Aristegui Noticias tuvo acceso al tercer informe del grupo, integrado por Alejandro Valencia, Ángela María Buitrago, Claudia Paz y Paz, Francisco Cox y Carlos Martín Beristain, dado a conocer la mañana de este lunes en la Secretaría de Gobernación.
La llamada “versión histórica” del gobierno de Enrique Peña Nieto y la entonces Procuraduría General de la República (PGR), señalaba que los estudiantes habían sido incinerados en el basurero de Cocula y sus cenizas arrojadas al río San Juan.
Esta versión fue ampliamente desmontada por las investigaciones sobre el caso, como las del propio GIEI, que reveló que no se había registrado un incendio en Iguala el 27 de septiembre de 2014, como decía la PGR.
En su tercer informe, presentado esta mañana, el GIEI revela que analizó un video del 27 de octubre de 2014 sobre las diligencias realizadas por la Semar “hasta ahora desconocidas” y que “no constan en ninguna parte del expediente de investigación de la PGR”.
El video corresponde a una grabación de dos horas realizado por un avión no tripulado de la Marina, a las 6:39 de la mañana del 27 de octubre y en la que se pueden ver dos camionetas tipo ‘pick up’ de doble cabina de la Semar. Fue el día, precisamente, en el que se encontraron restos óseos en el sitio.
Unos minutos después aparece un grupo de cinco personas que se dirige a las camionetas estacionadas. Estos vehículos están estacionados a una distancia aproximada de 15 metros de tres bultos blancos que se encuentran en la parte alta del basurero.
“A las 6:42, las personas se acercan a la parte trasera de una de las camionetas para sacar algo, mientras otra persona se acerca los bultos blancos y se detiene junto a ellos”. Diez minutos después, una tercera camioneta llega al acceso del basurero y las personas de las dos camionetas se acercan hacia una persona que descendió del vehículo recién llegado.
“Un momento después, la aeronave comienza a sobrevolar el camino que lleva al basurero”, menciona el grupo.
A las 6:59 de la mañana, una de las camionetas de Semar bloquea la entrada del basurero. El GIEI menciona que mientras esto sucede, “no hay otras autoridades ni personas alrededor”.
“El dron se mueve entre el lugar de actividad de las camionetas, y las actividades que realiza el grupo de marinos, así como la zona donde se encuentran los tres bultos señalados. Se explora el camino de llegada, pero en ningún momento se explora el fondo del basurero o cualquier lugar alrededor. La grabación está muy enfocada en lo que están haciendo”, señalan.
A las 7:02, el grupo de marinos empieza a descender a la hondonada del basurero, la cámara pasa a modo infrarrojo y se aprecia a tres personas en la parte baja de la honda hondonada. “En los siguientes segundos, caminan sobre el lugar en donde se dijo que se quemaron los cuerpos de los estudiantes”.
En torno a las 7:27, la cámara regresa al basurero donde se ve humo blanco, debido a que se encendió una fogata en la parte media de la pendiente del basurero. El fuego se ubica aproximadamente a 8 metros de la camioneta al pie de la hondonada.
“Es significativo que los tres bultos blancos que se encontraban a doce metros de las camionetas han desaparecido”, menciona el GIEI en su informe.
A las 7:32 se aprecia que el fuego tiene dos núcleos y, poco después, a las 7:37, el fuego es apagado, lo que aumenta la columna de humo.
“Una hora y tres minutos después de haberse iniciado la grabación en el basurero, a las 7:42 a.m., un grupo de aproximadamente ocho personas regresa hacia las camionetas, sube algo en la parte trasera y sale del basurero”.
A las 8:13 llega a la zona una camioneta de la Policía Federal, que se detiene a 20 metros de la entrada del basurero, bloqueado por el vehículo de la Semar: “La persona regresa en solitario a la pick up de la Policía Federal y conduce de reversa por el camino. La aeronave lo sigue durante el trayecto”.
Es a las 8:28 de la mañana cuando llega un convoy de seis vehículos de la Procuraduría General de la República (PGR) y de la Semar, en el que se encuentra el entonces procurador Jesús Murillo Karam.
Más de cinco horas después de estos hechos, fue cuando llegaron los peritos del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).
Llama la atención al GIEI que de las actuaciones de este grupo de doce personas, presumiblemente elementos de la Secretaría de Marina, presentes en el basurero desde las 6:39 de la mañana del 27 de septiembre de 2014 y hasta la llegada del procurador Murillo Karam, no exista registro alguno ni información previa ni constancia de su realización en la averiguación e investigación del basurero de Cocula.
“La explicación dada es que la hoguera se realiza para que un dron, tripulado a distancia y que se dirige mediante coordenadas, ubique el punto de interés, ello no obstante que ya había localizado el basurero por medio de coordenadas. Poco después de lo cual los bultos que se encontraban en esa zona han desaparecido”, señala el documento.
“Mientras tanto un grupo de marinos deambula por la zona baja de la hondonada del basurero, en la zona donde se señaló posteriormente que se habría dado la hoguera y quema de los estudiantes, según la versión oficial, identificada como Zona B en el acta relacionada y donde se encontraron elementos balísticos y restos óseos”, apunta.
