La comunidad de Arantepacua presentó una denuncia penal contra el exgobernador Silvano Aureoles por la ejecución extrajudicial de cuatro personas, 10 casos de tortura, entre otras agresiones, sin embargo, informaron que al momento en que la FGR descartó atraer la investigación del caso, también se desechó la denuncia.
Activistas y habitantes de la comunidad denunciaron que los días 4 y 5 de abril de 2017 esta comunidad “fue atacada por órdenes del exgobernador Silvano Aureoles y del actual Fiscal del estado Adrián López Solís”, quien al momento de los hechos se desempeñaba como Secretario de Gobierno.
Por estos hechos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) determinó en la Recomendación 42 VG/2020 que el saldo que dejó la agresión fue de cuatro ejecuciones extrajudiciales, al menos casos de tortura, 38 casos de tratos crueles e inhumanos, 48 detenciones arbitrarias y más de mil víctimas.
La investigación fue abierta por la Fiscalía General de Justicia en Michoacán, sin embargo, en mayo de 2021 la comunidad pidió que la Fiscalía General de la República atrajera la indagatoria, ya que el hecho de que la autoridad local fuera la encargada de la investigación los dejaba en desventaja, porque, señalaron, la Fiscalía local estaría investigándose a sí misma.
No obstante, el pasado 10 de marzo la comunidad fue notificada que la FGR determinó no ejercer la facultad de atracción del caso. A decir de los pobladores, la dependencia federal consideró que no tenía “trascendencia política ni social que el gobierno de Silvano Aureoles haya atacado nuestra comunidad indígena”. Asimismo, dijeron que “la FGR sostiene que la impunidad es culpa de las víctimas”.
“La competencia Federal queda debidamente establecida en el artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en el que se establece cuáles son los delitos en los que interviene la federación, así como sus excepciones, y para los efectos de ejercer la facultad de atracción deberá considerarse las características especiales del asunto de que se trate, es decir la importancia y trascendencia del mismo y para el caso en particular y de las constancias con las que cuenta esta Unidad Especializada no se advierte que surta la competencia de la Fiscalía General de la República, es decir, no así en la posible afectación o alteración de valores sociales, políticos o en general de convivencia, bienestar o estabilidad del Estado mexicano, que derive una complejidad sistémica que presentan algunos asuntos por su independencia jurídica o procesal”, son los argumentos que la FGR presentó para no atraer el caso.
Además, la comunidad denunció que la instancia federal los revictimizó al culparlos a ellos de la falta de avance en las investigaciones, pues indicaron que en la argumentación para no atraer el caso, la FGR señaló:
“Por otro lado, de las constancias que obran en las carpetas de investigación de referencia no se observa que los denunciantes o las víctimas acudan a imponerse de actuaciones, más aún, se desprende que no han permitido a las autoridades locales realizar las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos, así mismo y en el caso de que las autoridades investigadoras no realizaran las diligencias pertinentes, se somete a su consideración, acudir a las instancias judiciales correspondientes para que el Agente del Ministerio Público bajo la tutela del juez de control realice las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos”.
SinEmbargo consultó a la FGR para conocer su postura ante los señalamientos hechos por la comunidad de Arantepacua, pero hasta el cierre de esta edición no tuvo respuesta.
Oscar Jiménez, consejero de la comunidad de Arantepacua, indicó en entrevista con SinEmbargo que cómo pueblos indígenas han tratado de tocar cada puerta y acudir a diferentes instancias para que efectivamente se haga justicia, pero sólo han sido excluidos.
“Nosotros como comuneros nos sentimos decepcionados siendo que México es uno de los países que ha firmado los acuerdos internacionales, como pueblos indígenas nos están excluyendo de esta parte de la justicia. Nosotros nos sentimos…, no defraudados porque ya sabíamos que esto iba a ocurrir, sabemos de antemano que en México la educación, la salud y la justicia son para quienes la pueden pagar y la justicia ni se diga”, señaló.
