Al actualizar el curso que sigue la demanda, la cancillería mexicana dijo en un comunicado que la Ley de Protección de Comercio Legal de Armas (PLCAA, por sus siglas en inglés) “no ofrece inmunidad alguna a las empresas de armas por daños provocados por hechos delictivos cometidos con sus armas en México“.
“La demanda civil de México contra empresas estadounidenses de armas sigue adelante”, aseveró la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
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— Relaciones Exteriores (@SRE_mx) March 15, 2022
Este es precisamente el eje de la defensa de los armeros estadounidenses, que en un recurso individual y otro colectivo pidieron al juez que instruye el caso en un tribunal de Massachussetts su sobreseimiento al alegar “falta de jurisdicción personal”.
Según ellos, la demanda de México “no tiene sentido”.
“La denuncia no menciona ni a un solo acusado que haya cometido ningún acto dañino en México”, asegura el escrito conjunto, presentado ante la justicia con fecha del 14 de marzo.
Los nueve fabricantes alegan que el gobierno mexicano está tratando de responsabilizarlos “por algo que ocurrió exclusivamente en Estados Unidos, en la teoría de que algunos de sus productos fueron introducidos de contrabando en México por criminales y utilizados en otros actos criminales” en dicho país.
“Habiendo decidido denunciar a compañías estadounidenses en tribunales estadounidenses, con base en su conducta en Estados Unidos, México no puede eludir los principios básicos de la legislación estadounidense que inexorablemente requiere el sobreseimiento de todas las reclamaciones contra los acusados”, sostienen.
Para los acusados, este caso incumbe directamente a la legislación interna que protege a los fabricantes de armas estadounidenses y no es “extraterritorial”, independientemente de la fuente de las demandas de los denunciantes.
El gobierno mexicano presentó el 4 de agosto de 2021 ante un tribunal de Massachusetts una demanda contra once fabricantes de armas, a los que acusa de prácticas “negligentes” que facilitan su contrabando a México, sumido desde hace 15 años en una ola de violencia ligada al narcotráfico.
El pasado 31 de enero, México presentó su respuesta a la réplica de las armerías estadounidenses, que a su vez tenían plazo hasta este 14 de marzo para su contraréplica.
La cancillería estima que desde Estados Unidos entran de manera ilegal más de medio millón de armas anualmente.
Desde diciembre de 2006, cuando el gobierno lanzó un operativo militar antidrogas, las muertes violentas suman más de 340 mil, según cifras oficiales que atribuyen la mayoría de los asesinatos a la criminalidad.
En total, 26 fiscales de distrito estadounidenses, además de Belice y Barbuda y catorce estados, se han adherido al recurso como amicus curiae (amigos de la corte) para pedir al tribunal que prosiga con el caso, al alegar que las armas que se trafican en México acaban en las calles de Estados Unidos junto con grandes cantidades de drogas ilegales.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO/AFP.
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