Señala que esta zona quedó “seriamente contaminada” luego de la presencia del personal de Marina.
Insistencia presidencial para liberar la información
El informe se basó en la documentación desclasificada obtenida por orden del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien insistió en brindarles acceso a los documentos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), de la Secretaría de Marina (Semar) y del extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), hoy Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Más de 100 horas de video fueron obtenidas tras la orden presidencial.
“Fue necesaria la intervención del presidente de la República, luego de la insistencia, en mas de una oportunidad, del GIEI, que contó con el apoyo del Subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, para acceder directamente a lo que se logró, finalmente, a partir de abril de 2021″, señaló el Grupo.
También, fruto del trabajo de coadyuvancia con la Unidad Especial para la Investigación y el Litigio del Caso Ayotzinapa (UEILCA), así como de la Comisión de la Verdad y Acceso a la Justicia (COVAJ).
Los miembros del GIEI señalaron que muchas evidencias obtenidas antes de la creación de la UEILCA fueron anuladas por haber sido obtenidas bajo tortura y otras fueron destruidas tras la salida del grupo en 2016, cuando el gobierno de Enrique Peña Nieto decidió que no continuara con su labor.
Los expertos recuerdan que la desaparición de los 43 estudiantes se dio en un contexto de “grave violencia vinculada al narcotráfico y las operaciones del crimen organizado en la zona, con la contribución esencial, sea por acción u omisión, de distintos funcionarios públicos”.
Seguimiento continuo y ‘en tiempo real’ de los estudiantes
El documento, al que Aristegui Noticias tuvo acceso, revela que los estudiantes de Ayotzinapa tuvieron un seguimiento continuo por parte del Ejército y del extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) -hoy Centro Nacional de Inteligencia (CNI)- desde 10 años antes de su desaparición, e incluso en la jornada del 26 de septiembre de 2014, cuando ésta sucedió.
También las policías Federal y Estatal dieron seguimiento a las actividades de los alumnos “en tiempo real”.
El seguimiento que se dio a los estudiantes se realizó desde la perspectiva de la contrainsurgencia, en el entendido de que los normalistas eran herederos de una tradición contestataria al Estado mexicano.
“De esta manera, en el momento de los hechos las autoridades de seguridad tenían en curso dos procesos de inteligencia, uno en seguimiento de las acciones del crimen organizado en la zona y otro sobre los estudiantes que se encontraban en preparación de la movilización del 2 de octubre a Ciudad de México”, menciona el informe.
“Por esto resulta tan difícil comprender cómo y por qué ese seguimiento cesó en horas cruciales, cuando ocurrió la desaparición forzada. Además, las evidencias de algunas interceptaciones de comunicaciones desclasificadas en 2021 de los archivos militares, muestran conversaciones que unen las dos líneas”, destaca.
“Todos esos hechos ocurrieron con conocimiento de las autoridades policiales y militares de todos los niveles en Iguala, en tiempo real”, señala el documento, desde la preparación de la toma de los camiones, su salida a Iguala, la propia toma de los autobuses, las agresiones por parte de policías municipales y con el despliegue de vehículos de distintas corporaciones y policías vestidos de negro.
No obstante, aunque los informes cesaron en las horas críticas, la documentación de inteligencia obtenida por el Grupo permiten afirmar que las autoridades militares tuvieron “información en tiempo real de los hechos de violencia que estaban ocurriendo en Iguala”.
El GIEI tuvo acceso a 57 informes de seguimiento de las actividades de los normalistas, de 2011 a 2014, durante el gobierno de Ángel Aguirre en Guerrero. “Solo en 2014 se obtuvieron 12 comunicaciones e informes de inteligencia del CISEN, que daban cuenta de las actividades de los estudiantes de Ayotzinapa, incluyendo los días anteriores y el mismo día de los hechos hasta las actividades de toma de autobuses en las afueras de Iguala”, lo que demuestra el conocimiento que las autoridades civiles y militares tenían sobre las actividades de los estudiantes.
El 22 de septiembre, la Comandancia de la 35 Zona Militar envió un informe sobre los preparativos de los estudiantes para tomar 15 autobuses que los conducirían a la Ciudad de México, para participar en la marcha conmemorativa de la masacre del 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco. Con ese nivel de detalle, el Ejército vigiló a los normalistas.
Incluso, la Comandancia pidió a los batallones desplegados en Guerrero que dieran seguimiento a las actividades de los estudiantes en su salida hacia la Ciudad de México.
Militares infiltrados en la Normal de Ayotzinapa; con ‘fachada de alumno’
¿Cómo obtenía el Ejército esta información? El GIEI señala que no solamente mediante observaciones externas o informaciones de contexto, sino “con la existencia de agentes de inteligencia que eran a su vez estudiantes de la Escuela”.
El GIEI comprobó que dentro de la Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, existían personas que formaban parte activa del Ejército Mexicano y que realizaban tareas de información: “En el momento de los hechos, al menos 3 agentes de inteligencia de Sedena estaban activos en la Escuela y en Tixla, la localidad donde esta se encuentra”.
