liconsa llevara el seguimiento de los mismos”, concluyó la ASF.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ZEDRYK RAZIEL, NAYELI ROLDÁN.
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