Elisa Crisóstomo, viuda de José Carlos Jiménez Crisóstomo, una de las víctimas mortales, lamentó la decisión de la FGR, la cual, dijo, deja no sólo “un mal sabor de boca” para quienes esperaban que otra instancia investigara las violaciones de derechos humanos en el lugar, sino a una comunidad en la indefensión, dijo.
“Se siente mucha impotencia. Nosotros esperamos una respuesta favorable y lo que más duele es nos están culpando (que obstaculizan la investigación local). Nosotros lo que pedimos es justicia y castigo a los culpables, no pedimos nada más, que ellos”, comentó a SinEmbargo.
Anita Soria Santiago Crisanto Luna, viuda de Santiago Crisanto, otra de las víctimas de ejecución extrajudicial reprochó que a casi cinco años de los hechos, éstos sigan sin castigo.
“Yo sólo quiero justicia, que se castigue a los culpables”, comentó.
En tanto, Oscar Jiménez explicó que en el año 2017 la policía de mando único de Michoacán y el Ejército incursionaron a la comunidad de Arantepacua sin ninguna justificación matando a cuatro comuneros, torturando a miles de familias, deteniendo a ocho; los hechos los disfrazaron, dijeron, como un presunto enfrentamiento.
“Un día antes —recordó— nos detuvieron a 38 comuneros y aun así la FGR decide no atraer el caso, diciendo que le compete al estado, pero para nosotros es necesario la atracción del caso puesto que el actual, que fue Secretario de Gobierno, sigue ahora (como Fiscal). Entonces, él mismo no se puede investigar”, dijo el comunero.
Las víctimas de los hechos lamentaron que, ante la gravedad del asunto, la FGR decidió no atraer el caso diciendo que le compete a la Fiscalía local. Oscar destacó que es necesario que la FGR atrajera la indagatoria y que se haga justicia.
“Nosotros lo que estamos exigiendo es justicia y castigo a los responsables tanto materiales como intelectuales de la masacre del 5 de abril de 2017”, abundó.
Enrique Guerrero Aviña, ex preso político y activista que acompaña a la comunidad, explicó que hicieron la solicitud de atracción con argumentos “irrefutables”, entre ellos la trascendencia política y social del caso porque dejó más de mil víctimas, documentadas en una recomendación de la CNDH.
“La trascendía política y social es más que evidente. Este hecho tuvo un impacto nacional e internacional, incluso la ONU se ha manifestado para la atracción directa de la FGR sino en solidaridad con las víctimas”, dijo.
Guerrero Aviña cuestionó que si para la FGR no es de importancia un asunto que deja más de mil víctimas, cuatro ejecuciones extrajudiciales, entonces, insistió, “¿qué lo va a hacer?”.
“Esta respuesta nos tiene muy consternados, la verdad esperábamos algo mucho más serio. Incluso en ellos contestaron con errores burocráticos elementales decidiendo que la competencia de delitos federales está en el artículo 50 de la Ley Orgánica Judicial de la Federación, cosa que es falsa; está en el 51. Pero eso nos da una idea para decir que a la FGR no le interesa el caso”.
Las víctimas indicaron que en los hechos se debe de investigar al exgobernador Silvano Aureoles por los terribles hechos, por ese motivo realizaron una denuncia penal en contra del exmandatario y a otros 46 exfuncionarios.
Sin embargo, explicó Enrique Guerrero, la FGR dijo que primero se tenía que analizar si se podía atraer o no el caso de la comunidad y con base en ello considera si era pertinente la denuncia.
“Y cómo vemos ahora (que no atraen el caso) lo consecuente es que no va atraer y investigar penalmente a Silvano. Y a nivel estatal es prácticamente un hecho que no van a investigar al exgobernador porque es sabido que el actual fiscal es muy amigo cercano del exgobernador”, detalló el activista.
AUTOR: SUGEYRY ROMINA GÁNDARA.
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