“En algunos de dichos documentos se habla abiertamente de ‘fachada de alumno’. Ninguno de dichos reportes hacía, en ningún caso, referencia a posibles actividades ligadas al narcotráfico por parte de los estudiantes, sino de control de las actividades reivindicativas, asambleas y otras actividades desarrolladas por el alumnado”, menciona.
El informe apunta que uno de los militares infiltrados se encuentra desaparecido. También da cuenta de la existencia de al menos otro estudiante infiltrado y un tercero, ubicado en la ciudad de Tixltla y quien observó los movimientos en la escuela después de los hechos.
De acuerdo con las evidencias obtenidas, los estudiantes se desplazaron en cinco autobuses, dos pertenecientes a la Escuela y tres que habían tomado en la central camionera. Decidieron regresar urgentemente a Tixtla, donde está localizada la Normal y utilizaron diversas rutas divididas en dos grupos.
El Grupo Interdisciplinario menciona que los mandos de las diferentes corporaciones de Seguridad conocieron los disparos y las agresiones sufridas por los normalistas. También conocieron la desaparición de los estudiantes que se encontraban en un autobús ubicado frente al Palacio de Justicia en la carretera rumbo a Chilpancingo y de los que se encontraban en otro, ubicado sobre la calle Juan N. Álvarez, como ya se había establecido en los informes en 2015 y 2016.
Seguimiento al crimen organizado en el momento de la desaparición
Los mensajes desclasificados de inteligencia muestran que las autoridades tenían constancia de acciones violentas de la delincuencia organizada, particularmente del grupo criminal Guerreros Unidos, cuya finalidad era impedir que otro grupo les disputara el control de la plaza.
Dada la situación de violencia vinculada a grupos del narcotráfico, se instaló el Centro Regional de Inteligencia Centro Iguala, Guerrero, además de que se establecieron procedimientos de coordinación de las autoridades en varios niveles de gobierno.
“En seguimiento a estas actividades la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014, las autoridades militares, tenían interceptación de comunicaciones en tiempo real”, menciona el documento.
Investigaciones paralelas
Además, el GIEI documentó la existencia de actuaciones paralelas en las que participó Tomás Zerón de Lucio, ex director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).
Se realizaron “Juntas de Autoridades” en el 27 Batallón de Infantería, presididas formalmente por el comandante de la región, aunque era Zerón quien llevaba la voz cantante en las mismas.
“Posteriormente, a finales del mes de octubre estas investigaciones continuaron pero ya únicamente con la presencia de autoridades federales. Consta que se gestionaron y obtuvieron intervenciones de comunicaciones que nunca se volcaron en el expediente ni guiaron la investigación para el esclarecimiento real de los hechos”, señala.
El GIEI reveló también que, durante y posteriormente a los sucesos del 26 y 27 de septiembre de 2014, el Ejército recibió información sobre comunicaciones interceptadas, que no compartió con la investigación.
Igualmente, instruyó “procesos disciplinarios en contra de sus integrantes y realizó investigaciones cuyos resultados no compartió, ni ha compartido plenamente”.
En conclusión, consideró que la llamada “verdad histórica” fue una manera de ocultar el destino de los estudiantes mediante una versión distorsionada que daba por cerrado el caso e impedía que los estudiantes fueran realmente buscados, y en lo posible, encontrados.
“La simulación es la característica esencial de estas diligencias, que deben ser tenidas en cuenta como elementos que retrasaron el avance del caso y determinar el real paradero de los estudiantes. Asimismo, impidieron abordar líneas de investigación al realizar incluso actas falsas en donde ni siquiera estuvo presente la Ministerio Público que da fe de lo que supuestamente se encontró”, en alusión al hallazgo en el río San Juan el 28 de octubre de 2014 de una bolsa con restos óseos.
Posteriormente se supo que uno de estos perteneció al estudiante Alexander Mora Venancio y que el acta de la diligencia fue falseada, ya que los restos siempre estuvieron en la Ciudad de México en las instalaciones de la PGR.
Torturas sistemáticas
De acuerdo con el informe, las torturas a las personas detenidas en el marco de la investigación, dañaron la consistencia y la legitimidad de la misma, y pudieron provocar la pérdida de pruebas.
Señala que la UEILCA, con el apoyo de la COVAJ, logró obtener más de 60 videos que muestran “el trato degradante y violatorio de derechos humanos” de cerca de 50 detenidos.
Del análisis de estos videos, se concluye que en la investigación del caso, “la tortura fue una práctica sistemática, dirigida a obtener declaraciones en las que las personas se auto inculpaban o inculpaban a otros”.
En las torturas, participaron los titulares de las unidades de la PGR, agentes del Ministerio Público de la Federación, Policías Federales Ministeriales de la PGR, así como elementos de la Policía Federal y del CISEN.
El GIEI pide que estos hechos sean investigados de manera exhaustiva, “y se deben tomar las medidas necesarias para que no vuelvan a ocurrir”.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
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